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Blog de Amparo Sampedro Alemany

ESCRIBIR PARA PENSAR

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2012

Acceso a la información. Otra vez…

Jueves 20 de diciembre de 2012

… y no me cansaré de explicarlo.

Todos los miembros de la Corporación tienen derecho al acceso de la documentación municipal.  Todos.

Pero la legislación establece unas pautas para garantizar no solo el sigilo debido sobre los datos que se dan a conocer, sino también la responsabilidad de la guardia y custodia de esa documentación. Esa responsabilidad atañe a la Secretaría General de la Corporación.

El sigilo sobre los datos a los que se accede, atañe a los concejales y es responsabilidad de la Secretaría General velar por su cumplimiento.

Por eso, el pasado mes de abril, la Secretaría General emitió una circular informativa a todos los concejales y a los empleados públicos estableciendo el trámite para el acceso a toda la información.

Es fácil:

1. Los concejales tienen derecho SIEMPRE a disponer de una copia de los expedientes y documentos que formen parte del Orden del Día de un órgano colegiado, desde el momento de su convocatoria.  Basta con una petición verbal para que un empleado público les facilite esa documentación fotocopiada (en el horario en el que el Ayuntamiento permanece abierto, es decir, de LUNES A VIERNES entre las 8h y las 15h; los MIÉRCOLES, entre las 16,30h y las 19h y los SÁBADOS de 9h a 13h )

2. Cuando los concejales deseen consultar y/o fotocopiar expedientes y/o documentos que no formen parte del Orden del Día de un órgano colegiado, deberán solicitarlo por escrito. Si en el plazo de 5 días no han obtenido respuesta motivada que impida el acceso y/o las fotocopias, tendrán acceso para la consulta de los documentos y expedientes solicitados en la Secretaría (en el horario en el que el Ayuntamiento permanece abierto; es decir, de LUNES A VIERNES entre las 8h y las 15h; los MIÉRCOLES, entre las 16,30h y las 19h y los SÁBADOS de 9h a 13h). Es decir, que aunque yo me empeñara en hacer caso omiso a su petición (cosa que no he hecho nunca), tienen garantizado el acceso a esa información y la Secretaría general velaría por ello.

3. Se facilitará a los concejales que lo soliciten un listado semanal del Registro de Entrada y Salida de documentos (ningún concejal de la oposición lo ha solicitado nunca)

4. Se permite el acceso a todos los documentos del Registro de Entrada y Salida ((en el horario en el que el Ayuntamiento permanece abierto; es decir, de LUNES A VIERNES entre las 8h y las 15h; los MIÉRCOLES, entre las 16,30h y las 19h y los SÁBADOS de 9h a 13h) En el caso de desear fotocopias, deberán formular su solicitud por escrito. En el caso de no obtener respuesta motivada que lo impida, el acceso a los documentos siempre está garantizado.

Estos requisitos garantizan, por una parte, el acceso de los concejales a la documentación municipal; y de otra, el control necesario que sobre esa documentación debe ejercer la Secretaría general.

Historia rocambolesca:

El pasado martes por la tarde (estando el Ayuntamiento cerrado), se celebraron dos comisiones informativas. La primera a las 16h y la segunda a las 19h. Cuando finalizó la primera, una concejala del PP solicitó a la empleada municipal que estaba desarrollando tareas extraordinarias asignadas por la Secretaría en un despacho diferente al de las oficinas generales, le solicitó -digo- fotocopia de los expedientes de la comisión que iba a celebrarse 1 hora más tarde y que había tenido a su disposición desde el jueves anterior.

La concejala pudo haber hecho esa misma solicitud verbal estando el Ayuntamiento abierto; el jueves, el viernes, el sábado, el lunes o el martes por la mañana. Pero no lo hizo. La empleada, abandonó el trabajo que estaba haciendo y le fotocopió los expedientes.

