18 de septiembre de 2010. Sábado

Quien haya leído la noticia publicada en La Gaceta de nuestra comarca, (en la edición de esta semana), sobre el cobro íntegro de los sueldos del gobierno local también durante las bajas médicas, comprobará que las declaraciones del alcalde al respecto arrojan más luz sobre el comportamiento habitual del gobierno municipal. Pero también habrá quien, sin ahondar en el asunto, culpe precisamente a la legislación laboral de esta insolencia.

 Que hayan sido capaces de justificar una actuación como la que han llevado a cabo (asegurarse el cobro íntegro de sus sueldos durante las bajas médicas) basándose en la legislación laboral, explica hasta qué punto son capaces de pervertir la interpretación de las leyes en beneficio propio.

El alcalde viene a afirmar que la legislación laboral es la que obliga a que tanto él, como sus concejales Almela, Aliaga, Llácer, Llorens y Quiñonero (Navarro no cobra un salario del Ayuntamiento por la razón que he explicado varias veces), hayan de cobrar el 100% de sus salarios municipales durante las bajas médicas; porque de lo contrario, estarían incumpliendo la ley.

Conociendo el percal, es de suponer que esta curiosa interpretación de la norma, habrá contado con el asesoramiento de su concejal de Hacienda, y licenciado en Derecho, Alejandro Llácer; y del coro jurídico que pagamos entre todos los vecinos.

No hace falta ser un experto para saber que la legislación laboral no obliga, sino que permite, que el ayuntamiento, igual que se le permite a cualquier empresa, pueda hacerse cargo de la diferencia que no cubre la Seguridad Social cuando un empleado está de baja médica; y que esa circunstancia puede acordarse entre las partes siendo los trabajadores los primeros que deberían disfrutar de esa mejora en sus condiciones laborales.

Ahora, se les llenará la boca afirmando que su decisión es legal. Y, a sabiendas, volverán a confundir la velocidad con el tocino.

Efectivamente es legal porque la legislación -como ya he dicho- lo permite. Pero las personas hemos de llenar de contenido ético «lo legal», y ése es el papel que corresponde a los miembros de un gobierno municipal honrado y al servicio de los vecinos. Que no es el caso.

El gobierno local ha vuelto a utilizar en su propio provecho lo que niega al resto de los empleados municipales, en este asunto, y al resto de los vecinos, en muchos otros. Y para exculparse, vuelven a acusar a la ley como si fuera la culpable de su indigna actuación.

Y, ¡hasta ahí podríamos llegar!

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