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Blog de Amparo Sampedro Alemany

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derecho a la información

Jo sí tinc por!

 

 

Lunes 21 de agosto de 2017

 

Resultat d'imatges de no tinc por

 

 

Sí, tengo miedo y no voy a esconderlo.

Tengo miedo de los periodistas (?) a los que se les brindan tribunas públicas para que esparzan su odio y proclamen sus bajezas. Y temo a los medios de comunicación que lo permiten.

Tengo miedo de los ignorantes en general y, en particular, de los que administran páginas en las redes sociales y se consideran investidos para sentenciar con las afirmaciones más reaccionarias. Y temo a quienes los jalean.

Tengo miedo de quienes pervierten las palabras y las libertades para acomodarlas al hueco enorme de su falta de inteligencia. Y temo a quienes, sabiéndolo, callan, porque son mucho más astutos.

Tengo miedo de quienes públicamente dicen tenerlo, porque su discurso es una falacia que esconde intereses repugnantes. Y temo a sus seguidores.

Tengo miedo de tipos como Alfonso Rojo, Arcadi Espada, Isabel Sansebastián o Tertsch y tantos otros subidos a los púlpitos de los medios. De políticos vulgares como Mayor Oreja, Cayetana Álvarez de Toledo y otros miles más. De humoristas que, como Peridis, me sellaron la sonrisa hace tiempo. De cabeceras apestosas que se regodean en los conflictos, animándolos o creándolos.

Tengo miedo de los simples, porque son los usuarios de la demagogia. Y también de algunos que se consideran intelectuales y analistas, cuando echan mano de la conquista de Granada.

Tengo miedo de quien escribe en su perfil de twitter, tras el bárbaro atentado del pasado jueves: “Tranquilos. Irán a la cárcel, pero tendrán cama y tres comidas diaria”. Y tengo miedo porque ese personaje administra una cuenta en Fb con centenares de seguidores. Hay miles en las redes sociales que actúan de ese modo tan irresponsable y terrible: desde el presidente del país más poderoso del mundo hasta el niñato ése que, además, vive en mi pueblo.

Fijaos si hay motivos para tener miedo: ¡demasiados!

 

 

 

Nada es casualidad, de verdad que no

Lunes 4 de abril de 2016

Un conocido político valenciano, de fulgurante estrellato a partir de finales del siglo pasado, solía apostillar las situaciones extravagantes con una frase: “en política, nada pasa por casualidad”

Para situaciones extravagantes, la que sucedió el pasado jueves aquí en Rocafort.

La oposición municipal, formada por el PP, IxR y Ciudadanos, al filo de las 8 de la tarde entregó en mano al vicesecretario municipal una moción de reprobación contra mí, para que fuera incluida con extrema urgencia en el Orden del Día del pleno que iba a celebrarse inmediatamente.

El viceseretario leyó el documento, consultó la legislación y -subiendo la escalera de camino al pleno-  me dijo que eso no se podía incluir en el Orden del Día porque correspondía al punto de Ruegos y Preguntas.  Es decir, el punto en el que la oposición debe presentar los Ruegos que considere oportunos respecto a la actuación de la alcaldesa, de los concejales delegados o de la Junta de Gobierno Local.

Y eso fue lo que pasó en el pleno, que le di la palabra al vicesecretario y que él expresó su opinión fundada en derecho. Porque una cosa ha de estar clara: cuando un funcionario con habilitación nacional informa (verbalmente o por escrito), no emite una opinión “personal” sino que sostiene un criterio jurídico.

Como la forma es el fondo, la extravagancia también se aprecia en el fondo de la cuestión: el PP, IxR y Ciudadanos me reprueban por una supuesta “ocultación de información” a la que dicen estar sometidos (?), por no recibir las actas de la Junta de Gobierno Local en el plazo establecido por la legislación (?) y por no atender las peticiones de los vecinos (sic)

 

(fuente: Hermano Lobo)

 

Repetir (y demostrar) de nuevo que desde que fui elegida alcaldesa, a mediados de junio de 2011, los concejales de la oposición tienen a su disposición toda la información a la que tienen derecho y otra que puedan solicitar, y que se les facilita su labor hasta el extremo de que no sea necesario ni siquiera que se acerquen al ayuntamiento (como es su obligación), ya resulta cansino y ocioso.

Pero, sí, lo repito: así es desde el 13 de junio de 2011.

Explicar aquí otra vez que la redacción y la distribución de las actas de los órganos de gobierno no es competencia de la alcaldía sino de la secretaría general, es ridículo.

Una reprobación basada en los puntos anteriores, y en un tercero cuya vaga redacción manifiesta la debilidad de los argumentos que se utilizan, es lo que me ha traído a la memoria la frase de aquel político valenciano ante situaciones extravagantes, “en política, nada pasa por casualidad”

Extravagancia la del grupo municipal del PP, que gobernó (?) durante 16 años el ayuntamiento con absoluto desprecio a los ciudadanos y a los concejales que trabajaban en la oposición, y que ahora  -con sus derechos garantizados para ejercer su labor de fiscalización y con todas las facilidades posibles para no tener ni que desplazarse al ayuntamiento si no están por la labor- pretendan hacer creer que lo que está sucediendo no es real y que para transparentes ellos de toda la vida.

Extravagante también la postura del concejal de IxR. Su presencia ininterrumpida en el ayuntamiento desde 1995 le ha permitido conocer cómo las han gastado los distintos gobiernos del PP -gobiernos de los que han formado parte el 50% de los actuales concejales de ese partido-; durante 16 años de gobiernos del PP ha visto -si lo ha querido ver- barbaridades de todo tipo y abusos en todos los órdenes del ámbito municipal.  Y resulta que ahora sale a la palestra agarrado a la mano de ese mismo PP como quien se agarra a un clavo ardiendo…

Es grotesco, lo sé. Lo de unos y lo de otro.

Cuando existen comportamientos extravagantes e incongruentes como esos, será porque prevalecen intereses que no conviene desvelar. Será porque a quienes se comportan de ese modo les resulta más cómodo mantener esa actitud que explicar con claridad qué es lo que pretenden realmente. Y es que explicar lo que no tiene fundamentación porque no existen motivos ciertos, es imposible.

Es verdad, en política nada pasa por casualidad.

 

 

 

¿Cubrir el expediente? No, gracias.