En ese momento solicitó también verbalmente ver las Resoluciones de la Alcaldía (documentos que forman parte del Orden del Día del Pleno y que están a su disposición a partir de la convocatoria del mismo; o en cualquier momento, si lo solicita por escrito)

Es posible que entonces apareciera el portavoz del PP que amenazó con llamar a la Policía (?) si en ese momento no se le entregaban las Resoluciones de la Alcaldía.

Personalmente no tengo ningún inconveniente en que los concejales vean lo que deseen, se les fotocopien los expedientes de acceso directo (los que forman parte del Orden del Día de un órgano colegiado) y soliciten las copias de cualesquiera otros.  Y de hecho, SIEMPRE que lo han solicitado reglamentariamente, han tenido a su disposición toda la información requerida: expedientes, facturas, contratos, etc. Pero comparto la inquietud de la Secretaría general por garantizar el sigilo debido de los datos a los que se tiene acceso y su responsabilidad en la guardia y custodia de toda la documentación.

El martes por la tarde (estando el Ayuntamiento cerrado) los dos concejales del PP  tuvieron acceso a los documentos que desearon, se les fotocopió lo que pidieron… saltándose por alto lo informado por la Secretaría General y bajo la responsabilidad del vicesecretario (que en ausencia de la titular, actúa como Secretario)

Llamar a la policía es una bravuconada impropia de quien debe conocer sus derechos y deberes como concejal.

Hubiera hecho bien en formalizar una personación ante un funcionario público si se le hubiera negado el acceso a expedientes, documentos y facturas, solicitado en tiempo y forma y reiteradamente denegado sin motivación alguna. (Yo misma le puedo explicar cómo hacerlo porque he estado cuatro años sufriendo esa situación, siendo él concejal de Hacienda y de Cultura. Nunca he podido obtener la copia de una factura, ni la de un expediente que no estuviera en el Orden del Día de un órgano colegiado, ni siquiera he podido ver determinados expedientes…)

Hubiera hecho bien en solicitar la presencia de un Notario si la Secretaría general le hubiera negado reiteradamente su derecho, transcurridos 5 días sin obtener respuesta motivada denegándoselo, a obtener la información solicitada en tiempo y en forma. (Yo misma puedo darle el teléfono de un par de Notarios que aún deben estar desternillándose de risa porque en el Ayuntamiento de Rocafort el responsable de dar fé pública se negaba a hacerlo y había que recurrir a un Notario)

Hubiera hecho bien en llamar a la policía si demasiados miércoles por la tarde (debiendo estar el Ayuntamiento abierto), curiosamente las oficinas municipales aparecían cerradas y la empleada de guardia tenía que pasar la tarde en la puerta sin saber cómo explicar por qué sucedían esas casualidades (Yo misma o la concejala Make Cortés, le podemos relatar aquellas tardes perdidas en las que no podíamos entrar y consultar lo que habíamos solicitado; aunque ese “cierre” causara perjuicio a los vecinos que querían realizar alguna gestión)

Hubiera hecho bien en enfadarse y recurrir a la Guardia Civil porque estando el Ayuntamiento abierto (un miércoles por la tarde o un sábado por la mañana) no se le permitiera entrar en las oficinas municipales; y se encontrara al empleado de guardia pertrechado  y encerrado con llave para impedirle la entrada. (Yo misma puedo relatarle la cara de sorpresa de los agentes de la Guardia Civil ante tamañas barbaridades. También puedo recordarle las presiones que se ejercían contra los empleados municipales y los escritos que se les obligaba firmar, bajo amenaza)

Desde que soy alcaldesa NUNCA SE LE HA NEGADO LA INFORMACIÓN QUE SOLICITA, ni siquiera el martes pasado…

Con solo echar la mirada atrás, debería sentirse avergonzado por lo que hizo y lo que permitió; y de regreso al presente, recapacitar sobre su actual comportamiento.

Aunque, ¡claro!, es solo mi opinión.

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A Trinidad, a Eladia y a Francisco…

Jueves 13 de diciembre de 2012

Cuando leo las intervenciones de Trinidad, de Eladia y de Francisco me pregunto en qué país vivimos… Y no, ¡no hay derecho!

