Domingo 22 de enero de 2012

El actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro,  ha anunciado hoy a bombo y platillo (en plena campaña electoral en Andalucía) que exigirán eficiencia y transparencia a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. (Lo mismo hizo el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hace apenas 48 horas)

Ambos afirman ahora que no permitirán que los gestores políticos que manejan dinero público se endeuden por encima de las posibilidades; que no permitirán que se gasten lo que no tienen; que no permitirán la opacidad en las cuentas públicas;  que no permitirán actuaciones irresponsables;  que no permitirán que los cargos que,  con su actitud, hayan llevado a la ruina a una institución, permanezcan en ella;  que no permitirán que quien haya sido condenado por sentencia judicial -en ejercicio de sus funciones- se apoltrone en su sillón…

Escucho a ambos y no sé qué pensar… porque no sé en qué pensaban ellos cuando aquí en Rocafort y en la Comunidad Valenciana sucedía exactamente lo que ahora combaten con la energía que insufla la repercusión mediática, haciéndolo, respectivamente, como ministro y como presidente del Gobierno.

Estaré totalmente de acuerdo con una ley que impida cualquiera de las barbaridades que se han perpetrado con absoluta impunidad en Rocafort y en la Comunidad Valenciana (¡16 años!)

Pero seguiré denunciando que esos comportamientos han sido posibles gracias, ¡precisamente!, a quienes ahora -a la luz de una crisis que ha desvelado que los valencianos sufrimos la peor de las situaciones- los califican de reprochables y “quasi” delictivos.

Ya nos hubiera gustado a los vecinos y vecinas de Rocafort  que esas advertencias y amenazas hubieran llegado antes y que el PP hubiera obligado a sus cargos públicos a comportarse como es debido… De haber sido así, nos hubiéramos librado de una administración municipal despótica (y nepótica), oscura, ineficiente y carísima, asfixiada por la ejecución de obras innecesarias -y pendientes de pago-,  de gastos injustificables, de contrataciones en fraude de ley, de facturas valoradas en decenas de miles de euros pendientes de pago, de presupuestos municipales inflados ficticiamente para soportar unos gastos desorbitados, de la confusión entre favores y derechos…

… ¡Asombroso que ahora comportamientos como los del anterior gobierno municipal de Rocafort (¿he dicho “gobierno”?) o la Generalitat estén en tela de juicio por quienes hasta hace bien los ponían como ejemplo de cómo deberían hacerse las cosas en España. Por quienes, al fin y al cabo, ahora ya en el gobierno central, sellaron su complicidad con actuaciones como las que hemos sufrido por estos lares!

En cualquier caso, bienvenida sea la rectificación.

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