Legalidad y democracia

Sábado 20 de octubre de 2007

Renuncio a someterme a la benevolencia de quien comparte conmigo deberes y derechos con la legitimidad de las urnas. No  entro en el juego perverso de quien me impone a su albedrío el qué, el cómo y el cuándo, a cambio de silencio (más o menos complaciente) o de miserables triunfos personales.

Construir el Estado de Derecho fue un árduo trabajo. Dotarnos de las garantías constitucionales que nos acogen fue fruto de la generosidad, del respeto y de la vocación pacificadora de una gran mayoría.

Debatir, reflexionar, acordar y aceptar los principios democráticos en los que se enmarcan nuestras obligaciones y nuestros derechos fue una labor encomiable, no sólo de quienes pensaron y redactaron la Carta Magna, sino de centenares de miles de hombres y mujeres de grandeza admirable que renunciaron a parte de sus creencias para devolverle a España la dignidad que le había sido arrebatada.

La forma es el fondo (afortunadamente), he afirmado en más de una ocasión. Y lo es.

 Conculcar los principios de la legalidad establecida, desatender con premeditación las obligaciones que sustentan el sistema democrático o difuminar alevosamente el límite entre la Ley y el libre albedrío, es poner en grave peligro el andamiaje que nos cobija a todos por igual.

Pasar por alto todo esto y defenderlo con la intención -bendita, en ocasiones; e ingenua, en otras- de seguir avanzando pese a todo, es un error de dimensiones incalculables. Para esta generación, y para las que nos sucederán.

 

Seamos sensatos y actuemos con la valentía que nos concede la democracia. Sin excepciones.