Trinidad plantea que las nóminas se pagan con cargo a una partida (aplicación presupuestaria) diferente, aunque el Capítulo sea el mismo (Gastos de Personal).

Se queja también de que el Plan de Ajuste no se cumple, y no pasa nada…

Eladia y Francisco coinciden en que reciben las convocatorias para un pleno (supongo que ordinario) fuera del plazo legal… además, en el caso que explica Eladia, los concejales dispondrán de 1 hora para estudiar el presupuesto que debatirán y votarán inmediatamente…

Pero, ¿esto qué es?… Algo está fallando y es muy grave.

Cuando los alcaldes actúan de ese modo, los habilitados nacionales (estatales) tienen mucho que decir y por escrito.

Trinidad tiene que saber (aunque debería disponer de la información necesaria a través del secretario/interventor de su Ayuntamiento, porque ella es una CONCEJALA) que las nóminas del personal de la Plantilla deben estar recogidas en la aplicación presupuestaria correspondiente y en cada grupo de función.

Ella tiene que saber (y el secretario-interventor de su Ayuntamiento está obligado a informar sobre ello) que si el Plan de Ajuste (Pago a Proveedores) contemplaba subida del IBI o de Tasas para incrementar Ingresos, había que cumplirlo… cosa diferente es que no se alcance la subida estimada; pero que había que aplicar el aumento, eso es incuestionable.

Eladia recibe la convocatoria de un pleno -fuera del plazo legal- que va a tratar el presupuesto de 2013. Si se trata de un pleno ordinario, el presupuesto -que se lleva a una comisión extraordinaria y urgente- no puede estar incluido en el Orden del Día. Se incluirá como despacho extraordinario y se deberá aprobar su inclusión… Pero, ¿cómo es posible que el debate del presupuesto se lleve de este modo?

Francisco no podrá revisar los expedientes de los asuntos que se llevarán al pleno…

A los tres, a Trinidad, a Eladia y a Francisco: exponed vuestros casos por escrito al Alcalde/Alcaldesa. Tiene 5 días para contestar; si recibís la explicación y no os convence, seguid reclamando. Si en en esos 5 días, no obtenéis respuesta motivada,  que el secretario-interventor os firme vuestra personación reclamando lo que es vuestro derecho. Presentad escrito ante la delegación del Gobierno de vuestra Comunidad Autónoma, adjuntando la copia que habéis presentado en el Ayuntamiento.

Sabed que podéis solicitar un informe al secretario-interventor si 1/3 de la Corporación firma la solicitud.

… De verdad, cuando leo lo que está pasando en muchos Ayuntamientos, me pongo a temblar.

¡Joder, qué tropa! (Conde de Romanones, dixit)

Habilitados estatales (ahora, nacionales)

Lunes 3 de diciembre de 2012

En mi humilde opinión, sería de agradecer que nadie pretendiera confundir a la opinión pública en aspectos sobre el funcionamiento de la administración local que están totalmente reglados.

Uno de esos aspectos es el que afecta a los Habilitados estatales (un cuerpo de funcionarios con funciones reservadas por ley y con movilidad estatal que se rigen, en algunos puntos, por una legislación específica)

Para el común de los mortales ya es suficientemente farrogoso el marco legal, como para que no se intente explicar con claridad dejando al margen opiniones personales que no pueden modificarlo.

Las personas que servimos a la administración pública como miembros de una corporación local, tenemos la obligación de explicar con sencillez asuntos que pueden provocar la incomprensión de quienes los leen.

Cualquier partido que ha concurrido a las elecciones municipales con la legítima aspiración de adquirir responsabilidades de gobierno y que cuenta con representantes en el Ayuntamiento desde hace muchos años, está obligado a mantener la cautela a la hora de expresar sus exigencias, cuando éstas pueden conculcar la legislación; y debería esforzarse para que la opinión pública entendiera el marco legal en el que nos movemos.