 

Domingo 21 de febrero de 2016

 

Desde hace días, colea un debate ficticio en facebook a propósito de la transparencia. El debate, adulterado, parte de una premisa falsa: “la transparencia, sea lo que sea que signifique, es un derecho inalienable”

De todos los debates políticos” (?) que estallan en esa red social, este es el más recurrente: se re-crea con facilidad, va directo a las vísceras de cada individuo (y así se condiciona su respuesta) y lo abarca todo. No hay límites. Por lo tanto, es el que más seguidores convoca.

 

 

 

Las bazas que se juegan para promover e incendiar ese debate (falso) acerca de la Transparencia en la administración, son variadas: desde mezclar con simpleza unos conceptos con otros y un tipo de documentos con otros, hasta combinar de manera zafia lo que uno sabe (y no dice) con lo que la mayoría ignora.

Precisamente por eso, la baza fundamental de estos nuevos “gurús” de lo transparente consiste en aprovecharse del desconocimiento general sobre lo que significa la Transparencia, a qué obliga y qué ofrece; de esa manera, siembran la confusión que necesitan para poder erguirse como abanderados de su propia causa. (Y digo bien, su propia causa: es decir, la personal y partidista)

 

 

Hay que alejarse de tanto simplismo.

La Transparencia y su aplicación en la administración pública es un comportamiento responsable y una obligación legal que se ajusta a las leyes que la regulan y a las que determinan el funcionamiento y el régimen jurídico de los ayuntamientos, para garantizar los derechos y las obligaciones de todos: de la ciudadanía y de quienes ejercemos la política como servicio público.

A partir de ahí, cobra sentido el relato de lo que realmente ha sucedido en el Ayuntamiento acerca del acceso indiscriminado a la información y de la fotocopia indistinta de documentos del Registro General por parte de lo concejales y de la grabación o no de las intervenciones del público tras los plenos.

  1. El marco legal que regula el régimen jurídico y de funcionamiento de la administración local (ayuntamientos), que no ha sido modificado ni por la Ley (general) de Transparencia ni por la Ley valenciana de Transparencia, en lo que respecta al debate abierto en Facebook, determina estos aspectos:
  • acceso de los miembros de la Corporación al Registro general de Entrada y Salida del Ayuntamiento (en adelante, RG) y a la documentación que contiene.
  • modo en el que han de redactarse las actas de las sesiones de los órganos de gobierno colegiados (Junta de Gobierno Local y Pleno), las de sus órganos suplementarios y no vinculantes (comisiones informativas), y qué extremos deben constar en las acta

 

     2.  Ese mismo marco legal reserva determinadas funciones exclusivamente al Secretario (de cualquier ayuntamiento), entre otras:

  • La responsabilidad de la gestión del RG y la custodia de los documentos que contiene.
  • La elaboración de las actas

 

 

ACCESO Y FOTOCOPIAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE EL REGISTRO GENERAL.

No es verdad. No es cierto que exista un derecho general de los concejales ni al acceso indistinto ni a las fotocopias indiscrimanadas de los documentos que contiene el RG, porque la legislación (y la jurisprudencia) no considera esa información ni de libre acceso para todos los miembros de la Corporación ni para la ciudadanos. El motivo: esa documentación puede contener datos sobre circunstancias personales de los administrados que no aportan información indispensable para el seguimiento y la fiscalización de las labores de gobierno, y atañen a aspectos confidenciales de las personas cuyo tratamiento reservado ni puede ni debe confundirse con una presunta opacidad.

Hay muchos ejemplos, pero me limitaré a exponer solamente algunos de ellos:

 

  1. Documentos que entran al Ayuntamiento ordenando embargos judiciales a personas. Nombres, causas y procedimientos.
  2. Documentos que salen del Ayuntamiento certificando a los diferentes Juzgados el cumplimiento de lo ordenado en el punto anterior. Nombres, causas y procedimientos.
  3. Documentos que entran en el Ayuntamiento, de diversos estamentos públicos, ordenando el embargo del importe de facturas a empresas, personas físicas y jurídicas. Nombres, causas y procedimientos.
  4. Documentos que salen del Ayuntamiento certificando el cumplimiento de lo ordenado en el punto anterior. Nombres, causas y procedimientos.
  5. Documentos que entran y salen del Ayuntamiento sobre el Padrón Municipal
  6. Documentos que entran en el Ayuntamiento y que reflejan situaciones conflictivas (riñas, denuncias, desprotección familiar, exclusión social, solicitud de ayudas de emergencia, violencia de género, violencia intrafamiliar, etc. etc.)
  7. Documentos que salen del Ayuntamiento, dirigidos a otros estamentos de la administración pública, para resolver y/o encauzar las situaciones descritas en el punto anterior.
  8. Documentos que entran en el Ayuntamiento y que contienen información reservada como: declaraciones de la Renta y de Patrimonio, sentencias de divorcio, separación y/o disolución matrimonial; régimen económico de las situaciones antes descritas; órdenes judiciales de alejamiento; autos judiciales que ordenan cumplimiento de condenas; escrituras, facturas con datos empresariales y bancarios, etc. etc.
  9. Instancias en las que constan nombres, apellidos, NIF, domicilios, teléfonos, correos eléctronicos y datos bancarios.
  10. Documentos que entran en el Ayuntamiento en los que consta información sobre deudas de los contribuyentes y datos personales.

 

Etc. etc.

 

Por lo tanto, cumplir con la ley protege la documentación que contiene el Registro general que afecta directamente a las personas, pero no impide en absoluto que los concejales de la oposición accedan ni a las anotaciones de ese RG (de hecho, las reciben a diario), ni a la consulta directa de su documentación.

No es un criterio nuevo de la Secretaría general municipal de Rocafort; ya lo marcó en 2012, lo reiteró en 2013, se ratificó en el mismo en un informe de julio de 2015 (informe que está a disposición pública en la web municipal: http://www.rocafort.es), y volvió a hacerlo el pasado 20 de enero ante los portavoces de los grupos municipales.

 

El Secretario, en la Junta de Portavoces del pasado 20 de enero, expuso el procedimiento a seguir:

 

  1. Todos los concejales recibirán a diario a través de su correo electrónico institucional, un extracto de las anotaciones del RG del día anterior. Ese extracto contiene el número de Registro, la fecha de Entrada o de Salida, el nombre de quien lo firma, una descripción sucinta del asunto y el departamento al que se dirige (dentro del Ayuntamiento o fuera, en el caso de las Salidas)

 

  1. A la vista de ese extracto, los concejales –a vuelta de correo- pueden pedir copia de los Registros y de la documentación que contienen, cuando lo consideren necesario para el normal ejercicio de sus funciones.

