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Blog de Amparo Sampedro Alemany

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Nada es casualidad, de verdad que no

Lunes 4 de abril de 2016

Un conocido político valenciano, de fulgurante estrellato a partir de finales del siglo pasado, solía apostillar las situaciones extravagantes con una frase: “en política, nada pasa por casualidad”

Para situaciones extravagantes, la que sucedió el pasado jueves aquí en Rocafort.

La oposición municipal, formada por el PP, IxR y Ciudadanos, al filo de las 8 de la tarde entregó en mano al vicesecretario municipal una moción de reprobación contra mí, para que fuera incluida con extrema urgencia en el Orden del Día del pleno que iba a celebrarse inmediatamente.

El viceseretario leyó el documento, consultó la legislación y -subiendo la escalera de camino al pleno-  me dijo que eso no se podía incluir en el Orden del Día porque correspondía al punto de Ruegos y Preguntas.  Es decir, el punto en el que la oposición debe presentar los Ruegos que considere oportunos respecto a la actuación de la alcaldesa, de los concejales delegados o de la Junta de Gobierno Local.

Y eso fue lo que pasó en el pleno, que le di la palabra al vicesecretario y que él expresó su opinión fundada en derecho. Porque una cosa ha de estar clara: cuando un funcionario con habilitación nacional informa (verbalmente o por escrito), no emite una opinión “personal” sino que sostiene un criterio jurídico.

Como la forma es el fondo, la extravagancia también se aprecia en el fondo de la cuestión: el PP, IxR y Ciudadanos me reprueban por una supuesta “ocultación de información” a la que dicen estar sometidos (?), por no recibir las actas de la Junta de Gobierno Local en el plazo establecido por la legislación (?) y por no atender las peticiones de los vecinos (sic)

 

(fuente: Hermano Lobo)

 

Repetir (y demostrar) de nuevo que desde que fui elegida alcaldesa, a mediados de junio de 2011, los concejales de la oposición tienen a su disposición toda la información a la que tienen derecho y otra que puedan solicitar, y que se les facilita su labor hasta el extremo de que no sea necesario ni siquiera que se acerquen al ayuntamiento (como es su obligación), ya resulta cansino y ocioso.

Pero, sí, lo repito: así es desde el 13 de junio de 2011.

Explicar aquí otra vez que la redacción y la distribución de las actas de los órganos de gobierno no es competencia de la alcaldía sino de la secretaría general, es ridículo.

Una reprobación basada en los puntos anteriores, y en un tercero cuya vaga redacción manifiesta la debilidad de los argumentos que se utilizan, es lo que me ha traído a la memoria la frase de aquel político valenciano ante situaciones extravagantes, “en política, nada pasa por casualidad”

Extravagancia la del grupo municipal del PP, que gobernó (?) durante 16 años el ayuntamiento con absoluto desprecio a los ciudadanos y a los concejales que trabajaban en la oposición, y que ahora  -con sus derechos garantizados para ejercer su labor de fiscalización y con todas las facilidades posibles para no tener ni que desplazarse al ayuntamiento si no están por la labor- pretendan hacer creer que lo que está sucediendo no es real y que para transparentes ellos de toda la vida.

Extravagante también la postura del concejal de IxR. Su presencia ininterrumpida en el ayuntamiento desde 1995 le ha permitido conocer cómo las han gastado los distintos gobiernos del PP -gobiernos de los que han formado parte el 50% de los actuales concejales de ese partido-; durante 16 años de gobiernos del PP ha visto -si lo ha querido ver- barbaridades de todo tipo y abusos en todos los órdenes del ámbito municipal.  Y resulta que ahora sale a la palestra agarrado a la mano de ese mismo PP como quien se agarra a un clavo ardiendo…

Es grotesco, lo sé. Lo de unos y lo de otro.

Cuando existen comportamientos extravagantes e incongruentes como esos, será porque prevalecen intereses que no conviene desvelar. Será porque a quienes se comportan de ese modo les resulta más cómodo mantener esa actitud que explicar con claridad qué es lo que pretenden realmente. Y es que explicar lo que no tiene fundamentación porque no existen motivos ciertos, es imposible.