Hay concejales que llevan en el Ayuntamiento más de 17 años ininterrumpidos y estoy segura de que han acumulado conocimientos suficientes  acerca del marco legal que regula la administración local y el asunto que ahora se plantea.  Porque ser concejal debe ser, además de un obligado compromiso público y político, un  comportamiento  -conociendo el funcionamiento de la administración local-  con voluntad pedagógica para explicar con sencillez a todos los administrados los aspectos más intrincados de la administración pública a la que servimos.

Los habilitados estatales tienen funciones reservadas por ley que no pueden desarrollar otros funcionarios. Ese mismo marco legal les permite acumular esas funciones en otros Ayuntamientos sin desasistir las mismas en su puesto principal.

¿Eso qué significa?

1. Que los habilitados estatales no son funcionarios-técnicos “al uso”; es decir, que no son técnicos, y que, en realidad, solo están obligados a ejercer sus funciones reservadas. Nos guste o no al resto de los mortales.

2. Que los habilitados estatales pueden acumular sus funciones (reservadas) y ejercerlas en otros Ayuntamientos sin que ello suponga una reducción de sus retribuciones porque siguen cumpliendo con su jornada y con sus obligaciones en su puesto principal.  Nos guste o no al resto de los mortales.

3. Que los habilitados estatales no suplen a los técnicos de la administración o de gestión  y que, cuando lo hacen, es por voluntad propia. Nos guste o no al resto de los mortales.

Estando en la oposición (2007-2011) denuncié una y mil veces la creación de una nueva plaza de habilitado estatal, porque con el coste que suponía se podían haber creado dos de técnicos que era – y es- lo que el Ayuntamiento necesitaba. El PP e IxR votaron a favor de la creación de esa tercera plaza, el PSOE votó en contra. Y ahora tenemos tres habilitados estatales (una rareza teniendo en cuenta el insuficiente cuerpo técnico y administrativo de carrera del Ayuntamiento)

El Interventor (habilitado estatal) acumuló sus funciones en otro Ayuntamiento durante un periodo de 8 meses (antes de junio de 2007). No recuerdo que ningún concejal de aquel momento expresara su opinión en contra públicamente.

Podríamos debatir si nos gusta o no la legislación que regula a los habilitados estatales y quizá estaríamos de acuerdo en muchos aspectos; porque no es lo mismo un Ayuntamiento con una plantilla bien dimensionada que un Ayuntamiento con unas debilidades “estructurales” como el nuestro. Pero ni siquiera estar de acuerdo en eso sería suficiente para cambiar la realidad: porque la labor de un habilitado estatal no suple la que debe desarrollar un técnico ni mucho menos la de un administrativo de carrera.  Y ése es el verdadero problema: que no tenemos una plantilla lo suficientemente “profesionalizada”.

Cambiar todo eso requiere tiempo, trabajo, dedicación y presupuesto.  Una convocatoria para la provisión reglamentaria de plazas suele durar unos 8 meses (aprobación de Bases, publicación en el BOE, constitución del tribunal, periodo para la presentación de los aspirantes, listados provisionales, periodo de subsanación, periodo de recursos, realización de las pruebas, corrección, publicación de listados provisionales, periodo de recursos,  presentación de documentación, etc.)

Muchos secretarios e interventores acumulan sus funciones en uno o varios Ayuntamientos y eso no es ninguna novedad; tratar el asunto aquí en Rocafort como si fuera una situación extraordinaria, es ignorar todo lo que he relatado antes.

Tanto la Secretaria general como el Interventor municipal cumplen aquí con sus funciones reservadas y, además, con otras que no les corresponden si vamos al estricto régimen de la ley. Cumplen con el cómputo anual horario al que están obligados… entonces, ¿cuál es el problema?

El problema no es que la Secretaria y el Interventor hayan acumulado sus funciones en otro Ayuntamiento y le dediquen una mañana; el problema es el que es…  y por eso trabajamos para resolverlo.

Solo pido un poco de pedagogía a la hora de exponer cualquier argumentación para que los lectores -que no tiene por qué conocer el farragoso marco legal- puedan forjarse su propia opinión con información veraz.