 

Para agilizar el procedimiento, y dando por hecho una actitud responsable de los concejales de la oposición, me comprometí a no hacer uso de los 5 días que la legislación otorga a la alcaldía para autorizar, o denegar de manera motivada, la copia de la documentación que contiene el RG que soliciten.

En definitiva, se trataba de facilitar a los concejales el envío en pdf (correo electrónico) de las copias de los documentos del RG que pudieran necesitar para ejercer su labor, a la vez que el Ayuntamiento –la administración, en este caso la Secretaría general- ejercía su control legal y conocía quién las había pedido y, por lo tanto, quién se responsabilizaba personalmente del uso que pudiera hacer de ellas.  En conclusión: los concejales no tenían ni que acercarse al Ayuntamiento para cumplir con sus obligaciones.

 

Sin embargo, este procedimiento -que se inició el lunes 25 de enero-, ha sido obstruido por dos de los tres grupos municipales de la oposición (IxR y el PP) que, desde ese día, solicitan a diario copias de todo el RG y de los documentos que contiene, de manera indiscriminada.

Esa actitud obligó a la Secretaría general a tomar la decisión –en cumplimiento de su responsabilidad legal de custodia documental- de ajustarse al estricto cumplimiento de la ley; es decir, el concejal solicita por escrito ver el  Registro general y, una vez que ha tenido acceso a él, vuelve a solicitar por escrito fotocopia de los que necesita, motivando, en cualquier caso, su interés. La alcaldía hace uso de los cinco días que la la ley le otorga para facilitar las fotocopias, o denegarlas motivando el porqué a través de una Resolución.

 

LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS Y LA GRABACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PÚBLICO.

 

Como ya he explicado antes, la redacción de las actas de los órganos de gobierno colegiados y de sus órganos suplementarios es competencia exclusiva de la Secretaría.

En este caso, el Secretario informó a los miembros de la Junta de Portavoces que se ajustará al marco legislativo de modo que las actas de los Plenos se ceñirán a la transcripción de los acuerdos adoptados y reflejarán los resultados de las votaciones. sin embargo, formará parte del acta la reproducción en vídeo de la sesión desde su inicio hasta que se levante la misma, que se remitirá firmada por él a todos los concejales y a los organismos de la administración general del Estado (Delegación del Gobierno) y de la administración autonómica (Conselleria de Presidencia), como es preceptivo.

Esa decisión ajustada a derecho, facilitará enormemente el trabajo de la oficina de Secretaría y evitará que un funcionario haya de dedicar más de una jornada de trabajo  a transcribir literalmente lo que escucha en una cinta de grabación que, como hemos comprobado todos los miembros de la Corporación, resulta de difícil comprensión lectora a causa de las grandes diferencias que existen entre el lenguaje hablado y el escrito.

Un Secretario municipal firma y da fe de lo que ocurre durante el desarrollo de  la “sesión plenaria” en la que él, preceptivamente, ha de estar presente.

La intervención del público no forma parte del Pleno y, consecuentemente, esa parte de la grabación no puede estar incluida en el vídeo que, a partir de ahora, se adjuntará al acta de la sesión como parte de la misma.

Cometí un error al no explicar todo esto en el pasado pleno de enero, porque no hacerlo provocó la lógica reacción en contra del público que había.

El próximo jueves, en la sesión ordinaria del Pleno de febrero, explicaré el nuevo sistema de elaboración de las actas que ha determinado el Secretario general y cómo hemos resuelto “técnicamente” el asunto:

  • Cuando la presidencia del Pleno levante la sesión, el operador de cámara “marcará” una pausa entre esa grabación (la de la sesión) y la de la intervención del público; de modo que podrán editarse independientemente la una de la otra.
  • La primera recogerá únicamente el desarrollo de la sesión, que cuenta con la presencia del Secretario a los efectos ya señalados anteriormente, y la segunda parte reproducirá íntegramente las intervenciones del público y también será subida a la web municipal.

 

En los días siguientes al pleno de enero, resolvimos “técnicamente” esa situación que también se ha planteado en numerosos ayuntamientos. Pero pido disculpas por no haber explicado, en aquel Pleno, cuál era el problema.

 

 

 

 

La natural complejidad de las tareas de gobierno (y gobernar) necesita de la generosidad de todos los que nos hemos comprometido a llevarlas a cabo (personas y organizaciones políticas); y también nuestra voluntad personal y colectiva de aprender a diario para llegar a comprender el ámbito en el que actuamos y sus límites.

Ojalá fuera suficiente solo con eso, pero no lo es porque la labor de Gobernar implica necesariamente que la oposición ejerza sus tareas también desde el conocimiento y la responsabilidad.

 

Umberto Eco (1932-2016), -ensayista, novelista, filósofo, semiólogo y crítico feroz de la manipulación de los medios de comunicación, sean los que sean- afirmó hace unos meses en una entrevista al diario La Stampa: “Las redes sociales les dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que antes hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad […]” 

Probablemente, en las redes sociales -como asestó Ecco-, y en Facebook especialmente, los debates incendiarios los provoquen quienes hacen de ese espacio el lugar en el que volcar la rabia y la sinrazón que ni sus propios compañeros de barra o de sofá les admiten ya (y es que la soledad no aceptada, tiene un precio: la ira)

Teatralizar la vida y la gestión municipal, y sobre-actuar para cubrir el expediente personal y partidista, conduce a la banalidad y obliga a frivolizar.

Pero, ¿en qué quedamos?…

¿Es que no se trataba de fortalecer el compromiso de la ciudadanía con la política municipal? ¿Es que aquello de la participación pública, de los debates abiertos y con argumentos sólidos, de Rocafort lo primero, del interés general, de cooperar para perfeccionar, de aportar para mejorar, de … , de…, solamente se sostiene con la superficialidad de las urgencias personales y partidistas para cubrir el expediente?

¡Ah, que era eso!… y yo sin enterarme.

 

(“¡Joder, qué tropa!”)

 

Pagos extrajudiciales, ¿y eso qué es?

Miércoles 13 de enero de 2016

(El texto puede resultar largo, pero hay que explicar las cosas para aclarar las dudas)

 

La ley que regula las Haciendas Locales establece que los gastos que se originan entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de un año, solo pueden imputarse al presupuesto municipal de ese mismo ejercicio. Es decir, que si un gasto ha tenido lugar en 2014 la factura ha de contabilizarse antes del 31 de diciembre de ese año.

