11 de diciembre de 2010. Sábado


Escribía Rosa, una interviniente de este blog, a propósito de una decisión adoptada por el gobierno municipal:

Pero hay mecanismos legislativos para poder frenar todo tipo de abusos […], y vosotros como oposición política debeis de intentar ponerlos en marcha.
[…]y porque no se ha “DENUNCIADO”?
Para eso tenemos un PODER JUDICIAL para poder garantizarnos una cobertura los ciudadano.
Pero para garantizarnos eso, también necesitamos que nos podamos ver protegidos por vosotros…que supongo que tendreis algún gabinete juríridico

La noticia que reproduzco más arriba puede servirnos de ejemplo a todos: a quien firma como Rosa, y al resto de lectores de este blog. Lo mantengo: judicializar la política es renunciar a nuestra responsabilidad como ciudadanos.

Durante la legislatura 2003-07 , la concejala Navarro percibió dos salarios de la administración pública: uno de 600€/mes, como concejal del equipo de gobierno del Ayuntamiento (acta del pleno del 13 de noviembre de 2003); y otro, por su “dedicación exclusiva” como diputada provincial.

Cuando accedimos al ayuntamiento, en el actual mandato municipal, tanto mis compañeros (Make Cortés, Ricardo Pérez, Pilar Núñez y Luís Linares), como yo misma, advertimos en el pleno que se celebró en octubre de 2007 que la señora Navarro no podía percibir dos salarios de la administración, siendo uno de ellos por su “dedicación exclusiva” en la diputación provincial. De hecho, Carla Navarro acabó “renunciando” por escrito a su salario de 1.000€ mensuales, que el gobierno local había aprobado para sus concejales.

Solicitamos por escrito entonces que el alcalde detallara las cantidades que la señora Navarro había recibido entre 2004 y 2007, en concepto de salario, así como las cotizaciones a la Seguridad Social. No hubo respuesta. Volvimos a intentarlo: tampoco hubo respuesta.

Fue en febrero de 2008 cuando presentamos una reclamación ante los Tribunales para poder tener acceso a esos datos. A lo largo del procedimiento, hemos podido conocer que la cantidad adeudada ronda los 24.000€; y que la señora Navarro se empeña en confundir al tribunal mezclando los conceptos “indemnización” y “salario”. Y así seguimos casi tres años después.

(Una “indemnización” consiste en retribuir únicamente la asistencia a los órganos de gobierno; los concejales de la oposición cobramos una indemnización de 18€ por asistencia a las comisiones informativas, y otra de 25€ por asistencia a los plenos. Las indeminizaciones no cotizan a la SS, y se les aplica la retención por el IRPF)

La defensa de la señora Navarro Ganau la paga el propio Ayuntamiento (resolución de la Alcaldía núm. 1060, de 2010); nuestra presencia en los Tribunales corre de nuestra cuenta.

Curioso, ¿no es cierto?:  Nosotros, para lograr que se devuelva a las arcas municipales una cantidad indebidamente cobrada, lo pagamos de nuestro bolsillo; y el Ayuntamiento, para evitarlo,  lo paga con el dinero de todos. ¿Es ésa la solución?

Estoy totalmente de acuerdo con el comentario que firma mi compañera Pilar Núñez: son los votos de los ciudadanos los que pueden cambiar esta anormal situación.