Convenio K.O.

Vienes 30 de noviembre de 2012

[El texto que a continuación transcribo ha sido escrito por el concejal de Cultura y Fiestas, Alejandro Marco.  Tras el pleno de ayer, sus reflexiones deberían hacer recapacitar a algunos.]

Una muestra del porqué los ciudadanos en general repudian a la clase política considerando que las acciones y los discursos de todos son iguales, la tenemos en el pleno ordinario de Noviembre, celebrado ayer día 29/11/2012 en Rocafort.

Y me refiero concretamente al punto del convenio con la asociación cultural La Pedrera, en el que se votaba la cesión de 3 de las 4 aulas que han quedado vacías en la Casa de Cultura por el traslado de la escoleta infantil, para realizar allí talleres de ocio y tiempo libre (cerámica, pintura, expresión corporal, etc.)

Con la intención de empezar a regular por escrito la cesión de locales municipales a asociaciones del pueblo, el Ayuntamiento redacta en este caso un convenio que, en resumen, dice lo siguiente:

1. El Auntamiento de Rocafort cede 3 aulas que no se utilizan de la Casa de Cultura a la asociación cultural La Pedrera para impartir talleres. Talleres que ya comenzaron en Octubre, porque al ser trimestrales tienen que cubrir todo el ejercicio anual (de Octubre- Diciembre, de Enero-Marzo y de Abril a Junio).

2. A cambio,  la asociación La Pedrera renuncia a una subvención del Ayuntamiento, que tuvo por primera vez en el presupuesto de 2012, de 800€ anuales.

3. Se compromete además a realizar DIEZ actividades culturales anuales abiertas a la participación de todos los vecinos sean asociados o no.

Después de comenzar estos cursos,  la secretaría del Ayuntamiento nos comunica que, según su criterio, hay que redactar ese convenio que tiene que pasar y ser votado en pleno municipal, y además por mayoría absoluta (la mitad de concejales que conforman la corporación+1, estén presentes en la votación, o no.) Es decir, que 7 concejales debían votar favorablemente este convenio, estuvieran presentes los que estuvieran.

Se explica por activa y por pasiva a la oposición tanto en la comisión de Cultura celebrada el día 20 de Noviembre, como ayer en el mismo pleno, que es la mejor opción tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos;  porque con esta fórmula, tanto monitores como alumnos -todos socios de la Pedrera-, se produce un intercambio de conocimientos entre ellos (monitor-alumno) y no es necesario que un monitor/profesor se tenga que dar de alta en autónomos, hecho que encarecería sus retribuciones y, por tanto, también encarecería el precio del curso.

El punto discordante es el que obliga a cada vecino que quiera apuntarse a un taller a ser socio de La Pedrera por 12€ ANUALES.

La sorpresa nos la llevamos cuando IxR, antes de aclarar ningún punto, adelanta que va a votar en contra y explica que lo hace por disconformidad con el pago de 12€ anuales para asociarse a La Pedrera. Lo dice sabiendo que todas las asociaciones funcionan igual. O sea: se cede un espacio municipal y las asociaciones lo destinan para actividades de sus socios.

Este es el mismo método que han empleado durante muchos años la mayoría de las asociaciones, por no decir todas, pagando una cuota sin que nadie, incluido el partido socialista de Rocafort, haya puesto ninguna objeción al respecto, todo lo contrario, ya que es una fórmula lógica para re-invertir esa recaudación en más oferta.

Además, así se consigue incentivar el asociacionismo, lo que enriquece la participación de los vecinos y aumenta la posibilidad de crear actividades de todo tipo de unas asociaciones sin ánimo de lucro y con una importante labor ciudadana.

En este caso, hay una diferencia respecto a otras asociaciones y es que La Pedrera renuncia a la subvención del Ayuntamiento, cuando otras no lo hacen, cosa que también respetamos, todo sea dicho.