Es verdad, en política nada pasa por casualidad.

 

 

 

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¿En serio que no sospechaban nada…?

Martes, 15 de marzo de 2016

 

No, no sospechaban nada.

 

El Roto

 

 

Nadie sospechó nunca de sus propias campañas electorales, que eran ostentosas y presumiblemente carísimas. Nadie pensó que el attrezzo que se gastaban debía costar una pasta gansa. Nadie. 

  • Presuntamente, los asistentes a los almuerzos de cada sábado nunca se plantearon por qué no los pagaban a escote. Una comarca tras otra, un pueblo tras otro durante años y por toda la provincia.
  • Presuntamente, la militancia no se preguntó por qué no pagaba una cuota por su afiliación (en la mayoría de los casos)
  • Presuntamente, a nadie de todos ellos (y de ellas) le extrañaba la cantidad de medios y de recursos con los que contaban.
  • Presuntamente, nadie sospechó nada porque todo sucedía como debía suceder. Naturalmente y sin aspavientos. Ungidos como estaban por una mayoría silenciosa que ni me pestañeaba ante lo evidente.

 

 

La conversación que Mª José Alcón mantuvo con su hijo de 20 años y que hoy transcribe el diario Levante-emves elocuente y miserable.

La reacción del joven provoca náuseas.

 

Sí, la realidad supera la ficción.

¿Y qué?, si al fin y al cabo ninguno de todos ellos (y de ellas) sospechó nunca nada. Presuntamente, claro.

 

 

 

 

 

 

 

¿Cubrir el expediente? No, gracias.

 

Domingo 21 de febrero de 2016

 

Desde hace días, colea un debate ficticio en facebook a propósito de la transparencia. El debate, adulterado, parte de una premisa falsa: “la transparencia, sea lo que sea que signifique, es un derecho inalienable”

De todos los debates políticos” (?) que estallan en esa red social, este es el más recurrente: se re-crea con facilidad, va directo a las vísceras de cada individuo (y así se condiciona su respuesta) y lo abarca todo. No hay límites. Por lo tanto, es el que más seguidores convoca.

 

 

 

Las bazas que se juegan para promover e incendiar ese debate (falso) acerca de la Transparencia en la administración, son variadas: desde mezclar con simpleza unos conceptos con otros y un tipo de documentos con otros, hasta combinar de manera zafia lo que uno sabe (y no dice) con lo que la mayoría ignora.

Precisamente por eso, la baza fundamental de estos nuevos “gurús” de lo transparente consiste en aprovecharse del desconocimiento general sobre lo que significa la Transparencia, a qué obliga y qué ofrece; de esa manera, siembran la confusión que necesitan para poder erguirse como abanderados de su propia causa. (Y digo bien, su propia causa: es decir, la personal y partidista)

 

 

Hay que alejarse de tanto simplismo.

La Transparencia y su aplicación en la administración pública es un comportamiento responsable y una obligación legal que se ajusta a las leyes que la regulan y a las que determinan el funcionamiento y el régimen jurídico de los ayuntamientos, para garantizar los derechos y las obligaciones de todos: de la ciudadanía y de quienes ejercemos la política como servicio público.

A partir de ahí, cobra sentido el relato de lo que realmente ha sucedido en el Ayuntamiento acerca del acceso indiscriminado a la información y de la fotocopia indistinta de documentos del Registro General por parte de lo concejales y de la grabación o no de las intervenciones del público tras los plenos.

  1. El marco legal que regula el régimen jurídico y de funcionamiento de la administración local (ayuntamientos), que no ha sido modificado ni por la Ley (general) de Transparencia ni por la Ley valenciana de Transparencia, en lo que respecta al debate abierto en Facebook, determina estos aspectos:
  • acceso de los miembros de la Corporación al Registro general de Entrada y Salida del Ayuntamiento (en adelante, RG) y a la documentación que contiene.
  • modo en el que han de redactarse las actas de las sesiones de los órganos de gobierno colegiados (Junta de Gobierno Local y Pleno), las de sus órganos suplementarios y no vinculantes (comisiones informativas), y qué extremos deben constar en las acta

 

     2.  Ese mismo marco legal reserva determinadas funciones exclusivamente al Secretario (de cualquier ayuntamiento), entre otras:

  • La responsabilidad de la gestión del RG y la custodia de los documentos que contiene.
  • La elaboración de las actas

 

 

ACCESO Y FOTOCOPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE EL REGISTRO GENERAL.

