5 de marzo de 2010. Viernes

No me gusta el asunto, sr. Llácer, no me gusta nada.

A los hechos me remito:

1.  La aprobación indebida de la Ordenenza Fiscal del IBI 2004, causó indefensión a los contribuyentes que satisficieron la liquidación de ese impuesto, en septiembre de 2004, porque confiaron en que el Ayuntamiento cumplía con sus obligaciones formales y éticas.

2. El TSJ de la Comunidad Valenciana, en su sentencia, aclaró que, efectivamente, el IBI de 2004 fue cobrado indebidamente.

3. Ustedes, sr. Llácer, persiguieron alargar la incertidumbre de los contribuyentes, y acudieron al Tribunal Supremo.

4. El Supremito dictó sentencia el 22 de octubre de 2009 (conocida por las representaciones procesales el 26 de noviembre), y declaró ineficaz la Ordenanza.

5. En el pleno celebrado el 2 de diciembre de 2009, el grupo municipal al que represento, le solicitó a usted y al alcalde, que devolvieran  “de oficio”  la cantidad cobrada indebidamente a los contribuyente.

En ese misma sesión, fue usted quien avanzó que el IBI de 2004 (el aumento del 50% sobre el del 2003, cuya aprobación había sido improcedente, indebida, y fuera del trámite administrativo correspondiente), fue usted -repito- quien aseguró que se devolvería descontándola de la liquidación del IBI de este año.

6. Cuarenta y ocho horas más tarde, se empapeló literalmente el municipio con unos pasquines firmados por usted, que decían:

“[…] SE VA A PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN DE OFICIO A TODOS LOS CONTRIBUYENTES DEL INCREMENTO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DEL EJERCICIO 2004 MEDIANTE EL ABONO DEL IMPORTE QUE CORRESPONDA MÁS SUS INTERESES DE DEMORA […] El Concejal de Hacienda. Alejandro Llácer”

7. Tras 2 meses de silencio por su parte, el 28 de enero, durante la comisión de Hacienda, usted anuncia que previsiblemente no se va a devolver, porque -según sus palabras- existe un informe de un prestigioso despacho de abogados que avala esa posiblidad. Le reclamo el informe (porque lo pagamos entre  todos), y me responde que el despacho de abogados lo está elaborando todavía. En esa misma comisión, usted solicita discreción hasta que la Corporación no reciba el informe.  Y yo acepté ese compromiso de discreción.

8. Un mes más tarde, el 25 de febrero, usted me convoca a una reunión en la que participan también dos de los abogados del despacho Cuatrecasas  Gonçales Pereira, el concejal González López, portavoz de Acord x Rocafort, el concejal Almela, el interventor y el secretario de la Corporación.

9. Los abogados aclaran los términos del informe, y explican los argumentos jurídicos en los que se basan para aconsejar al equipo de gobierno local que no devuelva el IBI de 2004: ni “de oficio”, ni a petición de parte, ni nada de nada.

10. En esa reunión, vuelvo a pedir una copia de ese informe (que pagaremos a precio de oro entre todos los vecinos), y usted, sr. Llácer, me la niega insistentemente porque dice no confiar en mi discreción, y porque afirma  que divulgaré su contenido en este blog o en los medios de comunicación.  Además de esa impertinencia por su parte, hube de escuchar alguna otra, de su boca también, que provocó el sonrojo de los abogados  allí presentes, quienes, en un par de ocasiones, hicieron amago de abandonar la reunión, ¿recuerda?

Finalmente, usted me entrega una copia. No le defraudé, porque yo siempre cumplo mis compromisos, sr. Llácer, y he mantenido la confidencialidad que me pidió respecto al contenido de ese informe.

Sin embargo, sr. Llácer, entiendo que usted ya le ha dado tres cuartos al pregonero, porque el blog del grupo municipal Acord Municipal x Rocafort publicó hace 2 días un extracto de dicho informe, y no he visto que usted -a través de los cauces habituales que acostumbran a utilizar contra el grupo al que represento o contra mí, personalmente- haya dirigido una diatriba contra el concejal González López (José Antonio) que, como yo, también estaba afectado por el compromiso de discreción.

