Domingo 19 de enero de 2014

El pasado 30 de diciembre, el BOE publicó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las administración local (ayuntamientos), popularmente conocida como la ley de Reforma de los Ayuntamientos.

El poco conocimiento general que existe sobre lo que implica esta ley no hace sino corroborar que ni los medios de comunicación (prensa, radio y TV, fundamentalmente), ni las manifestaciones y concentraciones convocadas para su paralización, ni las explicaciones divulgadas por todos los partidos políticos con representación parlamentaria contrarios a esta ley (todos, excepto el PP)… han hecho mella en el interés que debería haber provocado en todas las personas afectadas: los vecinos de todos los municipios.

Ha funcionado de nuevo la indiferencia.

La retirada de la nueva Ley cosechó en el Congreso de los Diputados 136 votos a favor,  178 votos en contra y 1 abstención. Por lo tanto, se aprobó y ya ha entrado en vigor.

Pocos saben que esta nueva manera de organizar el funcionamiento de los Ayuntamientos y sus competencias comenzará a sentirse de un momento a otro y cuando ocurra llegarán las sorpresas, las lamentaciones y -mucho me temo- los ataques a “todos los políticos, porque todos son iguales” … Lo siento, pero no.

Es un derecho de los ciudadanos ser informados pero para eso los ciudadanos han de querer estar informados:  invertir tiempo, ganas, curiosidad y un mínimo compromiso con uno mismo y con los demás. O sea, huir de la indiferencia.

En Rocafort, un municipio con menos de 20.000 habitantes, las competencias propias que se nos asignan son:

– Alumbrado público

– Cementerio

Recogida de Residuos

Limpieza viaria

Abastecimiento de agua potable

– Alcantarillado

Accesos a los núcleos de población

Pavimentación de las vías públicas

– Parque público

– Biblioteca pública

Tratamiento de residuos

Sin embargo, los señalados en rojo serán coordinados por la Diputación:

Para ello, la Diputación propondrá al Ministerio de Hacienda la forma de prestación del servicio que podrá ser directa por la Diputación o a través de la implantación de nuevas fórmulas (¿os suena?)

Si el Ayuntamiento justifica que puede prestar esos servicios con un coste menor que el que propone la Diputación a través de nuevas fórmulas (?), podrá prestarlos.

Si, por el contrario, lo hace la Diputación, las tasas por esos servicios o el coste de los mismos los vecinos los pagarán directamente a la Diputación.

De la lectura de esta nueva Ley se puede desprender también que la Diputación no delegará en los Ayuntamientos la redacción de proyectos ni la ejecución de las obras correspondientes a su Plan de Obras y Servicios (los PPOOSS) ni al Plan de Caminos Rurales (PCR), lo que significaría que se ha terminado la posibilidad de contratar a profesionales y empresas del municipio para esos casos y la “obligación” de que las empresas integren a personas desempleadas de Rocafort para la ejecución de las obras.

De hecho, el PCR para los años 2014 y 2015 ya será contratado directamente por la Diputación; tanto el proyecto como la ejecución de las obras.

Esta nueva ley recorta drásticamente  la posibilidad de que los ayuntamientos ejerzan la tradicional competencia de satisfacer cualquier aspiración o necesidad de los vecinos, sin que exista un límite claro. De ese modo, podrían quedar eliminadas las referidas a Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deportes… que serían ejercidas y financiadas por la Generalitat (¿es para temblar o no que la Generalitat -en quiebra económica- asuma esos servicios? ¿Qué podemos suponer que pasará…? La privatización de todos ellos)

Pero esta nueva Ley que casi nadie conoce, aún va más allá: ¡atentos!

Cuando un Ayuntamiento no pueda aprobar su presupuesto en el Pleno (habiendo prorrogado el anterior), la Junta de Gobieno Local podrá hacerlo.  ¿Y eso qué quiere decir?…

1. Que se elimina de un plumazo el valor  del diálogo, del debate político, de la participación de todos los grupos municipales y del consenso democráticos.

2. Que el pleno deja de ser el referente plural de la representación de los vecinos

3. Que el máximo órgano de gobierno municipal pierde la competencia sobre la decisión más importante que ha de adoptar en cada ejercicio.

… Y eso,  sin entrar en el tremendo error jurídico que el PP ha cometido probablemente en este aspecto, modificando una Ley Orgánica (LOREG) a través de una ley básica (cualquiera con unos mínimos conocimientos de Derecho sabe que una ley orgánica solamente puede modificarse con otra del mismo rango)

Esto es, a grandes rasgos, lo que nos espera a los vecinos de Rocafort y a los que viven en el 80% de los municipios españoles.

Lo he explicado en anteriores “post”… pero ahora es real y ya está en vigor. 

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