19 de abril de 2010. Lunes

En los últimos días,  se ha introducido un falso debate en la calle a cuenta del IBI-2004.

Quienes lo alimentan (en un burdo intento de beneficiarse a toda costa), han difundido dos tesis diferentes (que, sin embargo, se apoyan entre sí) y son erróneas a sabiendas: la primera, que el Supremo ha dado la razón al gobierno municipal en el recurso que planteó el grupo socialista ante el alto Tribunal (¿?); y la segunda, que los socialistas nos dedicamos a enredar en este asunto y que el Supremo no nos ha dado la razón porque el IBI es un impuesto que puede subirse con un acuerdo de pleno (¿?).

Falso debate porque:

1. El grupo y la dirección socialista recurrió ante los tribunales la irregular aprobación de la Ordenanza; y el TSJ falló a favor de nuestro recurso en marzo de 2006, declarando ineficaz la Ordenanza Fiscal que regulaba el IBI de 2004

2. Fue el gobierno municipal del PP, quien, al conocer la sentencia, se personó ante el Supremo y la recurrió.

3. La reciente sentencia del Supremo avala el fallo dictado por el TSJ, y declara ineficaz la Ordenanza de manera inapelable.

Nuestra contundente oposición a que el gobierno municipal aumentara el IBI de 2004 en un 50%, la expresamos en los ámbitos que correspondía: en las comisiones, en los plenos que se celebraron, en los medios de comunicación y en las hojas informativas que distribuímos. Las razones de nuestra postura entonces y ahora, son evidentes: ¿Cómo es posible que en un año de bonanza económica general (2004), con las tasas e impuestos por la actividad urbanística llenando las arcas municipales, tuviera que gravarse a los vecinos con un aumento del 50%? ¿Para pagar qué servicios nuevos, qué mejoras, qué nuevas inversiones, qué nuevas infraestructuras…?

El objeto de nuestro recurso judicial fue la irregular aprobación de ese impuesto, porque el gobierno municipal siguió adelante con su empeño de saltarse el plazo legal exigido para la audiencia pública de los vecinos.  Y en democracia, no es baladí el mal uso de las formas y de las reglas de las que nos hemos dotado para evitar el abuso de poder.

Plantear un recurso judicial contra la subida del IBI jamás hubiera prosperado, porque eso es una decisión política que corresponde al ámbito municipal, y está regulada en el marco jurídico que afecta a las Haciendas Locales y en el que se especifíca el mínimo y el máximo que puede aplicarse.

Por lo tanto, los interesados en mantener un falso debate acerca de la sentencia del Supremo que decidan si siguen adelante con sus argumentos, o si, por el contrario, optan por la honradez en sus planteamientos y la sensatez en sus decisiones.