22 de marzo de 2010. Lunes

El 15 de marzo, el gobierno local aprobó con sus únicos votos la Cuenta General de 2008

Por mucho que se empeñe el concejal Llácer en lo contrario, la Cuenta General de un Ayuntamiento es, ni más ni menos, la concreción política, contable y económica de los objetivos reales alcanzados en el presupuesto municipal.

Los fines para los que un Ayuntamiento elabora cada año la Cuenta General del ejercicio anterior están delimitados en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y entre otros, son:

  • Poner de manifiesto el coste de los servicios y su rentabilidad social y económica.
  • Proporcionar (a todos los miembros de la Corporación) los datos necesarios para comprender, estudiar y analizar la relación entre lo ingresado y lo gastado
  • Rendir información económica y financiera suficiente para que se puedan tomar decisiones, tanto en el ámbito político como en el económico
  • Posibilitar el ejercicio de los controles de legalidad, finaciero y de eficacia.

De la Cuenta General de 2008, lo que menos interesaba al gobierno local era cumplir los objetivos anteriores, pero confieso que no esperaba el discurso que Llácer se trajo escrito al pleno del día 15.

Hice mal en no dar por hecho que, a estas alturas, ya he de tener en cuenta que tirios y troyanos sólo están interesados en abrir una batalla campal (pre-electoral), a costa de las obligaciones que han de cumplir hasta el último día del actual mandato municipal.

Llácer intentó burlar las 20 alegaciones que presentamos por escrito contra la Cuenta de 2008, descalificando la labor de una oposición -la nuestra- que, según sus palabras, actúa con deslealtad y descortesía (¡glup, glup!)

El texto que leyó Llácer, pretendía embaucar a los presentes en un ejercicio de cinismo tal, que ni la más avezada de sus compañeros en ese arte lo hubiera superado.

Para el concejal de Hacienda es una muestra de deslealtad y de descortesía que el documento de alegaciones contra la Cuenta General que presentamos por escrito en el Ayuntamiento el 1 de diciembre de 2009, lo hubiéramos registrado, -tras un mes de silencio por su parte y ocho  de retraso en la resolución definitiva de la Cuenta-, ante la Sindicatura de Cuentas.

La lealtad y la cortesía, según su peculiar concepto, consiste en esperar a que el equipo de gobierno municipal haga los deberes si le place, rinda cuentas si se le antoja, y explique sus decisiones si lo considera conveniente. Y aquí paz, y allá gloria.

Discrepo.

La lealtad y la cortesía que tanto Llácer como su equipo están obligados a contemplar cuando ejercen sus funciones de gobierno, tienen que ver con el respeto a la institución de la que formamos parte todos los concejales, a sus reglamentos de funcionamiento y a sus fines.

Es una deslealtad al principio inexcusable de respeto, no cumplir con sus obligaciones, usar indebidamente los recursos públicos a su alcance en beneficio de intereses privados y partidistas, hurtar el debate legítimo entre opiniones diferentes y eliminar la participación.

Es una deslealtad al principio inexcusable de respeto, evadir responsabilidades, maquillar errores a costa del bolsillo de todos, tomar decisiones que excluyen el interés general, provocar situaciones injustas a sabiendas, y extender el miedo como arma de presión.

Es una deslealtad al principio inexcusable de respeto, confundir, esconder, engañar y menospreciar.

No sé en qué estaría pensando Alejandro Llácer cuando consideró que cumplir con nuestra obligación era una deslealtad y una descortesía.

O sí lo sé, y prefiero olvidarlo.

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