La misma ley también determina que no puede contraerse un gasto cuando no existe crédito (dinero) suficiente para pagarlo en el ejercicio en el que se ha originado. Si no hay crédito, no puede contabilizarse.

Hasta aquí todo claro: las facturas que no reúnen esos requisitos están fuera de lo ordenado en la citada ley; lo que significa que los proveedores no podrán cobrarlas a no ser que reclamen ese derecho ante un Juzgado.

 

 

 

Sin embargo, el texto legal que desarrolla uno de los Capítulos de esa misma ley marca el procedimiento para regularizar esas situaciones evitando que los proveedores tengan que acudir a los Tribunales de Justicia para cobrar. El procedimiento se llama reconocimiento extrajudicial de créditos.

 

La pregunta es: ¿El marco legal en materia de Haciendas Locales regula un procedimiento para corregir esas situaciones?

La respuesta es evidente: Sí, lo hace.

Otra pregunta: ¿Por qué?

Otra respuesta evidente: Porque el Presupuesto de Gastos no es capaz de prever con exactitud qué va a ocurrir a lo largo del ejercicio y porque es absolutamente imposible que todas las facturas de un ejercicio entren en el Ayuntamiento antes del 31 de diciembre del mismo año. Por eso, el Presupuesto, cuando se aprueba, no es inalterable y el marco legal permite varrios tipos de modificaciones.

  • Pero, ¿qué significa exactamente la expresión “reconocimiento extrajudicial de créditos”?

Reconocimiento extrajudicial de créditos significa aceptar fuera de sede judicial la obligación de pagar esas facturas y dotar de dinero al Presupuesto en vigor en ese momento para hacerlo.

  • ¿En qué consiste?

El marco legal dispone:

Las facturas de gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, deben reconocerse (ser aceptadas) y pagarse en el mismo mismo año. Si no existe crédito (dinero) suficiente para pagarlas, no pueden reconocerse ni, por lo tanto, pagarse.

El mismo marco legal dispone:

Solo el Pleno puede ampliar el límite del Presupuesto de Gastos -porque es el Pleno el que aprueba el Presupuesto- y permitir que se paguen fuera de sede judicial esas facturas, no teniendo que obligar a los proveedores a acudir a los Tribunales a reclamar su derecho a cobrarlas.

Por lo tanto, el reconocimiento extrajudicial de créditos consiste en que el Pleno reconozca fuera del ámbito judicial (extra-judicial) la obligación de pagar esas facturas para que los proveedores no tengan que acudir a un Juzgado para reclamar su derecho y en que amplíe el límite del Presupuesto de Gastos, en la cantidad exacta para cubrir las facturas que están sometidas a ese procedimiento.

Eso y no otra cosa es un reconocimiento extrajudicial de créditos. 

 

 

Bien distinto es que el Ayuntamiento, año tras año, gaste a manos llenas el dinero que no tiene, guarde las facturas en un cajón y recurra a ese procedimiento periódicamente con cantidades astronómicas, provocando con ello una situación económica insostenible y una situación presupuestaria falsa. Eso se llama irresponsabilidad política y no tiene que ver con la legalidad del procedimiento. (El ejemplo de la Generalitat entre 1996 y 2015, es incontestable; y el del Ayuntamiento de Rocafort, al menos entre 2007 y 2011 -periodo cuya gestión recordamos todos-, también)

Sé de lo que hablo. Durante años, el Ayuntamiento ha gastado muy por encima de lo que estaba previsto en sus presupuestos anuales y de la realidad económica que tenía. 

Durante los cuatro años en los que fui concejala en la oposición (2007-2011), el gobierno municipal del PP gastó más de 2Millones de euros en reconocimientos extrajudiciales de créditos. Y eso que el PP aprobaba los Presupuestos municipales con unos Gastos de 6Millones 500Mil euros por ejercicio (2 Millones anuales más en Gastos que en los Presupuestos del nuevo gobierno municipal desde el de 2012 hasta el de 2015)

Sí, lo repito: Gasto = factura al cajón. Gasto = factura al cajón. Gasto = factura al cajón. Gasto = factura cajón… etc. etc.

Sí, lo repito: Trampa en los Ingresos y trampa en los Gastos.

Eso dejó de ocurrir hace ya cuatro años, lo sé. Pero no conviene olvidar el pasado reciente porque sus consecuencias aún las seguimos pagando; y no hablo de pagarlas/abonarlas con dinero (eso ya lo resolvimos), sino de pagarlas/penarlas con la merma de servicios e infraestructuras generales acumulada durante años.

 

Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo:

 

 

Actualmente, el Ayuntamiento arrastra todavía un gasto extrajudicial de 12.888€ de 2014. El Presupuesto municipal de Gastos de ese ejercicio, aprobado por el Pleno, fue de 4.556.734€  Un Presupuesto, como los dos anteriores -2012 y 2013-, muy limitado por las continuas imposiciones del Gobierno de España desde el 30 de diciembre de 2011, a pesar de la saneada situación económica de la que ya disfrutaba el Ayuntamiento en 2014.

Ese gasto extrajudicial ha de imputarse al Presupuesto de 2015, que, como todos sabemos, entró en vigor hace menos de un mes. Pero antes, el Pleno debe permitir que esas facturas se paguen.

En el pleno ordinario del pasado 29 de diciembre, la oposición (PP + C’s + IxR) no permitió que el Ayuntamiento pague esas facturas y decidió que si los proveedores quieren cobrar, que acudan al Juzgado.

También resolvieron pagar el doble de lo facturado por una defensa en juicio llevada a cabo hace años, durante el gobierno municipal del PP. Este es el único caso en el que sale beneficiado quien ha facturado.

 

 

En fin, que me quedo con esto:

 

 

Debate decisivo, dicen…

Martes 8 de diciembre, 2015

 

El debate fue decisivo para el grupo ATRESMEDIA, eso es incontestable.

El formato y las reglas impuestas por los periodistas (sic) aclararon anoche que los partidos políticos conocen y aceptan las condiciones que exige una gran corporación empresarial de Comunicación que, como cualquier otra privada, prioriza ajustar a su cuenta de resultados -legítimamente- qué emite, cómo lo emite y por qué.

A estas horas, apenas veinticuatro después del gran debate televisado, el asunto ha dado para más de dos millones de tuits y miles de comentarios en facebook, además de centenares de artículos de opinión, de análisis de comportamiento y de gestualidad, exégesis sobre las posibles estrategias,… En fin, un caudal impresionante de opiniones editadas y publicadas y de juicios de valor.