No es verdad. No es cierto que exista un derecho general de los concejales ni al acceso indistinto ni a las fotocopias indiscrimanadas de los documentos que contiene el RG, porque la legislación (y la jurisprudencia) no considera esa información ni de libre acceso para todos los miembros de la Corporación ni para la ciudadanos. El motivo: esa documentación puede contener datos sobre circunstancias personales de los administrados que no aportan información indispensable para el seguimiento y la fiscalización de las labores de gobierno, y atañen a aspectos confidenciales de las personas cuyo tratamiento reservado ni puede ni debe confundirse con una presunta opacidad.

Hay muchos ejemplos, pero me limitaré a exponer solamente algunos de ellos:

 

  1. Documentos que entran al Ayuntamiento ordenando embargos judiciales a personas. Nombres, causas y procedimientos.
  2. Documentos que salen del Ayuntamiento certificando a los diferentes Juzgados el cumplimiento de lo ordenado en el punto anterior. Nombres, causas y procedimientos.
  3. Documentos que entran en el Ayuntamiento, de diversos estamentos públicos, ordenando el embargo del importe de facturas a empresas, personas físicas y jurídicas. Nombres, causas y procedimientos.
  4. Documentos que salen del Ayuntamiento certificando el cumplimiento de lo ordenado en el punto anterior. Nombres, causas y procedimientos.
  5. Documentos que entran y salen del Ayuntamiento sobre el Padrón Municipal
  6. Documentos que entran en el Ayuntamiento y que reflejan situaciones conflictivas (riñas, denuncias, desprotección familiar, exclusión social, solicitud de ayudas de emergencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, etc. etc.)
  7. Documentos que salen del Ayuntamiento, dirigidos a otros estamentos de la administración pública, para resolver y/o encauzar las situaciones descritas en el punto anterior.
  8. Documentos que entran en el Ayuntamiento y que contienen información reservada como: declaraciones de la Renta y de Patrimonio, sentencias de divorcio, separación y/o disolución matrimonial; régimen económico de las situaciones antes descritas; órdenes judiciales de alejamiento; autos judiciales que ordenan cumplimiento de condenas; escrituras, facturas con datos empresariales y bancarios, etc. etc.
  9. Instancias en las que constan nombres, apellidos, NIF, domicilios, teléfonos, correos eléctronicos y datos bancarios.
  10. Documentos que entran en el Ayuntamiento en los que consta información sobre deudas de los contribuyentes y datos personales.

 

Etc. etc.

 

Por lo tanto, cumplir con la ley protege la documentación que contiene el Registro general que afecta directamente a las personas, pero no impide en absoluto que los concejales de la oposición accedan ni a las anotaciones de ese RG (de hecho, las reciben a diario), ni a la consulta directa de su documentación.

No es un criterio nuevo de la Secretaría general municipal de Rocafort; ya lo marcó en 2012, lo reiteró en 2013, se ratificó en el mismo en un informe de julio de 2015 (informe que está a disposición pública en la web municipal: http://www.rocafort.es), y volvió a hacerlo el pasado 20 de enero ante los portavoces de los grupos municipales.

 

El Secretario, en la Junta de Portavoces del pasado 20 de enero, expuso el procedimiento a seguir:

 

  1. Todos los concejales recibirán a diario a través de su correo electrónico institucional, un extracto de las anotaciones del RG del día anterior. Ese extracto contiene el número de Registro, la fecha de Entrada o de Salida, el nombre de quien lo firma, una descripción sucinta del asunto y el departamento al que se dirige (dentro del Ayuntamiento o fuera, en el caso de las Salidas)

 

  1. A la vista de ese extracto, los concejales –a vuelta de correo- pueden pedir copia de los Registros y de la documentación que contienen, cuando lo consideren necesario para el normal ejercicio de sus funciones.

