Martes 6 de octubre de 2015

 

Hay sentencias judiciales que el común de los mortales no entendemos. Y no es a causa de su lenguaje inexplicablemente farragoso y antiguo todavía, ni del incorrecto uso de algunos términos y conceptos propios de la administración pública ni de su deficiente sintaxis ni del pésimo empleo que hacen de los signos de puntuación. No, no es nada de eso.

El común de los mortales, a pesar de las pocas habilidades lingüísticas que muestran algunos jueces y magistrados, leemos bien sus sentencias; es decir, entendemos cómo lo dicen pero no entendemos lo que dicen ni compartimos a santo de qué lo dicen.

Una sentencia judicial es, en general, un texto en el que un Juez, un Magistrado o una Sala, expone el caso que le ocupa, relata los antecedentes probatorios (Antecedentes de Hecho) de esa causa y con Fundamentos Jurídicos/Fundamentos de Derecho razona y motiva el Fallo que dicta.

Hace unos días llegó una sentencia al Ayuntamiento. La firma la Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, Laura Alabau Martí.

El fallo de esa sentencia obliga al Ayuntamiento a devolverle a Carlota Navarro Ganau, concejala del PP durante veinte años, la cantidad de 3.810,63€.

Ese es el dinero que el Ayuntamiento gastó en su defensa procesal [en la de ella personalmente] ante la demanda que presentó el grupo municipal socialista en 2008 -y cuyos miembros pagamos de nuestro bolsillo-  contra el propio Ayuntamiento porque se negó a pedirle que devolviera el dinero que había cobrado indebidamente entre 2003 y 2007, mientras cobraba otro salario de la administración pública por su dedicación en exclusiva en la Diputación.

En aquella demanda, -como ya he dicho- el grupo municipal socialista exigió al Ayuntamiento que reclamara a la concejala Navarro el dinero que había cobrado (unos 24.000€ aproximadamente); no se lo exigió a ella, sino a quien se lo pagó. Por lo tanto, no necesitaba una defensa procesal personal [no había necesidad pero sí mucho miedo, añado ahora]

El Ayuntamiento defendió ante los Tribunales haberle pagado y abonó al mismo despacho de Abogados que llevaba la defensa personal de la concejala, una cantidad parecida. 

En marzo de 2010, una curiosa sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia consideró que el Ayuntamiento no tenía por qué recuperar el dinero que había pagado a la concejala Navarro durante el mandato municipal 2003-2007.

El grupo municipal socialista, en 2010, recurrimos en apelación esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que en su Fallo de diciembre de 2012 revocó la sentencia del Juzgado número 2 y obligó al Ayuntamiento a exigirle a la concejala Navarro Ganau la devolución de lo que debía y los intereses legales de ese dinero.

Cuando llegó el Fallo del TSJ, en enero de 2013, yo era la alcaldesa. En su momento, en 2008, promoví la demanda junto a mis compañeros del grupo municipal socialista en la oposición, Pilar Núñez, Make Cortés y Ricardo Pérez.

Sí, lo hice, lo hicimos. Recuperamos para el Ayuntamiento más de 27.000€ y nos costeamos de nuestro bolsillo los gastos del procedimiento judicial.

Sin embargo, la entonces concejala Navarro -obligada a devolver más de 27.000€ a la Hacienda municipal- contó con una defensa personal ejercida por el mismo despacho de Abogados que defendía a la vez al Ayuntamiento, y hemos de pagársela entre todos.

La Magistrada-Jueza Alabau, en su actuación del pasado 11 de septiembre, enjuicia el hecho de manera curiosa y elabora una sentencia… digamos que sorprendente para fundamentar su Fallo.

En el Segundo de los Antecedentes de Hecho, por ejemplo, señala que el Ayuntamiento no aporta sino pruebas documentales para exigirle a la ya ex-concejala el pago de su defensa procesal. Y es verdad, el Ayuntamiento aporta el Fallo del TSJ, un informe de la intervención municipal y otro de la defensa jurídica externa. 

Todo ello insuficiente, parece ser, a ojos de la Magistrada-Jueza. Por mi parte y desde mi ignorancia procesal, nada que añadir.

Pero lo más llamativo se aprecia en el apartado de Fundamentos Jurídicos que enumera.

