30 de junio de 2010. Miércoles

Cuando alguien ama su profesión, y se le brinda la oportunidad de avanzar en ella, debe cargar la suerte. Yo amo la mía.

Creo en la función pública, y en ella, mi especialización en Protocolo oficial y Relaciones Institucionales, me ha proporcionado experiencias valiosas que solo alcanzan ese mérito si soy capaz de administrarlas con destreza. Exactamente igual que nos ocurre en la vida cotidiana; porque la mera acumulación de experiencia (de costumbre) no garantiza nada más que el inevitable paso de los años.

El Protocolo Oficial es una herramienta de trabajo que, aplicada con profesionalidad y rigor, eleva el reconocimiento de las instituciones y su prestigio, a la vez que las aproxima a los ciudadanos para comprenderlas y estimarlas como suyas. Porque las instituciones son la legítima representación de la sociedad a la que sirven.

Quienes somos funcionarios públicos y técnicos en esta materia, pretendemos desarrollar nuestro ejercicio profesional ajenos a los vaivenes políticos que se vive en las instituciones, porque nuestra labor reside en garantizar que la institución (que es patrimonio de todos), salga reforzada en cualquier caso; sin excluir nunca la legitimidad incuestionable de quienes eventualmente la representan.  En pocas palabras: invocamos al espíritu institucional … con notable fracaso en ocasiones, por cierto.

En algunos casos, quienes trabajamos en la administración pública observamos con estupor la confusión que suscita tanto la ignorancia de las funciones que tenemos asignadas, como los objetivos fundamentales de nuestra labor.  Y la miope visión de algunos políticos al frente de instituciones, o su interpretación “interesada”, mezcla conceptos irrenunciables de la función pública (servicio, rigor, cumplimiento normativo, independencia …) con tareas propias de asesoramiento personal a los cargos electos, y a sus intereses: un error que conduce paulatinamente al desprestigio de la imagen institucional.

Ese escenario propicia que la inoperancia, la opacidad en la gestión, la negligencia o la desidia  se conviertan en protagonistas de una trama que destruye la confianza de los ciudadanos. Y cuando se llega ahí, a mí me suena una alarma; una alarma que me indica el  límite que puede quebrar mi compromiso personal con mi profesión, con mi experiencia y conmigo misma. Y no cruzo.

  Creo en la vocación de servicio que debe garantizar la función pública, y nadie puede convencerme de que mi  trabajo deba aislarse de la vocación institucional que ha de presidir las relaciones y las actividades de la administración local. Porque la aplicación del Protocolo Oficial es una filigrana que se trabaja y se negocia; y el ejercicio de esas competencias requiere una formación específica y un profundo conocimiento de las instituciones y de sus fines.

Quienes nos dedicamos al Protocolo oficial, planteamos y ordenamos actos, diseñamos escenarios, creamos espacios, eliminamos obstáculos, resolvemos situaciones,  y solucionamos problemas; todo,  para que las instituciones a las que servimos no sean dañadas por otras “inclinaciones” -personales y partidistas- ajenas por completo a la imagen pública (de todos) que debe prevalecer en los actos que desarrolla.

Nuestra formación técnica y académica refuerza esa visión profesional y objetiva que asegura el cumplimiento de la normativa vigente por una parte; y de otra, la aplicación razonada de medidas que protegen, por encima de cualquier otro interés, la correcta percepción  de nuestras instituciones.

El ejercicio de mi carrera es fundamental para mí; y no solamente porque el trabajo es un elemento primordial para la construcción de nuestra identidad como personas, sino porque refuerza mi vital aspiración a  seguir creciendo profesionalmente.

Hace unos meses recibí el ofrecimiento del ayuntamiento de Gandía, para hacerme cargo del servicio de Protocolo y de los actos conmemorativos del V centenario del nacimiento del duque y santo, Francesc de Borja, durante un año. 

En un principio, decliné la propuesta. Insistieron, y comprobé que la llamada atendía todos los valores que para mí son primordiales: el acuerdo de los grupos municipales, la libertad profesional para el ejercicio de mis obligaciones como funcionaria, y el reconocimiento a mi labor técnica en el ámbito del protocolo oficial en la administración pública.

Y he aceptado, porque, además de todo eso -motivos fundamentales para tomar la decisión-, he de reconocer que me llena de orgullo que la ciudad en la que nací hace 52 años, y en la que dejé de vivir hace 25, distinga mi prestigio profesional y técnico.

A partir de mañana, 1 de julio, mi destino laboral será el ayuntamiento de Gandía como funcionaria de la Diputación de Valencia en comisión de servicios, durante un año.

Las ventajas de mi meditada decisión suman más que las desventajas, porque la ampliación del horizonte profesional enriquece el crecimiento personal, y nos hace más fuertes, y, probablemente, mejores.

Con ese ánimo, haré el trayecto diario de ida y vueltaRocafort, donde vivo – Gandía, donde trabajaré – y vuelta a Rocafort, mi casa.  

Un trayecto diario en tren que me regalará un tiempo precisoso para seguir pensando en el Rocafort que merecemos, y que vamos a ser capaces de construir entre todos.