Lunes 3 de diciembre de 2012

En mi humilde opinión, sería de agradecer que nadie pretendiera confundir a la opinión pública en aspectos sobre el funcionamiento de la administración local que están totalmente reglados.

Uno de esos aspectos es el que afecta a los Habilitados estatales (un cuerpo de funcionarios con funciones reservadas por ley y con movilidad estatal que se rigen, en algunos puntos, por una legislación específica)

Para el común de los mortales ya es suficientemente farrogoso el marco legal, como para que no se intente explicar con claridad dejando al margen opiniones personales que no pueden modificarlo.

Las personas que servimos a la administración pública como miembros de una corporación local, tenemos la obligación de explicar con sencillez asuntos que pueden provocar la incomprensión de quienes los leen.

Cualquier partido que ha concurrido a las elecciones municipales con la legítima aspiración de adquirir responsabilidades de gobierno y que cuenta con representantes en el Ayuntamiento desde hace muchos años, está obligado a mantener la cautela a la hora de expresar sus exigencias, cuando éstas pueden conculcar la legislación; y debería esforzarse para que la opinión pública entendiera el marco legal en el que nos movemos.

Hay concejales que llevan en el Ayuntamiento más de 17 años ininterrumpidos y estoy segura de que han acumulado conocimientos suficientes  acerca del marco legal que regula la administración local y el asunto que ahora se plantea.  Porque ser concejal debe ser, además de un obligado compromiso público y político, un  comportamiento  -conociendo el funcionamiento de la administración local-  con voluntad pedagógica para explicar con sencillez a todos los administrados los aspectos más intrincados de la administración pública a la que servimos.

Los habilitados estatales tienen funciones reservadas por ley que no pueden desarrollar otros funcionarios. Ese mismo marco legal les permite acumular esas funciones en otros Ayuntamientos sin desasistir las mismas en su puesto principal.

¿Eso qué significa?

1. Que los habilitados estatales no son funcionarios-técnicos “al uso”; es decir, que no son técnicos, y que, en realidad, solo están obligados a ejercer sus funciones reservadas. Nos guste o no al resto de los mortales.

2. Que los habilitados estatales pueden acumular sus funciones (reservadas) y ejercerlas en otros Ayuntamientos sin que ello suponga una reducción de sus retribuciones porque siguen cumpliendo con su jornada y con sus obligaciones en su puesto principal.  Nos guste o no al resto de los mortales.

3. Que los habilitados estatales no suplen a los técnicos de la administración o de gestión  y que, cuando lo hacen, es por voluntad propia. Nos guste o no al resto de los mortales.

Estando en la oposición (2007-2011) denuncié una y mil veces la creación de una nueva plaza de habilitado estatal, porque con el coste que suponía se podían haber creado dos de técnicos que era – y es- lo que el Ayuntamiento necesitaba. El PP e IxR votaron a favor de la creación de esa tercera plaza, el PSOE votó en contra. Y ahora tenemos tres habilitados estatales (una rareza teniendo en cuenta el insuficiente cuerpo técnico y administrativo de carrera del Ayuntamiento)

El Interventor (habilitado estatal) acumuló sus funciones en otro Ayuntamiento durante un periodo de 8 meses (antes de junio de 2007). No recuerdo que ningún concejal de aquel momento expresara su opinión en contra públicamente.

Podríamos debatir si nos gusta o no la legislación que regula a los habilitados estatales y quizá estaríamos de acuerdo en muchos aspectos; porque no es lo mismo un Ayuntamiento con una plantilla bien dimensionada que un Ayuntamiento con unas debilidades “estructurales” como el nuestro. Pero ni siquiera estar de acuerdo en eso sería suficiente para cambiar la realidad: porque la labor de un habilitado estatal no suple la que debe desarrollar un técnico ni mucho menos la de un administrativo de carrera.  Y ése es el verdadero problema: que no tenemos una plantilla lo suficientemente “profesionalizada”.

Cambiar todo eso requiere tiempo, trabajo, dedicación y presupuesto.  Una convocatoria para la provisión reglamentaria de plazas suele durar unos 8 meses (aprobación de Bases, publicación en el BOE, constitución del tribunal, periodo para la presentación de los aspirantes, listados provisionales, periodo de subsanación, periodo de recursos, realización de las pruebas, corrección, publicación de listados provisionales, periodo de recursos,  presentación de documentación, etc.)

Muchos secretarios e interventores acumulan sus funciones en uno o varios Ayuntamientos y eso no es ninguna novedad; tratar el asunto aquí en Rocafort como si fuera una situación extraordinaria, es ignorar todo lo que he relatado antes.

Tanto la Secretaria general como el Interventor municipal cumplen aquí con sus funciones reservadas y, además, con otras que no les corresponden si vamos al estricto régimen de la ley. Cumplen con el cómputo anual horario al que están obligados… entonces, ¿cuál es el problema?

El problema no es que la Secretaria y el Interventor hayan acumulado sus funciones en otro Ayuntamiento y le dediquen una mañana; el problema es el que es…  y por eso trabajamos para resolverlo.

Solo pido un poco de pedagogía a la hora de exponer cualquier argumentación para que los lectores -que no tiene por qué conocer el farragoso marco legal- puedan forjarse su propia opinión con información veraz.

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