Martes 3 de mayo de 2011

No le sirve de nada al tandem Bosch&Llácer que hoy hayan vuelto a perder los papeles durante el pleno extraordinario que se ha celebrado a las 9 de la mañana.

No les sirve de nada organizar otro espectáculo lamentable.

Ya ha pasado ese tiempo.

Las alegaciones que presentamos al Presupuesto, y que hoy habrían de haberse debatido con ideas, con datos y con respeto, han sido rechazadas en su totalidad por un Llácer superado por las circunstancias que lo envuelven.

El resto del grupo municipal del PP, desmembrado y excesivamente alterado por las mismas circunstancias que consumen los nervios de LLácer y por la judiciales que afectan a dos (ya casi tres) de sus miembros (Bosch, Aliaga y Navarro), ha respondido como era de esperar: con más gritos, con más amenazas y con una rabia sorprendente. (Cabe destacar la excepción de Javier Almela)


Que quede claro:

Presentar alegaciones al Presupuesto es un derecho que asiste a cualquier ciudadano y, por supuesto, a los miembros de la Corporación.

Hacerlo no es una “práctica dilatoria” y ni mucho menos perjudica los intereses de los vecinos de Rocafort, como ha querido defender el concejal de Hacienda.

Si él ha necesitado ¡5 meses! para elaborar -con errores- el presupuesto de 2011, y solamente nos ofreció la semana fallera para analizarlo y estudiarlo… es evidente que habíamos de acogernos al plazo legal para presentar nuestras propuestas.

Si él (Llácer) hubiera entregado a los concejales de la oposición el proyecto de Presupuesto cuando debía hacerlo (el 15 de octubre), todos (gobierno y oposición) hubiéramos dispuesto del plazo que la ley marca para estudiarlo y mejorarlo: 2 meses y medio (hasta el 31 de diciembre)

Pero prefirió hacerlo ¡5 meses más tarde!, el 14 de marzo (en plena semana fallera) y llevarlo al pleno el 21 de marzo (lunes después de la semana fallera)

Que quede claro también:

“Malversar” es un verbo que la Real Academia de la Lengua Española define de este modo:

(De mal2 y versar).

1. tr. Apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función.

No soy jurista, le he replicado al concejal Llácer; pero destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función, mientras no se demuestre lo contrario con la documentación que hemos solicitado (y que no hemos obtenido), puede llevar a pensar que se están malversando según la definición “monda y lironda” que ofrece la RAE (Real Academia de la Lengua Española).

Ni imputamos delitos ni conocemos el Código Penal. ¡Eso faltaba! Ya tenemos bastante con procurar que cumplan los mínimos que establece la Constitución, la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local; el RD 2568/1986, de 28 de Noviembre; el RD Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo; y la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

Que quede claro también:

En la Plantilla de Personal aprobada definitivamente con los únicos votos del PP (el concejal de Acord-IxR, José Antonio Gonález, tampoco ha asistido al pleno de hoy; y del concejal Quiñonero solo se conoce el rastro que deja su nómina mensual), no consta el puesto de Tesorera/o municipal, contraviniendo el artículo 168 de la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.

¡Y aquí no pasa nada a no ser que nos personemos en los tribunales! (Un gasto que ellos pagarían con el dinero de todos -el Ayuntamiento-, y nosotros de nuestro bolsillo)

Que quede claro para la posteridad:

Los modos de Alejandro Llácer me parecen peligrosos. Y así se lo he dicho durante el pleno de hoy.

Su comportamiento responde -ya sin velos que escondan sus verdaderas intenciones- a lo que algunos apuntaban y yo no imaginaba.

Y no lo imaginaba porque ha sido capaz, en lo que a mí respecta, de mantener durante algún tiempo una pátina de demócrata dialogante en favor de un recambio urgente dentro de su propio partido para enterrar las malas formas empleadas por sus compañeros de gobierno en el Ayuntamiento.

Pero no era cierto porque es partícipe de esas mismas malas formas; y las multiplica.

El pleno de hoy y muchos de los anteriores dan muestran de ello.

El avezado “jurista” (como él se califica a sí mismo; “jurista”,  no “avezado” que es lo que yo añado) ejerce con desparpajo las mismas prácticas que sus compañeros y que él -¡tantas veces y con tanta vehemencia!- ha desautorizado y ha criticado en público y en privado.

Y que quede claro también para que la posteridad no lo olvide:

Las acusaciones de las que hemos sido objeto hoy (¡en una sesión plenaria!) son falsas.

Bosch&Llácer, Aliaga, Carla Navarro y Ana Llorens (Almela seguía al margen de la “boutade”) se han referido a una supuesta distribución anónima de copias de la crónica del juicio contra Sebastián Bosch y Agustín Aliaga, publicada por el diario Levante en su edición impresa del 30 de abril.

Saben que no es cierto porque siempre firmamos la información que distribuimos. En este caso, además, sería absurdo difundir anónimamente la noticia que ha publicado un periódico y que está al alcance de cualquiera.

¡Ah!: en el ardor que les consume,  Llácer / Bosch han confirmado que sí, que un decreto firmado por el alcalde autoriza el gasto de 9.440€ (IVA incluido) para pagar los honorarios para la defensa y la representación de sí mismo y de Agustín Aliaga (en un procedimiento penal)

(“Joder, qué tropa”. Conde de Romanones dixit.

¡Y la posteridad sin saberlo!)

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