Viernes 29 de abril de 2011

Sebastián Bosch  hoy está en el banquillo. En el trance le acompaña Agustín Aliaga.

Ambos están acusados, por la vía Penal, de un delito contra el derecho de los trabajadores, y de dos delitos de lesiones por imprudencia.

Los hechos se remontan al mes de diciembre de 2004, cuando dos empleados municipales instalaban las luces de Navidad en la carretera de Moncada a su paso por Rocafort, sin ninguna protección, sin señalización, sin la asistencia de la Policía Local para regular el tráfico, y con una grúa cuyo uso estaba restringido al interior de recintos industriales y que tenía prohibida su circulación en la vía pública.

El Fiscal solicita para Sebastián Bosch y Agustín Aliaga penas de cárcel, y una indemnización que ronda los 125.000€

La acusación particular de uno de los trabajadores, el que sufrió las heridas más graves cuyas secuelas lo han incapacitado permanente y absolutamente, solicita una indemnización de más de 280.000€ y penas de cárcel de 5 años para cada uno.

No desvelo ningún secreto porque un diario y un semanario publicaron la noticia el pasado 24 de enero.

El Ayuntamiento, a resultas de aquellos hechos, ya ha hecho frente a la multa que le impuso la Inspección de Trabajo (15.000€), y asumió los recargos señalados por la Tesorería de la Seguridad Social (4.000€). También abonó una indemnización a uno de los dos empleados, por despido improcedente mientras permanecía convaleciente a causa del grave accidente (más de 10.000€)

El Ayuntamiento -con el dinero de todos- ha vuelto a pagar la negligencia, la irresponsabilidad y la arrogancia del gobierno municipal. Y no es la primera vez.

Pero lo que a partir de hoy se dirime en el Juzgado de lo Penal núm. 7 de Valencia, tras la depuración de responsabilidades a lo largo del procedimiento, es si Sebastián Bosch y Agustín Aliaga son culpables o no de los delitos de los que les acusa formalmente el Fiscal. Una causa abierta contra personas con nombres y apellidos (procedimiento Penal)

La presunción de inocencia es un principio rector del Estado de Derecho. Incuestionable.

Pero la legislación establece, en el mismo marco de ese Estado de Derecho, que cuando los cargos públicos se someten a procedimientos penales, los gastos de su defensa personal corren a cargo de su bolsillo y no del presupuesto municipal.  Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo ratifica.

Los datos apuntan a que, también en esta ocasión, los más de 9.000€ que cuesta la contratación de un letrado del prestigioso despacho de abogados habitual, correrán a cargo de los bolsillos de todos los vecinos.

¿Y eso, por qué? 

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