Acepté y cumplí el compromiso de discreción porque acepto y cumplo las reglas que puedan mejorar las relaciones políticas e institucionales, de modo que logremos entre todos un beneficio eficaz para nuestros con-vecinos. Pero me equivoqué, sr. Llácer, porque ése no es su objetivo; ni el suyo, ni -visto lo visto- el de quienes comparten con ustedes juegos tan peligrosos.

La falta de ética política y la torpeza de las que han hecho gala, usted y sus pregoneros, me liberan de mi compromiso.  

Ahora es mi turno, y expongo mi opinión acerca de lo que están tramando.

PRIMERO: el informe elaborado por el despacho Cuatrecasas Gonçales Pereira no es un dictamen definitivo, sino un informe solicitado por el equipo de gobierno local para argumentar jurídicamente los objetivos que ustedes siempre han perseguido: no aceptar que hicieron las cosas mal; no reconocer que, a sabiendas, siguieron adelante con una ordenanza que no cumplía la formalidad legal exigida; no asumir que, desde el primer momento, nunca debieron cobrar en el año 2004, el IBI que aprobaron irregularmente; no admitir que debieron devolver “de oficio”, inmediatamente, las cantidades cobradas, cuando el TSJ falló en su contra. 

SEGUNDO:  el dinero público que ustedes han derrochado para llegar hasta el Tribunal Supremo, y dilatar en el tiempo la conclusión final para lograr la “prescripción de los hechos”,  es, bajo cualquier punto de vista, una desfachatez política.

TERCERO: ustedes adelantaron el anuncio público de la devolución de lo cobrado irregularmente, para poder decir más tarde, cuando tuvieran lista la argumentación necesaria para no hacerlo, que su intención era devolverlo pero que ya no es posible porque los hechos han prescrito.

CUARTO: los ciudadanos de Rocafort que, cumpliendo con sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, pagaron religiosamente la liquidación del IBI 2004, convencidos de que ustedes habían cumplimentado formal y legalmente la aprobación de esa ordenanza, se encuentran ahora con que las “peripecias dilatorias y jurídicas”, que ustedes han pagado con el dinero de todos, les dejan en la más absoluta indefensión.

QUINTO: los vecinos de este pueblo bendito, que están en su absoluto derecho de confiar en que la administración local de sus intereses está en manos de gobernantes responsables, no leen el BOP, ni el BOE, ni el DOCV, antes de cumplir con sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento, para asegurarse de que el equipo de gobierno local no les está engañando.

SEXTO: Los vecinos de este pueblo bendito desconocen, en su mayoría, el procedimiento administrativo, sus quiebros y sus resquicios. No tienen un recurso de reposición grabado en la memoria para contrarrestar las acciones municipales que ni siquiera sospechan cómo están hiriendo sus intereses legítimos; y no disponen de recursos (profesionales, económicos, formativos o de cualquier otra índole) para presentarse ante el Contencioso-Administrativo cada vez que sus derechos se ven vapuleados por el gobierno de su municipio.

¡Y no tienen por qué!, añado.

Ahora salga usted a la calle, utilice todos los medios públicos que tiene a su alcance -y que pagamos entre todos-, y, si es necesario, haga sonar también las fanfarrias para intentar convencer a los vecinos de que su actuación -y la del su grupo- en el asunto del IBI 2004, desde el principio, ha sido honesta, responsable y leal con los vecinos de Rocafort. Y si no lo consigue, porque tiene problemas para que los vecinos vuelvan a tragar con ruedas de molino, estoy segura de que hay quienes están dispuestos a echarle una mano.

No espere por nuestra parte, sr. Llácer, que vayamos a sumarnos a la “componenda” que, con toda certeza, están preparando con tanto mimo ustedes y quienes les secundan.