Tanto ruido ahorma el silencio e impide escuchar la palabra y las ideas.

Al final, solo recordaremos el acierto o no de su vestuario, la oportunidad o no de sus sonrisas y, muy especialmente, el enorme éxito alcanzado por ATRESMEDIA TV.

Bueno, eso y que nuestra televisión pública, TVE, ha demostrado otra vez que el servicio público dejó de ser su objetivo hace ya cuatro años…

 

 

 

 

 

Un post arriesgado: mundo Facebook

 

Martes 24 de noviembre de 2015

 

Facebook es un espacio de desfogue para un estado de ánimo.

Algunos informan, otros opinan, los más enjuician y la mayoría sentencia.

 

 

En Facebook cualquiera es ingeniero, historiador, urbanista, abogado, biólogo, climatólogo, arquitecto, experto en ornitología, filólogo, juez y fiscal,… en fin, que hay un elevado número de Todistas que en lugar de “no sabe, no contesta o pregunta”, opta siempre por “no sabe, pero lo contesta todo”.

Este post es arriesgado, ya lo sé; porque escribir acerca de Facebook como lo estoy haciendo, me sitúa en el blanco de quienes confunden esta red social con un foro óptimo para la participación ciudadana que garantiza la transparencia de las actividades y acciones públicas.

Pero no es cierto, no lo es.

Facebook no permite un debate serio porque no cabe la argumentación ni los datos ni la reflexión sosegada; no se “escucha” ni se “atiende”, se traslada inmediatamente al teclado lo que uno piensa porque necesita decirlo. Eso es lo único que importa: decirlo, soltarlo y punto (y no digo que no sea legítimo hacerlo)

Una vez se ha dicho, uno se siente aliviado porque desaparece la urgencia, la necesidad de “decir”, y, por lo tanto, carece de interés la respuesta. Pocas veces importa la respuesta -con la excepción del Me gusta– a no ser que permita reincidir en lo que uno mismo pretende: reafirmarse en lo que ya ha escrito (tampoco digo que eso no sea legítimo)

Luego están los profesionales de la distracción, los que conocen perfectamente esos condicionantes comunicativos de Fb y los aprovechan para “guiar” los comentarios de los demás. Los que prenden fuego, observan cómo se cuece el asunto y regresan cuando es necesario echarle más leña al fuego. Son pocos, pero extraordinariamente activos.

Los profesionales de la distracción huyen de los debates en otros espacios (otras redes sociales o conversaciones cara a cara) en los que sí caben los argumentos y el tiempo. Sí, el tiempo para reflexionar y responder. Se resisten a participar en ámbitos también públicos en los que el “envejecimiento” de lo que digan no sea inmediato. 

(El tiempo en Facebook es un instante, una urgencia; a partir de ahí, todo ha envejecido)

Por todo eso, no me canso de repetir en Fb que allí no es posible mantener un debate serio sobre asuntos concretos.

Conozco la estupenda disposición de muchos usuarios porque hablo con ellos (me escribo con ellos), los atiendo y les respondo. No es que no impriman seriedad a lo que dicen o que sus razonamientos no sean aceptables, es que el mundo Facebook -su propia concepción y su objetivo- impide mantener un diálogo más allá de la confirmación de las constantes vitales de cada cual.

No es bueno ni es malo: es Facebook. Y no puede sustituir, en ningún caso, a una buena conversación o a un interesante debate.

 

@elRoto

Aprobación del presupuesto de 2015: “hacer [como] que hacemos”

Jueves 19 de noviembre de 2015.

 

No he intervenido públicamente sobre lo que ha estado sucediendo con el presupuesto de 2015 que finalmente se aprobó el lunes pasado. Ya lo sé. Sorprende.

Considero imprescindible un ejercicio de descompresión antes de escribir y aún más si lo hago sobre cuestiones que pueden afectar a los intereses generales de todos los vecinos de Rocafort. Sea la que sea su opción política.

Escribo para pensar. Hacer lo contrario, pensar para escribir, consiste en transcribir de forma automática lo que uno piensa en un momento concreto, víctima de los condicionantes de ese momento y obligado por la presión de las vísceras, que, en casos como este, suelen ser la Verdad (única) y los intereses personales o partidistas. Desembuchar la visceralidad, escribirla o pronunciarla, provoca debates estériles porque los discursos que sostienen esos debates no tienen orden ni concierto y responden a la necesidad inmediata de defender(se) atacando. Y de eso ya están llenas las redes sociales.

Para mí, para la alcaldesa, lo único importante era que este presupuesto de 2015, el mejor de los posibles para Rocafort a estas alturas del ejercicio, se aprobara. Y el concienzudo trabajo que ha desarrollado Pilar Núñez, concejala de Hacienda y portavoz del gobierno municipal en este asunto, ha sido impecable y eficaz como tantas otras veces.

Mi silencio ha sido medido para evitar la intensificación del furioso discurso visceral que determinadas personas han mantenido y mantienen en las redes sociales.

Rechazo entrar “al trapo” que a diario me colocan delante, porque Rocafort es mucho más importante que un vulgar juego de estrategia. 

Por prudencia y por seriedad, me niego en rotundo a exponer y rebatir públicamente los frágiles argumentos, cuando no falsos, que se manejan para justificar las propias debilidades de cada cual.

El otro día, al hilo de todo esto, alguien resumió en una frase el ruido provocado en las redes sociales respecto al presupuesto de 2015: “Hacer [como] que hacemos”

En cualquier caso, todos estamos de enhorabuena porque el presupuesto de 2015 se ha aprobado.

Agradezco de corazón, en mi nombre y en el del gobierno municipal, el voto favorable del concejal de IxR en el pleno del lunes pasado y le agradezco también que hiciera explícito tanto el motivo de su voto desfavorable al presupuesto de 2015 en los dos plenos anteriores (22 de diciembre de 2014 y 29 de octubre de 2015) como el que ahora le ha obligado a cambiar de postura. Todo quedó aclarado con sus propias palabras, que a continuación reproduzco literalmente:

“[…] nuestra responsabilidad nos impide que por un interés político o… demagógico, por… por… por… por causar daño políticamente… pues… a los partidos que están gobernando, privemos al pueblo de Rocafort de un dinero que nos va a hacer mucha falta” (sic)

Toda una declaración cuyos principios confío en que no vuelvan a prevalecer sobre el interés general de los vecinos.

