Domingo 19 de enero de 2014
El pasado 30 de diciembre, el BOE publicó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las administración local (ayuntamientos), popularmente conocida como la ley de Reforma de los Ayuntamientos.
El poco conocimiento general que existe sobre lo que implica esta ley no hace sino corroborar que ni los medios de comunicación (prensa, radio y TV, fundamentalmente), ni las manifestaciones y concentraciones convocadas para su paralización, ni las explicaciones divulgadas por todos los partidos políticos con representación parlamentaria contrarios a esta ley (todos, excepto el PP)… han hecho mella en el interés que debería haber provocado en todas las personas afectadas: los vecinos de todos los municipios.
Ha funcionado de nuevo la indiferencia.
La retirada de la nueva Ley cosechó en el Congreso de los Diputados 136 votos a favor, 178 votos en contra y 1 abstención. Por lo tanto, se aprobó y ya ha entrado en vigor.
Pocos saben que esta nueva manera de organizar el funcionamiento de los Ayuntamientos y sus competencias comenzará a sentirse de un momento a otro y cuando ocurra llegarán las sorpresas, las lamentaciones y -mucho me temo- los ataques a «todos los políticos, porque todos son iguales» … Lo siento, pero no.
Es un derecho de los ciudadanos ser informados pero para eso los ciudadanos han de querer estar informados: invertir tiempo, ganas, curiosidad y un mínimo compromiso con uno mismo y con los demás. O sea, huir de la indiferencia.
En Rocafort, un municipio con menos de 20.000 habitantes, las competencias propias que se nos asignan son:
– Alumbrado público
– Cementerio
– Recogida de Residuos
– Limpieza viaria
– Abastecimiento de agua potable
– Alcantarillado
– Accesos a los núcleos de población
– Pavimentación de las vías públicas
– Parque público
– Biblioteca pública
– Tratamiento de residuos
Sin embargo, los señalados en rojo serán coordinados por la Diputación:
Para ello, la Diputación propondrá al Ministerio de Hacienda la forma de prestación del servicio que podrá ser directa por la Diputación o a través de la implantación de nuevas fórmulas (¿os suena?)
Si el Ayuntamiento justifica que puede prestar esos servicios con un coste menor que el que propone la Diputación a través de nuevas fórmulas (?), podrá prestarlos.
Si, por el contrario, lo hace la Diputación, las tasas por esos servicios o el coste de los mismos los vecinos los pagarán directamente a la Diputación.
De la lectura de esta nueva Ley se puede desprender también que la Diputación no delegará en los Ayuntamientos la redacción de proyectos ni la ejecución de las obras correspondientes a su Plan de Obras y Servicios (los PPOOSS) ni al Plan de Caminos Rurales (PCR), lo que significaría que se ha terminado la posibilidad de contratar a profesionales y empresas del municipio para esos casos y la «obligación» de que las empresas integren a personas desempleadas de Rocafort para la ejecución de las obras.
De hecho, el PCR para los años 2014 y 2015 ya será contratado directamente por la Diputación; tanto el proyecto como la ejecución de las obras.
Esta nueva ley recorta drásticamente la posibilidad de que los ayuntamientos ejerzan la tradicional competencia de satisfacer cualquier aspiración o necesidad de los vecinos, sin que exista un límite claro. De ese modo, podrían quedar eliminadas las referidas a Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deportes… que serían ejercidas y financiadas por la Generalitat (¿es para temblar o no que la Generalitat -en quiebra económica- asuma esos servicios? ¿Qué podemos suponer que pasará…? La privatización de todos ellos)
Pero esta nueva Ley que casi nadie conoce, aún va más allá: ¡atentos!
Cuando un Ayuntamiento no pueda aprobar su presupuesto en el Pleno (habiendo prorrogado el anterior), la Junta de Gobieno Local podrá hacerlo. ¿Y eso qué quiere decir?…
1. Que se elimina de un plumazo el valor del diálogo, del debate político, de la participación de todos los grupos municipales y del consenso democráticos.
2. Que el pleno deja de ser el referente plural de la representación de los vecinos
3. Que el máximo órgano de gobierno municipal pierde la competencia sobre la decisión más importante que ha de adoptar en cada ejercicio.
