Domingo 10 de junio de 2012

Hay que explicarlo desde el principio. Es largo, pero es necesario.

ANTECEDENTES:

– El Plan General existente en 1966, conocido como el de la Corporación Administrativa de Gran Valencia, afectaba a 29 municipios del Área Metropolitana de Valencia. Entre ellos, Rocafort.

– En contra de aquel Plan General, impidiendo la ejecución de la llamada “circunvalación exterior”, se promovió y ejecutó la urbanización Santa Bárbara (en gran parte, sobre terrenos de las antiguas canteras) redactando un Plan Parcial que, por ser contrario precisamente a aquel Plan General, nunca se aprobó.

– Ya en 1977, la situación de la urbanización dio lugar, al menos, a una denuncia por infracciones urbanísticas muy graves; primero, ante la Comisión Provincial de Urbanismo y, después, ante la Audiencia de Valencia.

– En 1979, la Audiencia Nacional resolvió la denuncia presentada determinando que la urbanización no tenía respaldo legal, que se procedió a una reparcelación -por aquel entonces aún inacabada- ilegal y que era necesario que se redactara un Plan Parcial de la zona para “legitimar” la urbanización

– Los litigios continuaron hasta 1986 y la urbanización seguía pendiente de legalizar.

– Según la legislación urbanística, entre otras determinaciones, aquel Plan Parcial debía señalar las zonas verdes públicas que debían cederse al Ayuntamiento para uso y disfrute del conjunto de la población.

– La urbanización señaló dos grandes zonas verdes públicas: el Club de Campo y “la Charca”, pero nunca las cedieron al municipio y las convirtieron en privadas.

Por lo tanto, incumplió con el Plan General de 1966, no gestionó el Plan Parcial al que estaba obligada y, de paso, incumplió con la sentencia de la Audiencia Nacional.

– Los gobiernos municipales de los años 1979-83 y 1983-87 (los primeros de la democracia) no resolvieron el problema

– En 1986, los ayuntamientos recuperaron sus competencias en materia urbanística.

– La presidencia de la Comisión Territorial de Urbanismo respondió a las consultas formuladas por el gobierno municipal que tomó posesión en 1987 y que presidió Floreal Silvestre.

– A partir de 1987, el ayuntamiento de Rocafort -presidido por Floreal Silvestre- siguió con los trabajos del Plan General del municipio, y encomendó la redacción a un nuevo equipo técnico.

Por lo que respecta a santa Bárbara, se respetó al máximo todo lo consolidado pero para legalizar la urbanización había que buscar alternativas a las Zonas Verdes públicas ya que el Club de Campo y “La Charca” ya estaban consolidados como zonas privadas.

– El Plan General estudió las zonas verdes que podrían cederse atendiendo a los lugares públicos más concurridos y que no disponían de espacio suficiente para garantizar la seguridad de sus accesos. Y, además, que no afectaran a suelos consolidados (construidos) para reducir los costes de su obtención.

– En 1990, el ayuntamiento (gobernado por el PSOE) aprobó con los votos del PP y del PSOE el Plan General de Ordenación Urbana de Rocafort (PGOU) que señaló la parcela 62-R como zona verde al encontrarse en los alrededores de la ermita de santa Bárbara (zona de afluencia pública) de tal manera que, además, garantizaba la seguridad en su acceso.

– En 1991 se aprobó definitivamente el PGOU y el propietario de la parcela presentó un recurso contra la decisión de que  fuera declarada zona verde.

– En 1997 (con un gobierno municipal del PP), el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) falló a favor de declarar la citada parcela como zona verde y en la sentencia argumenta las razones: no fue una decisión arbitraria sino coherente con las necesidades del ámbito de la urbanización.

Esa misma sentencia instaba al Ayuntamiento a que tomara las medidas oportunas para lograr esa zona verde con los instrumentos que la legislación permitía: o la expropiación, o la compensación o contribuciones especiales para los residentes en la zona para pagarla.

– El propietario recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo y en 2001 llegó su respuesta: lo dictado por el TSJ era válido. Por lo tanto, el ayuntamiento gobernado por el PP (desde 1995) debía buscar la solución para lograr esa zona verde y gestionar el conjunto del Plan General.

– En 2005, ante la impasividad del Ayuntamiento (gobernado por el PP), el propietario -4 años después de la Sentencia del Supremo que obligaba al Ayuntamiento a solucionar esa situación- presentó ante el Ayuntamiento la solicitud de expropiación forzosa. Pero el Ayuntamiento no actuó.