 

#Rocafort: una sentencia… curiosa.

Martes 6 de octubre de 2015

 

Hay sentencias judiciales que el común de los mortales no entendemos. Y no es a causa de su lenguaje inexplicablemente farragoso y antiguo todavía, ni del incorrecto uso de algunos términos y conceptos propios de la administración pública ni de su deficiente sintaxis ni del pésimo empleo que hacen de los signos de puntuación. No, no es nada de eso.

El común de los mortales, a pesar de las pocas habilidades lingüísticas que muestran algunos jueces y magistrados, leemos bien sus sentencias; es decir, entendemos cómo lo dicen pero no entendemos lo que dicen ni compartimos a santo de qué lo dicen.

Una sentencia judicial es, en general, un texto en el que un Juez, un Magistrado o una Sala, expone el caso que le ocupa, relata los antecedentes probatorios (Antecedentes de Hecho) de esa causa y con Fundamentos Jurídicos/Fundamentos de Derecho razona y motiva el Fallo que dicta.

Hace unos días llegó una sentencia al Ayuntamiento. La firma la Magistrada-Jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Valencia, Laura Alabau Martí.

El fallo de esa sentencia obliga al Ayuntamiento a devolverle a Carlota Navarro Ganau, concejala del PP durante veinte años, la cantidad de 3.810,63€.

Ese es el dinero que el Ayuntamiento gastó en su defensa procesal [en la de ella personalmente] ante la demanda que presentó el grupo municipal socialista en 2008 -y cuyos miembros pagamos de nuestro bolsillo-  contra el propio Ayuntamiento porque se negó a pedirle que devolviera el dinero que había cobrado indebidamente entre 2003 y 2007, mientras cobraba otro salario de la administración pública por su dedicación en exclusiva en la Diputación.

En aquella demanda, -como ya he dicho- el grupo municipal socialista exigió al Ayuntamiento que reclamara a la concejala Navarro el dinero que había cobrado (unos 24.000€ aproximadamente); no se lo exigió a ella, sino a quien se lo pagó. Por lo tanto, no necesitaba una defensa procesal personal [no había necesidad pero sí mucho miedo, añado ahora]

El Ayuntamiento defendió ante los Tribunales haberle pagado y abonó al mismo despacho de Abogados que llevaba la defensa personal de la concejala, una cantidad parecida. 

En marzo de 2010, una curiosa sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Valencia consideró que el Ayuntamiento no tenía por qué recuperar el dinero que había pagado a la concejala Navarro durante el mandato municipal 2003-2007.

El grupo municipal socialista, en 2010, recurrimos en apelación esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que en su Fallo de diciembre de 2012 revocó la sentencia del Juzgado número 2 y obligó al Ayuntamiento a exigirle a la concejala Navarro Ganau la devolución de lo que debía y los intereses legales de ese dinero.

Cuando llegó el Fallo del TSJ, en enero de 2013, yo era la alcaldesa. En su momento, en 2008, promoví la demanda junto a mis compañeros del grupo municipal socialista en la oposición, Pilar Núñez, Make Cortés y Ricardo Pérez.

Sí, lo hice, lo hicimos. Recuperamos para el Ayuntamiento más de 27.000€ y nos costeamos de nuestro bolsillo los gastos del procedimiento judicial.

Sin embargo, la entonces concejala Navarro -obligada a devolver más de 27.000€ a la Hacienda municipal- contó con una defensa personal ejercida por el mismo despacho de Abogados que defendía a la vez al Ayuntamiento, y hemos de pagársela entre todos.

La Magistrada-Jueza Alabau, en su actuación del pasado 11 de septiembre, enjuicia el hecho de manera curiosa y elabora una sentencia… digamos que sorprendente para fundamentar su Fallo.

En el Segundo de los Antecedentes de Hecho, por ejemplo, señala que el Ayuntamiento no aporta sino pruebas documentales para exigirle a la ya ex-concejala el pago de su defensa procesal. Y es verdad, el Ayuntamiento aporta el Fallo del TSJ, un informe de la intervención municipal y otro de la defensa jurídica externa. 

Todo ello insuficiente, parece ser, a ojos de la Magistrada-Jueza. Por mi parte y desde mi ignorancia procesal, nada que añadir.

Pero lo más llamativo se aprecia en el apartado de Fundamentos Jurídicos que enumera.

En el Segundo de esos Fundamentos, la señora Alabau afirma que “[…] el Pleno del Ayuntamiento facultó al alcalde -entonces Sebastián Bosch- para que propusiera a la Comisión de Gobierno [en este caso, la Magistrada-Jueza desconoce el cambio de denominación de ese órgano de gobierno local que pasó a llamarse Junta de Gobierno Local, según la Ley 53/2003, de 16 de diciembre] la designación de Abogado y Procurador para la comparecencia [de la concejala Navarro Ganau]”

Es imposible que la defensa de la concejala Navarro pudiera aportar alguna prueba al respecto, porque ni existió tal pleno ni tampoco ningún acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Sin embargo, la Magistrada-Jueza da por hecho que así sucedió y a partir de esa idea errónea, transmitida por la defensa de Carlota Navarro sin ninguna prueba y aceptada sin condiciones por la señora Alabau, esta abraza los (falsos) argumentos de la defensa y los hace suyos.

Los hace suyos hasta el extremo de olvidar que -en el caso de que ese pleno se hubiera celebrado- la concejala Navarro, naturalmente, habría formado parte de él; y, que, por lo tanto, hubiera sido conveniente conocer cuál había sido el posicionamiento de la concejala sobre facultar al alcalde o no para proponer a la Junta de Gobierno Local la designación de un abogado y de un procurador para su defensa [la de ella].

Del mismo modo, la señora Alabau ha olvidado también comprobar cuál fue la postura de la concejala Navarro en aquella Junta de Gobierno Local, en el caso de que se hubiera celebrado. Porque la señora Alabau no puede haber pasado por alto la condición de teniente de alcalde que ejercía Carlota Navarro y, por consiguiente, su natural adscripción a ese órgano de gobierno municipal en el que debió adoptar una postura al respecto; es decir, o bien votó a favor, o se abstuvo o, como da por hecho la señora Alabau en su Fundamento Jurídico Tercero, la concejala Navarro rechazó la posibilidad “[…] de ser dotada de representación y defensa en [el] procedimiento contencioso administrativo” 

O sea, que la Magistrada-Jueza insiste en su Fundamento Jurídico (Tercero) que no consta que Carlota Navarro pidiera ser dotada de representación y defensa en ese procedimiento y que fue un acuerdo plenario [inexistente] el que facultó al alcalde para proponer en ese sentido un acuerdo [también inexistente] a la Junta de Gobierno Local.

