22 de abril de 2010. Jueves

[¿Y cuál no lo ha sido …?]

PRIMER PUNTO: los vecinos de la Bonaigua presentan un recurso de reposición contra la Modificación puntual del PGOU núm. VIII.

El PP tiene muy claro que esa modificación -promovida por la urbanización Santa Bárbara- no se mueve ni un milímetro para no desairar a sus promotores. Aunque el interés general brille por su ausencia, aunque se atropellen los derechos legítimos de centenares de vecinos, aunque el sentido común dicte prudencia a la hora de tomar decisiones como ésta en la que colisionan los intereses de unos y los derechos de la mayoría … aunque, aunque, aunque …

De los maceteros que invaden la calle que ha sido cortada “por decisión del sr. alcalde”, el PP opina que resultan agradables a la vista y que no entorpecen el paso (¿?)

Del lío monumental que la Diputación ha montado con la obra “Ordenación de accesos en la CV-310 desde kilómetro 2.3 hasta la glorieta de la Bonaigua y acondicionamiento de la CV-307 hasta Rocafort” (redacción y aprobación de proyecto, y contrato de la obra, sin contar con la disponibilidad de los terrenos, lo que activa una indemnización millonaria para la empresa, por lucro cesante, que sigue creciendo), cuya inversión es de más de 9 millones de euros en apenas 2 kms. de la carretera de Bétera, y el origen no es otro que “dar salida” satisfactoria a esta Modificación del plan que tanto satisface a unos pocos, al concejal de Urbanismo, Almela, sólo se le ha ocurrido decir: “Bueno, pues si el ayuntamiento de Rocafort tiene tanto peso en la Diputación para beneficio de un centenar de personas [sic], … tendremos que darle las gracias a Carlota Navarro. ¡Gracias, Carla!”

El punto se resuelve con los 7 votos del PP rechazando los recursos presentados por los vecinos, y 6 a favor de ellos (5 del PSPV-PSOE y 1 de Acord)

SEGUNDO PUNTO: el PP propone y dispone los nombres de las 6 nuevas calles que se abrirán próximamente (las cuatro del PAI de “el Bovalar”, y 2 más en la UE-15)

Es tal su incapacidad para el diálogo, ¡que ni siquiera se plantean abordarlo para acordar entre todos los nombres de unas calles!

“Estos son los nombres que este grupo de gobierno propone, y estos son los que se van a votar”. (Mut i a la gàbia!)

Insistimos con tranquilidad pasmosa, y ofrecemos otras propuestas:

“Miren … nombrar calle Bovalar a una de las calles de la zona, puede resultar confuso … porque ese ámbito nunca perderá el nombre por el que se le conoce … recuerden que este año se celebra el primer centenario de la muerte de un gran poeta, de Miguel Hernández, ¿por qué no damos su nombre a una de esas calles? Podríamos acordar entre todos, podríamos tener en cuenta la agrupación de nombres por zonas … podríamos … podríamos…”

– “Tomamos nota de su propuesta, por si la tenemos en cuenta en otra ocasión … esos son los nombres, y eso es lo que se vota”

El punto se resuelve con los 7 votos del PP, y 6 abstenciones (5 del PSPV-PSOE y 1 de Acord)

TERCER PUNTO: el PP presenta un reglamento que desarrolla el “Régimen de Control Interno ejercido por la Intervención del Ayuntamiento”

Llácer defiende este reglamento porque -dice- es de su máximo interés avanzar en la  transparencia y la eficacia en el gasto. (Dice el refrán: “Dime de qué presumes, y te diré de qué careces”. Pués eso)

Sin embargo, es el propio Llácer  el que prefiere desviar el debate hacia el interventor. Pués no, porque la propuesta la eleva al pleno el alcalde y la defiende el concejal de Hacienda.

Por nuestra parte, les exponemos a uno y a otro nuestra extrañeza ante un reglamento que pretende exactamente lo mismo que ya marcan las leyes correspondientes. No observamos ninguna mejora respecto a cualquiera de ellas, y planteamos nuestras dudas:

Duda 1: Si el equipo de gobierno ni siquiera es capaz de cumplir con las bases de ejecución del presupuesto (propuestas y aprobadas por ellos mismos), ¿qué nos asegura que van a cumplir con este reglamento?