El portavoz de IxR, más tarde, viendo la gravedad que puede tener votar en contra de este convenio, reculó y dijo que simplemente cambiando la parte de tener que asociarse a La Pedrera y creando 2 precios distintos, estaría de acuerdo…

¡Pero es que eso no se puede! Debería saber que la ley no permite este tipo de opciones de pago, porque ya no sería un intercambio de conocimientos entre asociados, volveríamos a la fórmula profesor-alumno, en la que el profesor tendría que estar dado de alta.

¡No es intransigencia del equipo de gobierno ni de la alcaldesa!

Todo esto ya se lo había explicado yo mismo varias veces, pero si aún le cabía alguna duda debería haberlo consultado con la secretaria general del Ayuntamiento… pero parece que es más fácil no pegar ni golpe y esperarse al último momento a opinar sin pensar en el daño que puede causar a las partes implicadas.

Lo del PP de  Rocafort es aún peor. Ya en la comisión de Cultura de la semana anterior, me comentaron que no lo veían claro y se les escapó esta frase:  “La Pedrera es una asociación afín al grupo socialista de Rocafort…”, a lo que yo respondí que cómo es posible que digan eso y si es que se dedican a vigilar a las 150 personas que la forman cuando van a votar.

Peor aún es cuando, nada más acabar la votación de este punto del pleno, y salgo del salón un momento, me encuentro a uno de sus concejales (PP) al cual respeto mucho y me comenta lo siguiente:

“Alejandro, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que José Antonio no ha votado a favor? A mí me han jodido porque yo me iba a apuntar al curso de teatro…” A lo que respondo que su voto es personal y tendría que haber votado a favor, que es su derecho, ….entonces…????

Del concejal no adscrito Sebastián Bosch, no comento nada que no se sepa; su voto en contra viene dado también por su mala opinión en relación con esta asociación, que viene de tiempo. Pese a aclararle sus dudas antes del paso a la votación, referentes a que la impartición de esos talleres no suponía ningún gasto extraordinario en personal ni en limpieza para el Ayuntamiento, éste no cambió de opinión.

Tenemos a casi 90 personas realizando talleres, todas asociadas a La Pedrera sin ningún tipo de problemas; por primera vez hay un seguro con vigencia para todo el curso (hasta junio) por posible accidente, que cubre a cada una de estas personas. La concejalía de Cultura ha trabajado duro para crear la fórmula más sencilla, barata y práctica -dadas las circunstancias actuales por las que atraviesa el Ayuntamiento y la sociedad en general-  para ampliar la oferta cultural y en el Pleno de ayer el PP e IxR y Sebastián Bosch echaron por tierra todo eso.

Quiero dar las gracias a la asociación La Pedrera por aceptar siempre colaborar con el Ayuntamiento y por el pueblo;  por crear teatro, música, conferencias, etc., actividades pagadas con su propio presupuesto, aunque a veces y me consta, tengan pérdidas. Por realizar los cursos y talleres renunciando a la subvención y arriesgándose con unas condiciones que pueden incluso llevarles a perder dinero.

En resumen:

Esto es solo una parte de la inmensa mierda en la que algunos se empeñan en convertir la política local. Acepté ser concejal para hacer cosas por mi pueblo y ayudar en lo que pueda a mis compañeros en el gobierno municipal, recibo un beneficio neto de 28,50€ por pleno(1 al mes) y de 22,80€ por comisión (una vez al mes). Dejo de un lado a mi familia y mis aficiones para acudir a gran cantidad de reuniones y actos durante la semana y los fines de semana; para organizar y planificar la actividad cultural y de fiestas durante todo el año, para buscar soluciones prácticas e imaginativas lo más baratas posibles… para que después explicándolo todo por activa y por pasiva y dando toda la información algunos quieran convertir la política local en juego sucio.

Yo sigo trabajando por mi pueblo, pero en días como el de ayer uno piensa si realmente vale la pena seguir con todo esto…

Alejandro Marco Perez

Concejal de Cultura y Fiestas

¿Asesores, abogados?… ¡Las cosas claras!