 

Para agilizar el procedimiento, y dando por hecho una actitud responsable de los concejales de la oposición, me comprometí a no hacer uso de los 5 días que la legislación otorga a la alcaldía para autorizar, o denegar de manera motivada, la copia de la documentación que contiene el RG que soliciten.

En definitiva, se trataba de facilitar a los concejales el envío en pdf (correo electrónico) de las copias de los documentos del RG que pudieran necesitar para ejercer su labor, a la vez que el Ayuntamiento –la administración, en este caso la Secretaría general- ejercía su control legal y conocía quién las había pedido y, por lo tanto, quién se responsabilizaba personalmente del uso que pudiera hacer de ellas.  En conclusión: los concejales no tenían ni que acercarse al Ayuntamiento para cumplir con sus obligaciones.

 

Sin embargo, este procedimiento -que se inició el lunes 25 de enero-, ha sido obstruido por dos de los tres grupos municipales de la oposición (IxR y el PP) que, desde ese día, solicitan a diario copias de todo el RG y de los documentos que contiene, de manera indiscriminada.

Esa actitud obligó a la Secretaría general a tomar la decisión –en cumplimiento de su responsabilidad legal de custodia documental- de ajustarse al estricto cumplimiento de la ley; es decir, el concejal solicita por escrito ver el  Registro general y, una vez que ha tenido acceso a él, vuelve a solicitar por escrito fotocopia de los que necesita, motivando, en cualquier caso, su interés. La alcaldía hace uso de los cinco días que la la ley le otorga para facilitar las fotocopias, o denegarlas motivando el porqué a través de una Resolución.

 

LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y LA GRABACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PÚBLICO.

 

Como ya he explicado antes, la redacción de las actas de los órganos de gobierno colegiados y de sus órganos suplementarios es competencia exclusiva de la Secretaría.

En este caso, el Secretario informó a los miembros de la Junta de Portavoces que se ajustará al marco legislativo de modo que las actas de los Plenos se ceñirán a la transcripción de los acuerdos adoptados y reflejarán los resultados de las votaciones. sin embargo, formará parte del acta la reproducción en vídeo de la sesión desde su inicio hasta que se levante la misma, que se remitirá firmada por él a todos los concejales y a los organismos de la administración general del Estado (Delegación del Gobierno) y de la administración autonómica (Conselleria de Presidencia), como es preceptivo.

Esa decisión ajustada a derecho, facilitará enormemente el trabajo de la oficina de Secretaría y evitará que un funcionario haya de dedicar más de una jornada de trabajo  a transcribir literalmente lo que escucha en una cinta de grabación que, como hemos comprobado todos los miembros de la Corporación, resulta de difícil comprensión lectora a causa de las grandes diferencias que existen entre el lenguaje hablado y el escrito.

Un Secretario municipal firma y da fe de lo que ocurre durante el desarrollo de  la “sesión plenaria” en la que él, preceptivamente, ha de estar presente.

La intervención del público no forma parte del Pleno y, consecuentemente, esa parte de la grabación no puede estar incluida en el vídeo que, a partir de ahora, se adjuntará al acta de la sesión como parte de la misma.

Cometí un error al no explicar todo esto en el pasado pleno de enero, porque no hacerlo provocó la lógica reacción en contra del público que había.

El próximo jueves, en la sesión ordinaria del Pleno de febrero, explicaré el nuevo sistema de elaboración de las actas que ha determinado el Secretario general y cómo hemos resuelto “técnicamente” el asunto:

  • Cuando la presidencia del Pleno levante la sesión, el operador de cámara “marcará” una pausa entre esa grabación (la de la sesión) y la de la intervención del público; de modo que podrán editarse independientemente la una de la otra.
  • La primera recogerá únicamente el desarrollo de la sesión, que cuenta con la presencia del Secretario a los efectos ya señalados anteriormente, y la segunda parte reproducirá íntegramente las intervenciones del público y también será subida a la web municipal.

