20 de mayo de 2010. Jueves

El 13 de mayo le solicitamos por escrito al alcalde acceder a los expedientes administrativos abiertos para las concesiones del “Bar del Polideportivo”, y de la “Cafetería de la plaza de España”.

El día anterior, habían sido publicados en el BOP los pliegos de condiciones técnicas y administrativas.

En la administración pública las cosas no pueden suceder “por casualidad”, ni por “arrebatos personales”. Por eso, es necesario fundamentar las decisiones que se adoptan, y abrir expedientes en los que consten las razones, los estudios económicos y los informes técnicos que motivan las decisiones de gobierno.

Ante la “espontánea” publicación de los pliegos (casualmente, 48 horas antes de una movilización promovida por la Asociación de Vecinos), la concejala socialista Pilar Núñez solicitó ver esos expedientes, para que los concejales del grupo municipal pudiéramos conocer en qué se basaban los precios mensuales que establecen, el periodo de concesión, y otros datos imprescindibles que han de garantizar que los asuntos públicos se ajustan al interés general.

Existe un precepto en las leyes que afectan al régimen de funcionamiento de las entidades locales (y el Ayuntamiento de Rocafort, también está sujeto a él, pese a quien pese), que dicta que un concejal puede acceder a los expedientes, si lo solicita por escrito. En caso de que el alcalde no autorice el acceso, dispone de cinco días para responder y explicar los motivos, porque de lo contrario el concejal está en su derecho de personarse en las dependencias municipales y exigir que se le muestre lo que pide.

En el Ayuntamiento de Rocafort, las cosas son como son. Pilar presentó su escrito el 13 de mayo, y ayer (día 19) recibió la respuesta que el alcade firmó con fecha 18 de mayo (5 días exactos para evitar que pudiéramos verlos).

Y no, no es una respuesta; es otro Fliquete-decreto (palabra que inventó Make Cortés hace ya tiempo), que consiste en autorizar lo que se solicita (acceder a los expedientes) pero impidiendo que se vean. Curioso, ¿verdad?

El alcalde, que es quien firma el Fliquete-decreto,  justifica su decisión en “la sobrecarga de trabajo preexistente en los servicios administrativos […]” y en que ” […] el derecho de acceso será ejercido por los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia de los servicios públicos”.

Sebastián Bosch “olvida” un par de cosas evidentes, que insultan a la inteligencia de cualquiera: una, que mostrar unos expedientes que en estos momentos están en curso, no acarrea ningún trabajo extraordinario porque han de estar a la vista. Y dos, que un concejal no es un particular.

Conclusión: como era de temer, los expedientes ni siquiera existían el día en el que se publicaron los pliegos; las valoraciones económicas deben estar “montándose” todavía a estas horas; la exposición razonada de motivos para decidir un plazo de concesión y no otro, aún debe estar tramándose; y las garantías administrativas y jurídicas ni están ni hay por qué esperarlas.

En el Ayuntamiento de Rocafort las cosas suceden o “por casualidad”, o como fruto de “arrebatos personales” de quienes gobiernan el municipio.

En el caso que nos ocupa, el alcalde y los concejales que directamente son responsables de la elaboración de los pliegos y de la concesión de los espacios (Llácer, Aliaga, Navarro y Almela), han vuelto a demostrar quién manda aquí, cómo mandan, y -muy especialmente- con qué objetivo.

¡A vivir, que son dos días!