23 de diciembre de 2009, miércoles

Para el 28 de diciembre (lunes), el alcalde y su equipo han preparado a los vecinos de este bendito pueblo otra broma de mal gusto: un pleno extraordinario a las 9 de la mañana, en el que aprobarán 10 puntos asombrosos.

En el primero de ellos, impondrán que las actuaciones municipales, que serán financiadas con más de 700.000€ del Plan-Zapatero 2010, no sean debatidas y acordadas por el pleno, sino por la Junta de Gobierno Local (compuesta únicamente por concejales del PP: el alcalde, Almela, Aliaga y Llácer & Navarro)

Y para los 9 puntos restantes, han pergeñado un plan que consiste en “regularizar” todas las contrataciones de obras financiadas por la Diputación que el alcalde ha resuelto por sí solo estampando su firma en un decreto, y quedándose tan ancho.

O sea, que las obras financiadas a través de los planes de la Diputación de Valencia, según las directrices de la propia institución provincial desde 1991 -y la modificación efectuada en 1993-, debían ser contratadas por el Ayuntamiento si -y solo si- el Pleno aceptaba la delegación expresa para ello de la propia Diputación.

Llevar este asunto a un pleno extraordinario convocado en plenas Navidades, significa que todas las obras de los años 2007, 2008, y 2009 (financiadas por la Diputación), han sido contratadas por el alcalde sin que pudiera hacerlo; y con toda probabilidad la Diputación se ha visto forzada a lanzar un ultimatum.

Que a estas alturas el Pleno haya de aceptar la delegación de la Diputación para contratar las obras incluidas en sus Planes de los años 2007, 2008, y 2009, cuando algunas de ellas ya están finalizadas y otras contratadas, es un disparate que solo es posible en un Ayuntamiento como el nuestro y con una administración pública provincial como la que hay.

Me pregunto: si la Diputación no tenía el documento que certificaba que el Pleno aceptaba la delegación para la contratación de las obras, ¿por qué ha callado hasta ahora? ¿Por qué el alcalde ha podido actuar con absoluta impunidad sin que la institución que financiaba se pronunciara al respecto?

¿Qué sucedió antes de nuestra llegada en junio de 2007? Lo ignoro, pero presumo que desde 1995 (año de la llegada del PP a la alcaldía) el Ayuntamiento -y el alcalde por decreto- ha podido estar contratando irregularmente las obras de la Diputación.

Que nadie venga ahora confundiendo a los ciudadanos con discursos facilones (y demagógicos): ésta no es una mera formalidad administrativa que se maquilla con una votación en un pleno. Ha hecho falta tenacidad y mucho trabajo para que quienes han estado durante más de 12 años campando a sus anchas y dirigiendo el Ayuntamiento como si fuera un cortijo particular, sepan que los cinco concejales socialistas estamos ahí para cumplir nuestro compromiso con todos los vecinos de Rocafort: hacer posible lo que es necesario para el bien de todos.

A estas alturas de la legislatura, el alcalde y su equipo ya deben saber que el pleno que han convocado para el día de los Santos Inocentes de este año será otra broma pesada que seguirá consumiendo la paciencia de los vecinos.