 

En los días siguientes al pleno de enero, resolvimos “técnicamente” esa situación que también se ha planteado en numerosos ayuntamientos. Pero pido disculpas por no haber explicado, en aquel Pleno, cuál era el problema.

 

 

 

 

La natural complejidad de las tareas de gobierno (y gobernar) necesita de la generosidad de todos los que nos hemos comprometido a llevarlas a cabo (personas y organizaciones políticas); y también nuestra voluntad personal y colectiva de aprender a diario para llegar a comprender el ámbito en el que actuamos y sus límites.

Ojalá fuera suficiente solo con eso, pero no lo es porque la labor de Gobernar implica necesariamente que la oposición ejerza sus tareas también desde el conocimiento y la responsabilidad.

 

Umberto Eco (1932-2016), -ensayista, novelista, filósofo, semiólogo y crítico feroz de la manipulación de los medios de comunicación, sean los que sean- afirmó hace unos meses en una entrevista al diario La Stampa: “Las redes sociales les dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad […]” 

Probablemente, en las redes sociales -como asestó Ecco-, y en Facebook especialmente, los debates incendiarios los provoquen quienes hacen de ese espacio el lugar en el que volcar la rabia y la sinrazón que ni sus propios compañeros de barra o de sofá les admiten ya (y es que la soledad no aceptada, tiene un precio: la ira)

Teatralizar la vida y la gestión municipal, y sobre-actuar para cubrir el expediente personal y partidista, conduce a la banalidad y obliga a frivolizar.

Pero, ¿en qué quedamos?…

¿Es que no se trataba de fortalecer el compromiso de la ciudadanía con la política municipal? ¿Es que aquello de la participación pública, de los debates abiertos y con argumentos sólidos, de Rocafort lo primero, del interés general, de cooperar para perfeccionar, de aportar para mejorar, de … , de…, solamente se sostiene con la superficialidad de las urgencias personales y partidistas para cubrir el expediente?

¡Ah, que era eso!… y yo sin enterarme.

 

(“¡Joder, qué tropa!”)

 

Xàtiva no tiene playa, ¡vaya, vaya!

Martes 26 de enero de 2016

 

Efectivamente, Xàtiva sigue sin tener playa a pesar de que Alfonso Rus lo prometió en un mítin a cambio de que lo votaran.

 

Corría el mes de mayo de 2007 y faltaban cinco días para la jornada de las elecciones municipales y autonómicas de ese año. No pagó por ese insulto a la inteligencia de los demás. Al contrario: obtuvo una mayoría abrumadora de votos y 12 concejales de los 21 que forman la Corporación municipal de Xàtiva.

Un par de años más tarde, Rus arremetió públicamente contra los profesores de Valenciano y prometió “rematarlos”. Nada, solo un rasguño sin importancia en su potente maquinaria electoral y de nuevo mayoría absoluta en las elecciones municipales de 2011.

A su electorado, le gustaba ese tono insolente porque rayaba el ultraje; por eso, aplaudía entusiasmado sus infamias.

 

 

Nada nuevo bajo el sol. La chulería y la soberbia son actitudes del agrado de la derecha más zafia. También la incultura (en el amplio sentido de la palabra) goza de su admiración.

Públicamente, Rus cumplía sobradamente con esas expectativas. Su electorado le reía las gracias y sus palmeros eran capaces de multiplicar la soberbia que destilaba, la chulería con la que se comportaba y la incultura que él tanto valoraba…

(siempre ha habido más papistas que el Papa)

 

En #Rocafort, lo hemos vivido durante muchos años, demasiados años… y aún queda alumnado aventajado de su magistratura y de la de sus más destacados (y destacadas) secuaces.

Oremos.

 

Notas:

Alfonso Rus, detenido

Macrorredada contra otra trama de corrupción en el PP valenciano: “Operación Taula”

Las caras de la trama

 

 

 

#Rocafort: una sentencia… curiosa.

Martes 6 de octubre de 2015

 

Hay sentencias judiciales que el común de los mortales no entendemos. Y no es a causa de su lenguaje inexplicablemente farragoso y antiguo todavía, ni del incorrecto uso de algunos términos y conceptos propios de la administración pública ni de su deficiente sintaxis ni del pésimo empleo que hacen de los signos de puntuación. No, no es nada de eso.