… Y eso, sin entrar en el tremendo error jurídico que el PP ha cometido probablemente en este aspecto, modificando una Ley Orgánica (LOREG) a través de una ley básica (cualquiera con unos mínimos conocimientos de Derecho sabe que una ley orgánica solamente puede modificarse con otra del mismo rango)
Esto es, a grandes rasgos, lo que nos espera a los vecinos de Rocafort y a los que viven en el 80% de los municipios españoles.
Lo he explicado en anteriores «post»… pero ahora es real y ya está en vigor.
Blog de Amparo Sampedro Alemany 
20 enero 2014 at 06:18
Más claro, agua (aunque, en este caso, no se trata de agua sino de algo mucho más turbio).
La Asociación de Vecinos Antonio Machado ya imprimió, hace meses, una octavilla con el resumen de las consecuencias de esta ley. Dejó un bloque de impresos junto a la ventanilla de información del Ayuntamiento, por donde pasa tanta gente a diario. Allí sigue, casi intacto.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, alcaldesa. La indiferencia -vamos a llamarlo así- del pueblo español, de mucho pueblo español, es ya endémica. Y la indiferencia es incultura. Por muchos títulos universitarios que se tengan.
Hablemos con franqueza, aun a costa de resultar impopulares: ¿volvemos a lo de casi siempre, que nos lo merecemos… o se lo merecen?
Sí, «me duele España». Otra vez. Y no solo por esto, con ser muy grave.
20 enero 2014 at 14:18
Para mi, el texto publicado de la Ley es una vergüenza para el poder legislativo, entendiendo por tal -en este caso- el conjunto de diputados y senadores que han votado a favor su aprobación.
La literalidad de la nueva ley evidencia que lo único que se ha pretendido es que determinados poderes económicos controlen los servicios municipales que pueden ser objeto de negocio; es decir, servicios cuya prestación produce ingresos que, además de cubrir los costes dan lugar a un «beneficio industrial/empresarial».
Solo así pueden comprenderse las incoherencias y divergencias entre el artículo 25 (que establece las competencias propias que ejercerá en todo caso el municipio) y el artículo 26 (que establece los servicios que, según el número de habitantes, deberá prestar cada municipio y si podrá prestarlos directamente o «coordinado» por la Diputación) (Puede accederse al texto resultante de la modificación en http://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-5392-consolidado.pdf)
Como has señalado en rojo, los servicios correspondientes a materias de competencia propia municipal que -con elevada probabilidad- darán lugar a contratos mercantiles (recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento y depuración de agua, limpieza viaria, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público) son expresamente regulados en la ley, apartándolos del control directo de los ciudadanos que residen en municipios inferiores a 20.000 habitantes (en municipios mayores, sería descarado hacerlo).
Nada regula la ley para asegurar que existirá oferta -municipal directa o mediante coordinación provincial- para que todos los ciudadanos puedan satisfacer sus demandas con respecto a las materias de competencia municipal que no tienen asegurada la demanda (el negocio), como son «información y promoción de la actividad turística», «ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante», «protección de la salubridad pública» -sin concretar a que se refiere-, «cementerios y actividades funerarias» -materia ya privatizada-, «promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre» -considerado prescindible y, en todo caso, en competencia con el sector privado-, «promoción de la cultura y equipamientos culturales» -igual que en deporte-, etc. etc.
Así de cruda y descarada es la ley que, como dices, es ignorada por una gran mayoría de ciudadanos.
20 enero 2014 at 20:38
Y todo eso para dar cobertura a la institución menos democrática que tenemos. Los diputados provinciales no los elegimos los ciudadanos.Si hasta ahora no hemos tenido bastante con el caso EMARSA y la EPSAR preparémonos para nuevos «mangoneos» con las contratas de servicios a mayor gloria de las DIPUTACIONES PROVINCIALES y el Partido Popular en lugar de eliminar el ente menos democrático como es la Diputación lo potencia con la excusa de evitar el «descontrol» de los Ayuntamientos.
Si, es para preocuparse.