8 de septiembre de 2010. Miércoles

¿De qué sirve el informe demoledor que ha hecho el Interventor sobre el presupuesto municipal?, se preguntan algunos.

En un Ayuntamiento “normal”, nada de lo que sucede aquí ocurriría. Pero el nuestro no es el caso, lamentablemente.

La elaboración de este presupuesto, como cualquiera de los anteriores, es responsabilidad directa del concejal de Hacienda y del alcalde que es quien ha delegado en él ese trabajo.
Ambos, pues, asumen el documento, y el resto de concejales del gobierno municipal se muestran entusiasmados con él cuando votan a favor en el pleno que lo aprueba.

El presupuesto municipal es, indudablemente, el expediente más relevante que elabora anualmente el Ayuntamiento;  porque se trata precisamente de aclarar cuáles son los INGRESOS REALES, y de distribuirlos en GASTOS RAZONADOS y en SERVICIOS FUNDAMENTALES PARA TODOS LOS VECINOS, el Interventor municipal, cuando considera que ni los ingresos son reales y que la gestión de los servicios acarrea perjuicios a los administrados (los vecinos), está obligado a emitir un informe advirtiendo de todo ello.

En un Ayuntamiento “normal”, la gestión del dinero público se debe ajustar no solamente a los preceptos que marca el marco jurídico que afecta a las Haciendas Locales para salvaguardar los intereses generales del municipio, gobierne quien gobierne (que, en el caso del de Rocafort, se incumple con frecuencia desde hace años); sino también debe ajustarse a los principios de transparencia, eficiencia y espíritu de servicio que son, en definitiva, el concepto ético de una manera de hacer las cosas que nada tiene que ver con la que lleva a cabo nuestro gobierno local.

Cuando los valores que deben apreciarse en un presupuesto municipal (los jurídicos, por una parte; y los de gestión, por otra) se devalúan en beneficio de intereses ajenos a los únicos que deben prevalecer en la gestión municipal, las advertencias del interventor municipal están encaminadas a lograr que los objetivos fundamentales del servicio público no se desvíen. Despreciar esas advertencias -que sin ningún género de dudas, antes de ser planteadas con dureza en un informe escrito, ya han sido expuestas verbalmente como corresponde al asesoramiento de un interventor-, hacer caso omiso, digo, es responsabilidad únicamente de quienes han decidido, CON CONOCIMIENTO DE CAUSA, pasar por encima de las mínimas reglas del buen  hacer en la gestión municipal. Y todos ellos (y ellas) tienen nombre y apellidos.

Ni el interventor ni ningún fucionario puede imponer principios éticos al gobierno municipal, porque esos principios forman parte intrínseca de la actitud y del comportamiento individual de las personas.

En un Ayuntamiento “normal”, el interventor no hubiera llegado a emitir un informe como el que acompaña al presupuesto municipal del nuestro.

Mientras llega el momento en el que el Ayuntamiento de Rocafort recupere la dignidad (la esperanza tiene fecha para consagrase en un hecho), el informe que el Interventor ha emitido sirve:

  1.  para evidenciar que las alarmas que hemos hecho sonar desde hace más de tres años, no han sido ni falsas, ni “interesadas”
  2. para atestiguar que lo que se “cuece” en determinadas áreas municipales (Hacienda, Urbanismo, Personal, Contratación …), no clama al cielo solomante por lo que la mayoría de los vecinos intuye, sino por la elocuencia de los datos que saca a la luz un funcionario público con habilitación estatal
  3. para que la Sindicatura de Cuentas (órgano fiscalizador dependiente de la Generalitat), tome cartas en el asunto, cumpla con su función y eleve al Tribunal de Cuentas del Estado toda esta situación

Y eso es lo que hemos hecho, trasladar a la Sindicatura de Cuentas el informe del interventor; e informar a la Administración General del Estado del “a-normal” funcionamiento de nuestro Ayuntamiento.

Porque nadie merecemos lo que está ocurriendo, y porque es posible hacer las cosas bien.

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