17 de abril de 2010. Sábado

¡Ojito, ojito… porque la frase no es mía!

En el bar donde acostumbro a comer diariamente, he leído esta semana la entrevista que el Cardenal y Arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, concedió a la revista Tiempo (del 8 de abril).

A una afirmación concreta del periodista: “En un Estado democrático, la Iglesia debe acatar la ley“, Monseñor Amigo responde: “Si una ley es injusta, no hay que acatarla, porque por encima está la ley natural”

 Para aclarar el término “ley natural”, habrá que saber que el concepto parte de estas premisas irrenunciables: que los humanos somos seres racionales, que deseamos vivir, y que aspiramos a hacerlo de la mejor manera posible.

En ocasiones, la jerarquía de la Iglesia Católica confunde a la opinión pública apelando a la ley natural cuando efectúa sus pronunciamientos morales; porque la trata como un código de conducta inalterable del que se apropia, fijando, por supuesto, que sólo a ella incumbe sancionarlo.

El origen del Derecho Natural, y posteriormente sus diferentes corrientes de pensamiento, -con la excepción del que defienden algunos teólogos católicos- distan mucho de ese planteamiento reduccionista. Pero no soy, ni por asomo, especialista en un asunto tan delicado por su dimensión técnica, su envergadura doctrinal y su complejidad teórica.

Lo que me importa, y mucho, es que una autoridad con el predicamento de un príncipe de la Iglesia, establezca un parámetro de ese calibre (la ley natural) para convocar una “rebelión” implícita contra las leyes civiles que no son de su agrado; porque si él lo hace, ¿qué impide que lo haga cualquier otra autoridad invocando el mismo principio “natural”?

Si existen cargos de cualquier ámbito de poder, que conceden a la ley natural -entendida bajo ese punto de vista que la inclina tan peligrosamente a deseos e intereses privados- una valor supra-terrenal, estamos a merced del “mesianismo”; y esos mismos cargos podrían concluir que las decisiones que adoptan en el ejercicio de sus funciones tienen que ver con un “mandato divino”, y no con el mandato ciudadano que les concedió su confianza. Y eso es el absolutismo.

Hay casos que ilustran lo que acabo de decir, porque existen cargos públicos absolutamente convencidos de que el “orden natural” es el que les ha instalado en el poder; y consideran un “error” inexplicable cualquier otra posibilidad. Cuesta mucho persuadirlos de lo contrario. 

El resto de los mortales debemos tener claro que “la ley natural” no es, naturalmente, aquella que establece como principio jurídico incuestionable que si lo que hay no me gusta, me lo salto a la torera con la mayor naturalidad del mundo y sanseacabó.

Si eso lo tenemos claro, los “iluminados” no tendrán más remedio que pisar tierra, y la ciudadanía celebraremos con vítores y aplausos su aterrizaje.