Pero aún hay más, la señora Alabau, en ese mismo Fundamento Jurídico Tercero, introduce una consideración personal que, en mi modesta opinión, no goza de ningún aval jurídico para convertirse en uno de los fundamentos de Derecho a los que apela.

La Magistrada-Jueza dice textualmente: 

“[…] En el caso que nos ocupa, procede considerar que el recurso en que compareció la actora [Carlota Navarro] fue instado por el grupo municipal que al parecer ostenta ahora el gobierno local […]”

¿Y qué?, cabe preguntarse.

¿Es que a la Magistrada-Jueza le parece importante considerar quién gobierna en el Ayuntamiento para juzgar si es legal o no el asunto que se le plantea?

Esas cosas son las que el común de los mortales no entendemos de algunas sentencias y de sus juzgadores.

Por supuesto que el Ayuntamiento cumplirá con la sentencia.

Devolverá a Carlota Navarro Ganau los 3.810,63€ que gastó en su representación y defensa procesal, a pesar de que fue ella quien la exigió [sin necesitarla, como señala la señora Alabau a lo largo de la sentencia]; a pesar de que ni hubo acuerdo de Pleno ni de la Junta de Gobierno Local que la avalara; a pesar de que por sentencia del TSJ hubo de devolver a las arcas municipales más de 27.000€; a pesar de que el gobierno municipal del PP no había cumplido con su obligación y lo sabía; a pesar de que Carlota Navarro, que también lo sabía, se rió una y otra vez -en público y en privado- del asunto y, por lo tanto, de todos los vecinos; y a pesar de que al común de los mortales decisiones judiciales como esta nos dejan perplejos y nos sitúan -sin desearlo- en una orilla distinta a la que ocupan quienes las dictan.

 

 

 

Rocafort Tribune: sus preguntas, mis respuestas

Martes 22 de septiembre de 2015.

No sé quién o quienes escriben con el seudónimo Rocafort Tribune y Eva Tribune

Hace algunos meses, alguien bajo alguno de esos alias se puso en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, para pedir mi opinión acerca de una noticia (no recuerdo cuál era).

Respondí que desconocía a quién me estaba dirigiendo y le pedí que, del mismo modo que él/ella conocía sobradamente mi identidad, me revelara la suya.  No era por una cuestión de curiosidad, sino por respeto recíproco.

Fuera quien fuera quien me respondió, argumentó que las personas que dirigen ese blog tenían motivos para  mantener su anonimato en sus publicaciones y comunicaciones, basándose en que habían recibido muchas críticas subidas de tono y querían evitar que, en especial sus familias, pudieran sufrir a causa de las “[…] posiciones de los diferentes bandos que acaban atacando y provocando daños colaterales” (sic)

El argumentó me sorprendió, sin embargo decidí responder. Antes de remitir la respuesta que me solicitaba, recibí otro correo en el que Eva Tribune me agradecía haber contestado a sus correos y me anunciaba que […] hemos decidido no publicar la noticia para no fomentar odios fuera de lo racional” (sic)

Durante este fin de semana, leí una de sus noticias; la relativa a la subvención extraordinaria de la Diputación con cargo a su superávit de 2014.  En el texto publicado se introdujo una afirmación que no era cierta. Según ese blog:

“Tras intentar consultar con los partidos en el gobierno, y dado que uno de ellos ya hace meses que nos indicó no querer hacer declaraciones a este medio, nos pusimos en contacto con los dos restantes” (sic)

Me molestó que se hiciera una declaración falsa y, en consecuencia, que se hubiera actuado excluyendo sin ninguna razón a uno de los grupos municipales del gobierno.  Y así lo comenté en su blog y en algún perfil de facebook en el que Rocafort Tribune /Eva Tribune había compartido la noticia.

Como respuesta, conseguí que la incorrecta afirmación que se había publicado se convirtiera en un juicio de valor. Es decir, nada que ver con la objetividad de una información sino con la subjetividad de una apreciación personal.

Hubo un cruce de comentarios -siempre corteses- en los que Rocafort Tribune insistía en que me había remitido las preguntas sobre la noticia de la subvención extraordinaria de la Diputación y a los que yo respondí confirmando que no existía ningún correo al respecto en mis bandejas de entrada, entre ellas la que ya habían utilizado tiempo atrás. (Huelga señalar que Rocafort Tribune había adelantado públicamente el 19 de septiembre que solamente se habían puesto en contacto con dos de los grupos  municipales en el gobierno)

No obstante, el blog Rocafort Tribune publicó en un perfil de facebook (Paisanos de Rocafort) el coreo electrónico que -según afirmaba- enviaron al correo gabinetalcaldia@rocafort.es, el pasado 16 de septiembre.

Ante ese testimonio, respondí que consultaría el lunes por la mañana esa bandeja de entrada a la que no tengo acceso directo y que respondería a las preguntas que me habían formulado en ese correo.

Amablemente, durante el mismo fin de semana re-enviaron a mi dirección electrónica de “alcaldesa” el correo que presuntamente habían remitido el 16 de septiembre a la dirección gabinetalcaldia@rocafort.es. [Y me permito usar la palabra “presuntamente”, porque ayer lunes comprobé personalmente que no existe en ninguna de las bandejas de entrada de esa dirección ni en las de gabinetealcaldia@rocafort.es ningún correo de tribune.rocafort.opinion@gmail.com o de cualquier otro correo de ese blog]

A pesar de todo lo que he explicado, ayer lunes -tal y como me comprometí con ese blog- respondí al cuestionario que me remitieron a mi correo de “alcaldesa”.  Lo hice porque considero muy importante que los lectores de ese blog conozcan cómo y por qué se ha actuado de una manera y no de otra desde el gobierno municipal, respecto a la subvención extraordinaria de la Diputación.

Desconozco el uso informativo que el blog Rocafort Tribune pueda dar a mis contestaciones. Esa es la razón por la que transcribo literalmente sus preguntas y mis respuestas.

Nota: En gris sus preguntas y en rojo mis respuestas.

 

Ens agradaria si fóra possible ens contestara a unes preguntes, que farem també als altres dos partits al govern, sobre les adjudicacions anunciades del passat dia nou. Es lliure de contestar les que consideres oportunes i ometre les que no crea convenients.