Duda 2: El reglamento no aporta ninguna novedad a las funciones que el marco legal encomienda a la intervención municipal. ¿Es que este reglamento garantizará el cumplimiento de lo que la ley ya exige? ¡¡Eso es una barbaridad …, porque significaría que hasta que no se apruebe este documento ni se han fiscalizado los gastos, ni se han verificado las inversiones … !! Y eso, no es cierto.

Duda 3: Cuando el interventor informa desfavorablemente acerca de determinados actos administrativos con repercusión económica (y lo hace con frecuencia), el alcalde resuelve esa discrepancia con la intervención municipal, firmando un decreto. La ley obliga al alcalde a  motivar todos los decretos que firma. No lo hace. El nuevo reglamento insiste en ese punto; pero, si el alcalde ya no cumple con lo que la ley de régimen local le obliga, ¿qué garantiza que cumplirá este reglamento, que es de carácter inferior a una ley?

Hay más dudas sobre este reglamento que fundamentan nuestra opinión: que el reglamento es innecesario porque añade “papeles y más papeles” sobre lo ya establecido en las diversas leyes que afectan a las administraciones locales.

El punto se resuelve con 8 votos a favor del regalmento (7 del PP, y 1 de Acord), y 5 abstenciones del PSPV-PSOE

CUARTO PUNTO: el PP presenta una ordenanza que regula la Inspección de Tributos Locales y el régimen de Infracciones y sanciones.

La inspección corresponderá al interventor, y con ella se pretende mejorar la gestión de recaudación de los tributos locales.

Por partes: no nos parece oportuno que sea el interventor quien ejerza también la función de inspector de tributos; de ser así, ¿quién controla a quién?

Otra: con esta decisión, el interventor acumula aún más funciones de las que ya tiene asignadas, pero si los recursos de personal técnico con los que cuenta son escasos (y lo son), y si él mismo ha repetido en reiteradas ocasiones (con razón) que las tareas de la intervención municipal se multiplican y, en ocasiones, no es posible llegar a todo … ¿qué razones hay para sumar ahora las que se derivan de la inspección de tributos?

Otra: el ayuntamiento -con los votos del PP y de Acord- ha aprobado recientemente “duplicar” la plaza de la secretaría de la Corporación (innecesariamente). En su lugar, defendimos la creación de plazas de personal técnico de administración general (inexistentes actualmente). ¿Por qué en lugar de “cargar” con más funciones al interventor, y de “duplicar” una plaza carísima, no se actúa con prudencia y buscando la eficiencia?

Ha sido el propio interventor el que ha reconocido que probablemente no sea lo más oportuno que recaiga en él la inspección, aunque la inexistencia de más efectivos técnicos conducen a esta situación. 

Nos preguntamos, ¿por qué ese empeño en no hacer las cosas con sentido común, y en rechazar sistemáticamente las soluciones que aportamos?

El punto se resuelve con 8 votos a favor (7 del PP, y 1 de Acord), y 5 abstenciones del PSPV-PSOE

QUINTO PUNTO: “Dación de información al Pleno de la Corporación” (¿?) Así rezaba el punto.

Contenido de la información: el ayuntamiento (o mejor, el gobierno municipal) ha gestionado el cobro fraccionado del IBI 2010.

Primer pago: 2 de agosto.

Segundo pago: 1 de octubre.

No se admiten preguntas. No se permite el debate.

Fraccionando el pago, el PP pretende conseguir que el contribuyente “olvide” la promesa firmada por Llácer de minorar el recibo de este año porque se iba a devolver lo que se le cobró irregularmente en 2004; y, de paso, ¡encima!, el contribuyente ha de agradecer el gesto. Y si no, al tiempo.

De las groserías que se han dicho, de las veladas acusaciones del alcalde -y de otros- a una funcionaria, de la prepotencia inaudita, de la mala educación demostrada ante mi compañero Ricardo Pérez, de las chabacanas manifestaciones … de todo eso, prefiero no hablar ahora.

Lo dicho, y en resumen, vergonzoso.