Jueves 22 de noviembre de 2012

Alzar el “vuelo” a costa de inexactitudes y de errores y difundir un discurso que induce al escándalo gratuito, daña considerablemente la confianza en las instituciones, en quienes forman parte de ellas (en el gobierno y en la oposición), y en los empleados públicos que las sustentan.

Es un error, un tremendo error que no favorece a nadie ni a nada.

Quienes asisten regularmente a los plenos, quienes los visionan a través de la web municipal, quienes asisten a las sesiones informativas o quienes leen habitualmente este blog no necesitan de desmentidos ni de aclaraciones.

Sin embargo, la duda sembrada aconseja repetir lo que ya se ha dicho en otras ocasiones. 

 

Por qué y para qué los servicios jurídicos

La inmensa mayoría de los Ayuntamientos contratan este tipo de asistencias externas.

¿Para qué? Para garantizar la asistencia y la defensa en juicios del Ayuntamiento y para disponer de una asesoría externa en materias diversas que sirve de apoyo también a la labor de los propios habilitados nacionales y de los técnicos municipales.

¿Por qué contratan este tipo de asistencias? Para abaratar costes porque todos los servicios están incluidos en el precio total de la licitación del contrato.

Estas tareas las pueden hacer los habilitados nacionales y la Diputación” (dicen…)

Afirmar esto es ignorar el papel que la ley asigna a los habilitados nacionales y desconocer también que la Diputación de Valencia ÚNICAMENTE PRESTA SERVICIO DE DEFENSA EN JUICIO y de ASESORAMIENTO a los municipios MENORES DE 5.000 habitantes.

En caso muy concretos, como la elaboración de las RPT/Relaciones de Trabajo, u otros documentos complejos como ése, la Diputación acepta asesorar a Ayuntamientos mayores, como ha sido nuestro caso. Guardando, eso sí, una larga lista de espera, porque la preferencia la siguen teniendo los municipios más pequeños.

Sí es cierto que el Ayuntamiento cuenta con tres habilitados nacionales (secretaria, vicesecretario e interventor), una rareza que sorprende teniendo en cuenta el tamaño del Ayuntamiento y de su cuerpo administrativo; y también es cierto que la creación de la plaza de vicesecretario, por el anterior gobierno, fue una barbaridad (que, por cierto, contó con el voto favorable del concejal de IxR). Y fue una barbaridad porque en lugar de duplicar la plaza de la secretaría, debió crearse otra plaza de técnico -mucho más necesaria- y que hubiera ahorrado unos 64.000€ anuales.

Los técnicos municipales que hay en la plantilla son solo dos:

– 1 aparejador (funcionario)

– 1 técnico de gestión y administración (desde el 27 de julio de 2012. Funcionario interino)

Existen tres asistencias técnicas contratadas en 2009 durante cuatro años:

– 1 arquitecto (10 horas semanales y el mes de agosto excluido)

– 1 asesor jurídico en materia de Urbanismo (10 horas semanales y el mes de agosto excluido)

– 1 ingeniero (10 horas semanales y el mes de agosto excluido)

Evidentemente, los recursos humanos son insuficientes para abarcar cada uno de los ámbitos de la administración local.

Si los grandes Ayuntamientos de toda España, e incluso la propia Generalitat -que cuenta con un cuerpo jurídico de 80 letrados, más de 130 funcionarios adscritos a la Abogacía de la Generalitat y centenares de técnicos-  contratan servicios de asesoramiento y defensa en juicio, disponiendo de plantillas de Personal calibradas y estructuradas, ¿cómo no la vamos a hacer los Ayuntamientos pequeños que, como en nuestro caso, disponemos de una Plantilla insuficiente?

Cómo se han contratado los servicios jurídicos y de asesoría externa y qué nos cuestan

A finales del mes de julio de 2011, firmé un contrato menor (respaldado por la Ley de Contratos del Sector Público) con una consultoría que incluía todos los servicios; la situación del Ayuntamiento lo requería. Pagábamos 3.500€/mes + IVA

Ese contrato debía finalizar a finales de diciembre, sin embargo los servicios administrativos, por diversas razones, no pudieron elaborar el expediente para licitar un nuevo contrato más amplio en el tiempo y de características diferentes. Y hubimos de mantener aquella situación durante dos meses para garantizar la defensa en los juicios “vivos” y el resto de los servicios.