El común de los mortales, a pesar de las pocas habilidades lingüísticas que muestran algunos jueces y magistrados, leemos bien sus sentencias; es decir, entendemos cómo lo dicen pero no entendemos lo que dicen ni compartimos a santo de qué lo dicen.

Una sentencia judicial es, en general, un texto en el que un Juez, un Magistrado o una Sala, expone el caso que le ocupa, relata los antecedentes probatorios (Antecedentes de Hecho) de esa causa y con Fundamentos Jurídicos/Fundamentos de Derecho razona y motiva el Fallo que dicta.

Hace unos días llegó una sentencia al Ayuntamiento. La firma la Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, Laura Alabau Martí.

El fallo de esa sentencia obliga al Ayuntamiento a devolverle a Carlota Navarro Ganau, concejala del PP durante veinte años, la cantidad de 3.810,63€.

Ese es el dinero que el Ayuntamiento gastó en su defensa procesal [en la de ella personalmente] ante la demanda que presentó el grupo municipal socialista en 2008 -y cuyos miembros pagamos de nuestro bolsillo-  contra el propio Ayuntamiento porque se negó a pedirle que devolviera el dinero que había cobrado indebidamente entre 2003 y 2007, mientras cobraba otro salario de la administración pública por su dedicación en exclusiva en la Diputación.

En aquella demanda, -como ya he dicho- el grupo municipal socialista exigió al Ayuntamiento que reclamara a la concejala Navarro el dinero que había cobrado (unos 24.000€ aproximadamente); no se lo exigió a ella, sino a quien se lo pagó. Por lo tanto, no necesitaba una defensa procesal personal [no había necesidad pero sí mucho miedo, añado ahora]

El Ayuntamiento defendió ante los Tribunales haberle pagado y abonó al mismo despacho de Abogados que llevaba la defensa personal de la concejala, una cantidad parecida. 

En marzo de 2010, una curiosa sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia consideró que el Ayuntamiento no tenía por qué recuperar el dinero que había pagado a la concejala Navarro durante el mandato municipal 2003-2007.

El grupo municipal socialista, en 2010, recurrimos en apelación esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que en su Fallo de diciembre de 2012 revocó la sentencia del Juzgado número 2 y obligó al Ayuntamiento a exigirle a la concejala Navarro Ganau la devolución de lo que debía y los intereses legales de ese dinero.

Cuando llegó el Fallo del TSJ, en enero de 2013, yo era la alcaldesa. En su momento, en 2008, promoví la demanda junto a mis compañeros del grupo municipal socialista en la oposición, Pilar Núñez, Make Cortés y Ricardo Pérez.

Sí, lo hice, lo hicimos. Recuperamos para el Ayuntamiento más de 27.000€ y nos costeamos de nuestro bolsillo los gastos del procedimiento judicial.

Sin embargo, la entonces concejala Navarro -obligada a devolver más de 27.000€ a la Hacienda municipal- contó con una defensa personal ejercida por el mismo despacho de Abogados que defendía a la vez al Ayuntamiento, y hemos de pagársela entre todos.

La Magistrada-Jueza Alabau, en su actuación del pasado 11 de septiembre, enjuicia el hecho de manera curiosa y elabora una sentencia… digamos que sorprendente para fundamentar su Fallo.

En el Segundo de los Antecedentes de Hecho, por ejemplo, señala que el Ayuntamiento no aporta sino pruebas documentales para exigirle a la ya ex-concejala el pago de su defensa procesal. Y es verdad, el Ayuntamiento aporta el Fallo del TSJ, un informe de la intervención municipal y otro de la defensa jurídica externa. 

Todo ello insuficiente, parece ser, a ojos de la Magistrada-Jueza. Por mi parte y desde mi ignorancia procesal, nada que añadir.

Pero lo más llamativo se aprecia en el apartado de Fundamentos Jurídicos que enumera.

