Sábado 16 de noviembre de 2013

Esta semana he leído (Levante-emv, edición impresa del martes 12 de noviembre) que el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Alejandro Llácer, pide mi dimisión (?)

Sus argumentos me han sorprendido. Según su relato:

– Llevamos 1 año para sacar adelante una Bolsa de Empleo Social; pero olvida decir que es el mismo tiempo que lleva él “torpedeando” esa iniciativa. Lo que a otros ayuntamientos (gobernados por su propio partido o por otros estando el PP en la oposición) solo les ha costado el tiempo imprescindible, aquí hemos tenido que sortear múltiples impedimentos.

El más llamativo, la actuación de la Delegación del Gobierno. A ningún otro Ayuntamiento se le ha requerido el expediente y ha sido obligado a anular dos puntos de unas Bases que están en marcha -sin ningún problema- en otros municipios.

Según él:

– Llevamos 1 año “engañando a los vecinos” con la promesa de esa Bolsa; pero “engañar” es otra cosa… “Engañar” es convocar una Bolsa de Trabajo, aprobar una lista de admitidos y mantenerla en un cajón durante más de 1 año y medio para seguir contratando “a dedo” a más de 100 personas. Y eso es precisamente lo que él y su equipo de gobierno hicieron entre octubre de 2009 y junio de 2011.

“Engañar” es afirmar que aquella Bolsa de Trabajo era legal y que se la “cargó” este gobierno municipal, cuando fu él mismo, convencido de sus conocimientos – o quién sabe de qué-, quien provocó que la Abogacía del Estado interpusiera un Contencioso-Administrativo contra la Bolsa que tanto defendía (y que nunca puso en marcha) y que el TSJ la declarara nula.

“Engañar” también es defender una cosa y su contraria… Llácer engaña a los vecinos cuando afirma públicamente que deberíamos contratar ya a personas de Rocafort y, a la vez, denuncia que la Bolsa de Empleo Social que vamos a sacar adelante es “ilegal” porque los vecinos de Rocafort tienen preferencia.

Engaña cuando dice que que “este gobierno municipal ha tirado a la calle a todos los vecinos de Rocafort que trabajaban en el Ayuntamiento”; y engaña porque sabe que no es cierto y que la realidad indica que de los ONCE (11) contratos “a dedo” que  vencieron entre julio de 2011 y finales de 2012, solamente DOS (2) correspondían a vecinos de Rocafort.

Es cierto que hubimos de pagar indemnizaciones pero oculta de manera deliberada la razón: los contratos que permitió se firmaron en fraude de ley y este hecho fue recurrrido por algunos ex-trabajadores.

Engaña cuando confunde a sabiendas un concurso-oposición con todas las garantías que exige la ley (que fue lo que ocurrió en el verano de 2012 con todo el personal que presta sus servicios en la Escoleta), con “tirar a la calle” a quienes no aprobaron aquel proceso de provisión definitiva de las plazas.

Y sigue engañando porque insiste en propagar confusiones parecidas -de manera deliberada-  afirmando  que “este gobierno municipal ha tirado a la calle al asesor jurídico de Urbanismo y al arquitecto”  Él sabe que se trata de la finalización de contratos de asistencias externas regidas por la Ley de Contratos del Sector Público cuya duración de 4 años él mismo estableció en los pliegos de condiciones para la licitación de esos servicios (de octubre de 2009 a octubre de 2013)

Provoca estupefacción comprobar la enorme diferencia que existe entre lo que lo que afirma y defiende y los hechos; porque los hechos pueden contrastarse en cualquier momento con la documentación que los avalan.

Por eso me pregunto si he leído bien: ¿pide mi dimisión?…

¡Vamos, hombre!… Quizá debería anunciar la suya; sería lo más honesto.

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