1. Es van assabentar de les ajudes adjudicades el dia nou o tenien constància abans?

El divendres 31 de juliol, el president de la Diputació juntament amb la vicepresidenta primera convocà tots els alcaldes i els portaveus de la comarca de l’Horta nord a una reunió a Bonrepós i Mirambell on avançaren la intenció de treure endavant una línia de subvenció especial a càrrec del superàvit de 2014.

En aquell moment encara ells mateix desconeixen el què i el com, ja que estava en mans dels funcionaris provincials encaixar-la [la nova línia de subvenció] en el marc legal i econòmic i redactar els criteris, els requisits que havíem d’acomplir els ajuntaments per accedir-hi i els terminis.

La Ordre va ser publicada en el BOP del passat 9 de setembre.

A partir d’eixe moment coneguérem els diners que es destinaven a Rocafort i la regidora Pilar Núñez començà  a treballar amb tot tipus de informació dels departaments de secretaria, intervenció i oficina tècnica municipals per tal d’esbrinar els requisits de les obres/inversions que podíem plantejar, els criteris de selecció els quals demanava la Diputació per admetre-les o no, la no coincidència amb altres obres/inversions que ja estan previstes en altres programes provincials, la paperassa que havíem de remetre abans de dilluns 21 de setembre, així com la possibilitat reial de poder remetre també projectes/memòries valorades, etc.

Eixe treball acaparà la dedicació de dijous 10, divendres 11, dilluns 14, dimarts 15, dimecres… i encara bona part de la de divendres 18 (els condicionants tècnics de la convocatòria no eren gens fàcil de traslladar a una proposta definitiva)

No obstant això, a través del correu electrònic, la regidora de Hisenda i Inversions anava informant els membres del govern de tot allò que podia anar aclarint-se.

2. Respecte a la reunió d’anit amb els veïns, perquè el PSOE no va fomentar una reunió de la mateixa índole sabent des del Dimecres passat l’existència d’aquestes ajudes?, es van proposar idees noves o eren ja idees anticipades pels grups polítics convocants? tenen ja una llista d’idees o projectes a presentar que puga ser posada en coneixement públic? Alguna d’aqueixes idees parteix dels ciutadans que van aportar anit les seues necessitats?

Dilluns 14, durant la reunió de govern, Pilar Núñez explicà els membres del govern que estaven presents quines eren les “pegues” que s’hi estaven trobant i les dificultats afegides.

Tot i això, tornarem a convocar-nos a una reunió per a l’endemà dimarts 15, a les 5 de la vesprada.

Per diverses raons que no vénen al cas ara, el mateix dilluns 14 haguérem d’ajornar la reunió del s’endemà i traslladar-la a les 8 de la vesprada.

Com ja explicà el regidor Eduard Comeig, les presses a l’hora de fer la convocatòria d’eixa reunió ciutadana (el mateix dia) els obligaren a no pensar que eixe mateix dia i a la mateixa hora encara havíem de reunir-nos, no per a “tancar” una proposta sinó per a conèixer encara de què estàvem parlant. Per les presses també, com ell mateix assenyala, no pensaren els partit convocants que el més adient hagués estat fer-la  els tres grups que formem el govern.

Tot i això, el grup municipal socialista sí hi estiguérem i col·laborarem a explicar els dubtes que es plantejaren.

Precisament, el grup municipal socialista porta més de 8 anys convocant els veïns i veïnes per escoltar-los i explicar tot el que se li demana. Durant l’oposició –entre 2007 i 2011- ho feia després de cada sessió plenària i sempre que hi havia assumptes d’interès municipal.

Com alcaldessa, ho he fet cada sis mesos. I seguiré fent-ho.

Durant la reunió de la setmana passada els veïns proposaren idees, però en molts casos les característiques especials d’aquesta subvenció no permetien d’acollir-les. Així ho vaig explicar personalment allí i així ho explicà la regidora de Hisenda i Inversions.

Dimecres 16 de setembre, Pilar Núñez presentà davant els membres de la comissió informativa de Hisenda –on estan representats tots els grups municipals- un esborrany de les actuacions que podrien fer-se, atenent les opinions tècniques de diversos departaments municipals.

Eixe esborrany tampoc era una llista tancada i tots els grups municipals tingueren l’oportunitat de dir la seua.

Cal dir que molts veïns i veïnes que acudiren a la convocatòria, una volta els explicarem els condicionants que hi havien i aclarirem que algunes de les seues propostes ja estaven incloses en altres programes de la Diputació, potser es quedaren una mica decebuts.
Per les característiques tant especials de la convocatòria i el termini tant curt al qual ens hem d’ajustar, el plantejament de la reunió era molt difícil.

Tot i això, s’aprofità l’ocasió per escoltar i resoldre els dubtes; i això sempre és bo. Molt bo.

3. Finalment, com serà la presa de decisions entre els tres partits en el poder sobre qual projecte escometre, com no i la partida que se li adjudicarà?

Com ho hem fet fins ara: parlant, escoltant, coneixent les circumstàncies tècniques i les especialíssimes de falta de personal de l’Ajuntament i acordant les actuacions més oportunes tant per la seua viabilitat, la seua necessitat i la nostra (la de tot el govern) responsabilitat.

Dijous vinent, 24 de setembre, se celebrarà el ple ordinari a les 20h. Donaré compte públicament de totes les obres/inversions, de la despesa econòmica i de la conveniència de cada una d’elles, així com del calendari d’actuacions des del passat 9 de setembre.

Moltes gràcies.

Una salutació
Rocafort Tribune

 

Todas las personas que me conocen saben sobradamente que siempre estoy dispuesta a responder a las preguntas que se me hacen, a intentar resolver las dudas que se me plantean y a rendir cuentas de mis actuaciones. Nunca lo he hecho bajo un seudónimo o cobijada en el anonimato.

Soy una mujer pública y sé lo que significa.

Los medios informativos y/o de opinión que proliferan en la red también son públicos. Probablemente, es mucho más fácil y menos arriesgado esconder la identidad propia (o de un grupo) para escribir. Sin embargo, eso no significa hacerlo con más libertad sino justamente lo contrario; porque la libertad consiste, precisamente, en expresarse con rigor, con conocimiento de causa, con respeto a las personas (y no necesariamente a sus opiniones y mucho menos a sus juicios de valor) y sin ataduras.

Hacer bandera de todo eso es un derecho que merece y debe ser firmado con nombre y apellidos, pero también es una obligación en beneficio de los derechos de los demás.

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