En el Segundo de esos Fundamentos, la señora Alabau afirma que “[…] el Pleno del Ayuntamiento facultó al alcalde -entonces Sebastián Bosch- para que propusiera a la Comisión de Gobierno [en este caso, la Magistrada-Jueza desconoce el cambio de denominación de ese órgano de gobierno local que pasó a llamarse Junta de Gobierno Local, según la Ley 53/2003, de 16 de diciembre] la designación de Abogado y Procurador para la comparecencia [de la concejala Navarro Ganau]”

Es imposible que la defensa de la concejala Navarro pudiera aportar alguna prueba al respecto, porque ni existió tal pleno ni tampoco ningún acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, la Magistrada-Jueza da por hecho que así sucedió y a partir de esa idea errónea, transmitida por la defensa de Carlota Navarro sin ninguna prueba y aceptada sin condiciones por la señora Alabau, esta abraza los (falsos) argumentos de la defensa y los hace suyos.

Los hace suyos hasta el extremo de olvidar que -en el caso de que ese pleno se hubiera celebrado- la concejala Navarro, naturalmente, habría formado parte de él; y, que, por lo tanto, hubiera sido conveniente conocer cuál había sido el posicionamiento de la concejala sobre facultar al alcalde o no para proponer a la Junta de Gobierno Local la designación de un abogado y de un procurador para su defensa [la de ella].

Del mismo modo, la señora Alabau ha olvidado también comprobar cuál fue la postura de la concejala Navarro en aquella Junta de Gobierno Local, en el caso de que se hubiera celebrado. Porque la señora Alabau no puede haber pasado por alto la condición de teniente de alcalde que ejercía Carlota Navarro y, por consiguiente, su natural adscripción a ese órgano de gobierno municipal en el que debió adoptar una postura al respecto; es decir, o bien votó a favor, o se abstuvo o, como da por hecho la señora Alabau en su Fundamento Jurídico Tercero, la concejala Navarro rechazó la posibilidad “[…] de ser dotada de representación y defensa en [el] procedimiento contencioso administrativo” 

O sea, que la Magistrada-Jueza insiste en su Fundamento Jurídico (Tercero) que no consta que Carlota Navarro pidiera ser dotada de representación y defensa en ese procedimiento y que fue un acuerdo plenario [inexistente] el que facultó al alcalde para proponer en ese sentido un acuerdo [también inexistente] a la Junta de Gobierno Local.

Pero aún hay más, la señora Alabau, en ese mismo Fundamento Jurídico Tercero, introduce una consideración personal que, en mi modesta opinión, no goza de ningún aval jurídico para convertirse en uno de los fundamentos de Derecho a los que apela.

La Magistrada-Jueza dice textualmente: 

“[…] En el caso que nos ocupa, procede considerar que el recurso en que compareció la actora [Carlota Navarro] fue instado por el grupo municipal que al parecer ostenta ahora el gobierno local […]”

¿Y qué?, cabe preguntarse.

¿Es que a la Magistrada-Jueza le parece importante considerar quién gobierna en el Ayuntamiento para juzgar si es legal o no el asunto que se le plantea?

Esas cosas son las que el común de los mortales no entendemos de algunas sentencias y de sus juzgadores.

Por supuesto que el Ayuntamiento cumplirá con la sentencia.

Devolverá a Carlota Navarro Ganau los 3.810,63€ que gastó en su representación y defensa procesal, a pesar de que fue ella quien la exigió [sin necesitarla, como señala la señora Alabau a lo largo de la sentencia]; a pesar de que ni hubo acuerdo de Pleno ni de la Junta de Gobierno Local que la avalara; a pesar de que por sentencia del TSJ hubo de devolver a las arcas municipales más de 27.000€; a pesar de que el gobierno municipal del PP no había cumplido con su obligación y lo sabía; a pesar de que Carlota Navarro, que también lo sabía, se rió una y otra vez -en público y en privado- del asunto y, por lo tanto, de todos los vecinos; y a pesar de que al común de los mortales decisiones judiciales como esta nos dejan perplejos y nos sitúan -sin desearlo- en una orilla distinta a la que ocupan quienes las dictan.

 

 

 

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