Aún tuve que mantener esos mismos servicios jurídicos, mediante otro contrato menor (con idéntica legalidad administrativa) hasta que fue posible poner en marcha la licitación.

Finalmente, los servicios administrativos del Ayuntamiento pudieron resolver el asunto. La secretaria general redactó los pliegos de condiciones, que fueron  fiscalizados por la Intervención municipal, y se hizo la convocatoria, de acuerdo también con la Ley de Contratos del Sector Público.

El resultado de esta actuación es que desde septiembre contamos con la colaboración de otro gabinete jurídico que nos cuesta 2.333€/mes + IVA y que incluye tanto la elaboración de informes, como la defensa en juicio del Ayuntamiento y los trabajos de asesoramiento municipal (incluidos a los propios habilitados nacionales) para diversos asuntos que no necesariamente tienen por qué conocer en profundidad (tributario, penal, laboral, civil, etc.)

Hay que recordar que con anteriores gobiernos municipales se mantuvieron entre 2 y 3 contratos de ese tipo a la vez, pagando una media mensual de 2.000€/mes y sin incluir ni los gastos de defensa en juicio ni la elaboración de informes, que se facturaban aparte (solo en 2010 los gastos jurídicos llegaron a los 60.000€).

Ha habido facturas por un solo procedimiento de más de 19.000€; y la media ha rondado los 6.000€. Si el Ayuntamiento ha estado incurso, de un modo u otro, en unos 15 procedimientos… echemos cuentas. Y esos gastos, solo en juicios. Además, se añadía el coste de la emisión de informes (unos 2.500€ por cada uno de ellos) y el coste del asesoramiento (unos 1.200€/mes)

Esos contratos no se licitaban. Se tramitaban como contratos menores (es decir, de hasta 18.000€/año + IVA) y se prorrogaban tácitamente o bien se cambiaba el titular del mismo, para no tener que licitarlos.

En definitiva, este gobierno municipal, tras las dificultades iniciales, ha conseguido regularizar la prestación de los servicios jurídicos (habituales en la inmensa mayoría de los ayuntamientos) y los ha abaratado considerablemente en comparación con gobiernos anteriores.

El asesoramiento para el concurso público para el abastecimiento de Agua

En estos últimos meses, hemos tenido que formalizar el expediente para licitar un nuevo contrato público para el abastecimiento del agua. Es decir, redacción de los pliegos técnicos, los pliegos administrativos, el anteproyecto de explotación, los estudios económicos y el reglamento del servicio.

Y todo eso debía hacerse mientras se seguía el procedimiento para la provisión definitiva de plazas de la Escoleta Infantil, se elaboraban los pliegos y licitaciones de las obras pendientes desde 2007, se continuaba con la regularización de contratos de servicios pendientes, se abordaban las bases para las convocatorias y provisión definitiva de plazas y el trámite administrativo diario…

Los recursos humanos con los que cuenta el Ayuntamiento son insuficientes para un trabajo de esa envergadura, por ello el trabajo para formalizar el expediente del concurso público para el abastecimiento del agua, con todos los documentos que comporta, se ha debido encargar a una consultoría que cuenta con personal especializado en cada una de las materias necesarias para llevarlo a cabo (economistas, jurídicos, ingenieros, auditores…), y con una amplia experiencia por su trabajo a lo largo de más de 20 años en muchos Ayuntamientos gobernados por partidos diferentes.

Los costes van a cargo de la nueva adjudicataria del concurso, como ocurre en todos los Ayuntamientos que han tenido que externalizar este trabajo por caracer de medios propios para llevarlo a cabo.

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Una cosa es la legítima discrepancia y la crítica que la oposición haga del gobierno municipal y otra bien distinta alarmar con información falsa o inexacta.

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