En el Segundo de esos Fundamentos, la señora Alabau afirma que “[…] el Pleno del Ayuntamiento facultó al alcalde -entonces Sebastián Bosch- para que propusiera a la Comisión de Gobierno [en este caso, la Magistrada-Jueza desconoce el cambio de denominación de ese órgano de gobierno local que pasó a llamarse Junta de Gobierno Local, según la Ley 53/2003, de 16 de diciembre] la designación de Abogado y Procurador para la comparecencia [de la concejala Navarro Ganau]”

Es imposible que la defensa de la concejala Navarro pudiera aportar alguna prueba al respecto, porque ni existió tal pleno ni tampoco ningún acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, la Magistrada-Jueza da por hecho que así sucedió y a partir de esa idea errónea, transmitida por la defensa de Carlota Navarro sin ninguna prueba y aceptada sin condiciones por la señora Alabau, esta abraza los (falsos) argumentos de la defensa y los hace suyos.

Los hace suyos hasta el extremo de olvidar que -en el caso de que ese pleno se hubiera celebrado- la concejala Navarro, naturalmente, habría formado parte de él; y, que, por lo tanto, hubiera sido conveniente conocer cuál había sido el posicionamiento de la concejala sobre facultar al alcalde o no para proponer a la Junta de Gobierno Local la designación de un abogado y de un procurador para su defensa [la de ella].

Del mismo modo, la señora Alabau ha olvidado también comprobar cuál fue la postura de la concejala Navarro en aquella Junta de Gobierno Local, en el caso de que se hubiera celebrado. Porque la señora Alabau no puede haber pasado por alto la condición de teniente de alcalde que ejercía Carlota Navarro y, por consiguiente, su natural adscripción a ese órgano de gobierno municipal en el que debió adoptar una postura al respecto; es decir, o bien votó a favor, o se abstuvo o, como da por hecho la señora Alabau en su Fundamento Jurídico Tercero, la concejala Navarro rechazó la posibilidad “[…] de ser dotada de representación y defensa en [el] procedimiento contencioso administrativo” 

O sea, que la Magistrada-Jueza insiste en su Fundamento Jurídico (Tercero) que no consta que Carlota Navarro pidiera ser dotada de representación y defensa en ese procedimiento y que fue un acuerdo plenario [inexistente] el que facultó al alcalde para proponer en ese sentido un acuerdo [también inexistente] a la Junta de Gobierno Local.

Pero aún hay más, la señora Alabau, en ese mismo Fundamento Jurídico Tercero, introduce una consideración personal que, en mi modesta opinión, no goza de ningún aval jurídico para convertirse en uno de los fundamentos de Derecho a los que apela.

La Magistrada-Jueza dice textualmente: 

“[…] En el caso que nos ocupa, procede considerar que el recurso en que compareció la actora [Carlota Navarro] fue instado por el grupo municipal que al parecer ostenta ahora el gobierno local […]”

¿Y qué?, cabe preguntarse.

¿Es que a la Magistrada-Jueza le parece importante considerar quién gobierna en el Ayuntamiento para juzgar si es legal o no el asunto que se le plantea?

Esas cosas son las que el común de los mortales no entendemos de algunas sentencias y de sus juzgadores.

Por supuesto que el Ayuntamiento cumplirá con la sentencia.

Devolverá a Carlota Navarro Ganau los 3.810,63€ que gastó en su representación y defensa procesal, a pesar de que fue ella quien la exigió [sin necesitarla, como señala la señora Alabau a lo largo de la sentencia]; a pesar de que ni hubo acuerdo de Pleno ni de la Junta de Gobierno Local que la avalara; a pesar de que por sentencia del TSJ hubo de devolver a las arcas municipales más de 27.000€; a pesar de que el gobierno municipal del PP no había cumplido con su obligación y lo sabía; a pesar de que Carlota Navarro, que también lo sabía, se rió una y otra vez -en público y en privado- del asunto y, por lo tanto, de todos los vecinos; y a pesar de que al común de los mortales decisiones judiciales como esta nos dejan perplejos y nos sitúan -sin desearlo- en una orilla distinta a la que ocupan quienes las dictan.

 

 

 

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