Martes 21 de febrero de 2012
Hace unos días escribí una entrada titulada “Ahora, ¿quién se lo explica a la gente?” , un artículo de opinión que también había sido publicado en “El periódico de aquí”.
Las limitaciones a las que nos obliga a los ayuntamientos el Real Decreto-Ley 20/2011 del gobierno central, requieren de imaginación y de voluntad para buscar soluciones. Desde su publicación, busco el modo de sortear los obstáculos incomprensibles que me impiden dotar del personal necesario para mantener los servicios municipales que existen (nueva Escuela Infantil, Servicios sociales, brigada de mantenimiento y jardinería, etc.), y conseguir sacar adelante un plan municipal de empleo dirigido a las personas más desfavorecidas.
Porque, ¿cómo es posible que el gobierno central me permita contratar a una empresa para resolver los servicios municipales y, sin embargo, me impida contratar a personas para hacerlo.?
Porque, ¿cómo es posible que el gobierno central no haya previsto en ese Real Decreto-Ley que todos los ayuntamientos no somos iguales si cada uno nos las tenemos que ver con lo que tenemos y con la irresponsabilidad de quienes nos precedieron?
Porque, ¿cómo es posible que los altos funcionarios (con habilitación estatal) que han de aconsejar legalmente acerca de cómo podemos resolver el grave problema que nos causa ese Real Decreto-Ley no coincidan en una interpretación única y eficaz para todos los ayuntamientos. ?
Hoy el alcalde de Massanassa (noticia publicada en el diario Levante-emv, edición de l’Horta de hoy página 16) parece haber leído mis preocupaciones y coincide absolutamente con mis reflexiones.
1. La soluciones existen pero es necesaria la colaboración y la voluntad de los funcionarios habilitados para ello.
2. Es injusto que el Gobierno central nos haya cortado a todos los ayuntamientos por el mismo patrón
3. No tiene ningún sentido que el Gobierno nos permita a los ayuntamientos contratar a empresas y nos impida contratar a personas de nuestros municipios que necesitan un trabajo
El alcalde de Massanassa ha logrado sacar adelante un plan especial de empleo municipal con la colaboración y la voluntad de los funcionarios habilitados legalmente para ello.
El Real Decreto-Ley nos afecta por igual a él y a mí. La diferencia estriba en que la “interpretación legal” de ese maldito Real Decreto-Ley depende de funcionarios que siguen sin aunar sus criterios, y que la imaginación que ponemos los políticos para resolver los problemas choca de frente con la variopinta disposición que esos mismos funcionarios muestran en cada uno de los ayuntamientos en los que prestan sus servicios.
Las ideas que aportamos algunos políticos para solucionar los problemas urgentes que afectan a las personas deben tener sus límites en la legalidad, ¡totalmente de acuerdo!… pero no es posible que los límites sean inexplicables según cual sea el municipio en las que se plantean.
Al alcalde de Massanassa, mi enhorabuena… yo seguiré trabajando por conseguirlo.
2 comentarios
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23 febrero 2012 a 18:42
Bazinga
Enhorabuena por el blog y gracias por hacernos partícipes a todos de sus desvelos, respetando la diferencia y permitiendo que todos podamos encontrar un entorno de debate digno. El representante de la oposición desde mi punto de vista, no lo permite, de ahi que le reitere mi agradecimiento.
Dicho esto, me permito discrepar de su opinión. Supongo que en absoluto es su intención “cargar”contra las funcionarios, secretarios de ayuntamiento, según se deduce de sus palabras ( lo de habilitado nacional que reitera en su explicación no es un plus, significa que siendo funcionario de la administración local, puede servir en ‘cualquier’ administración y no permanece estanco e inamovible en el pueblecito en el que entró) pero eso es lo que yo (probablemente mal) he entendido.
No entraré a discutir el mencionado Real Decreto Ley. Puedo comprender facilmente sus desvelos y desacuerdo con el fondo. Ahora bien, que la intpretacion juridica que recibe no se ajuste a las acciones que tenia previstas no tiene porque ser malo. Ni mucho menos inconveniente. Quizas hasta sea lo prudente.
Los funcionarios informan en derecho, con absolta independencia e imparcialidad y no estan para retorcer la ley ni para obtener ‘ soluciones imaginativas’. De toda la vida de Dios, en su vertiente mas extrema a eso se ha llamado fraude de ley ( empleo de una ley de cobertura para un supuesto, evitando la aplicacion de la ley efectivamente aplicable). Quizas la interpretacion juridica que ahora ve con desagrado le ahorre problemas en el futuro (imagine que la interpretacion juridica que recibe el Sr. Alcalde de Massanassa fuere erronea) o puede que no, y resulte ser en exceso prudente e incluso equivocada.
. Pero para eso estan los tribunales, y tambien el resto de instituciones valencianas, como el CJCCV, para aclararselo.
Pretender obtener de los secretarios de ayuntamiento, igual que de los Tribunales, no solo una unica solucion, sino ademas que esta solucion sea la que le acomoda y encima sea la acertada, no es real, es una quimera juridica. ¡Si ni siquiera los Tribunales mantienen soluciones unívocas para el mismo supuesto!.
Al fin y al cabo, no sere yo quien le diga que en Derecho todo es interpretable, porque no lo es ( no es interpretable que en la Constitucion no se admite la esclavitud, por ejemplo) pero lo cierto es que la aplicacion de una norma, dictada con urgente e inaplazable necesidad, como puede ser cualquier decreto ley, si que parece merecer tener atribuido ese caracter interpretable.
De ahi que le ruegue que siga haciendo tan bien su trabajo, cuente con nosotros sus vecinos, pida en todos los sitios, hable con todos, pero no piense que la interpretacion juridica de sus funcionarios es ‘ voluntariosa’, quizas esa restriccion hoy, le salve de algunos apuros mañana.
Saludos
25 febrero 2012 a 22:32
Amparo a Bazinga
Está usted en lo cierto. Las normas las interpretan los Tribunales y los funcionarios habilitados estatales son quienes, en el caso de los ayuntamientos, asesoran jurídicamente a los alcaldes en los asuntos que son de su competencia.
Quienes trabajamos por obtener soluciones a los problemas acuciantes de nuestros vecinos, y lo hacemos de manera responsable atendiendo los informes que emiten los habilitados estatales, sabemos que los funcionarios informan conforme a Derecho desde la absoluta imparcialidad e independencia.
Pero convendrá conmigo -precisamente porque las normas son “interpretables”- que existen las mismas posibilidades de ser “bien” asesorados que “mal” asesorados, sin que ello signifique que exista una intención colaboracionista en el primer caso y perversa en el segundo, por parte del funcionario que sea.
El Real Decreto Ley contiene suficientes imprecisiones como para que existan diferentes interpretaciones y me consta que precisamente los secretarios e interventores municipales están trabajando para casar tanta disparidad.