– En 2007, en vista del silencio municipal, el propietario presentó ante el Ayuntamiento la “Hoja de Aprecio” de su parcela. Es decir, señaló el valor económico de su parcela para ser expropiada.

– A partir de ese momento, el Ayuntamiento debió consignar en la Caja General de Depósitos ese valor (Ley de Expropiación Forzosa, artículo 50). Pero no lo hizo. Tampoco consignó en el presupuesto esa cantidad.

Presuntamente, existían conversaciones entre el Ayuntamiento, el propietario y la urbanización santa Bárbara para elaborar una Modificación puntual de PGOU que revirtiera la situación. Es decir, que la parcela 62-R fuera edificable a cambio de lograr pequeñas zonas verdes en otros terrenos de la urbanización. Pero nada de eso consta en el expediente.

– El propietario avanzó en los trámites judiciales y el Ayuntamiento apostó por rebajar el precio indicado por el propietario sin garantizar tampoco esa cantidad en el presupuesto.

En 2008, el Ayuntamiento propuso una Modificación puntual del PGOU que incluía, entre otras cuestiones, la conversión de esa parcela en edificable a cambio de algunos “retales” de zonas verdes.

En las actas de las comisiones de Urbanismo y del Pleno constan las declaraciones de la concejala Carla Navarro (ante el alcalde de entonces, Sebastián Bosch,  y de su concejal de Hacienda, Alejandro Llácer) que incidían en que aquella Modificación del PGOU evitaría el pago de 1 millón de euros porque el propietario ya había solicitado la expropiación a precio de mercado ante los Tribunales.

Por lo tanto, todos ellos sabían que el propietario seguía pleiteando y, por supuesto, conocían la obligación de consignar en el presupuesto municipal la cantidad necesaria para cubrir esa expropiación. Pero no lo habían hecho ni en 2007, ni en 2008.

– En octubre de 2009 se aprobó definitivamente la Modificación puntual del PGOU que convertía en edificable la parcela 62-R. En ese momento debieron comunicar a los tribunales que la causa de la expropiación ya no tenía sentido, porque la parcela pasaba a ser edificable. Y debieron defender esa nueva circunstancia hasta sus últimas consecuencias. Pero tampoco lo hicieron. Ni tampoco consignaron en el presupuesto de 2009, ni en el de 2010 ni en el de 2011, el valor de la expropiación.

FINAL Y CIERRE

– En diciembre de 2011 entró en el Ayuntamiento la sentencia del TSJ que valoraba la parcela en más de 880mil euros. El trámite administrativo archivó la sentencia en el expediente sin dar cuenta del alcance de su contenido ni a la alcaldía ni a la intervención municipal.

– En abril de 2012 un arquitecto me pidió una cita a la que iría acompañado del propietario de la parcela y de un abogado.

Antes de recibirlos, me interesé sobre el asunto y se me informó de que vendrían a pedir licencia para poder construir ya que el valor final de la parcela era muy inferior al solicitado en su momento por el propietario.

Convoqué a esa reunión a la secretaria general (que apenas llevaba unos días aquí) y al asesor jurídico en materia de Urbanismo que conocía tanto al propietario como a su abogado porque él mismo conocía los entresijos de la Modificación del PGOU y había defendido al ayuntamiento en todo este asunto.

A los pocos minutos de la reunión comprendí la gravedad de la situación, no venían a pedir licencia para construir sino todo lo contrario: venían a exigir el cumplimiento de la sentencia y los intereses de demora que seguían devengándose desde 2007.

En ese momento me sentí engañada como una vecina más de este municipio. Me sentí avergonzada por la nefasta actuación del Ayuntamiento entre los años 1995-2011.

En ese momento yo era la alcaldesa y cayó sobre mí la evidencia de la incompetencia y la negligencia de años de desidia, de medias-verdades y de más mentiras ocultas.

Presencié tensas discusiones (en las que no participé) que me abrieron los ojos como platos. Allí hubiera querido estar rodeada de todos los vecinos de Rocafort para que comprendieran de dónde venimos.

El propietario, su abogado y el arquitecto que le acompañaban fueron testigos del golpe inesperado que acababa de recibir y de mi absoluto desconocimiento sobre lo que acababa de descubrir. Quizá por eso, me dieron un mes largo de tiempo para solucionar aquello.

Les agradecí su disposición y les expliqué la gran diferencia que existía entre su dinero (privado) y el dinero que yo manejaba (público). Mi responsabilidad afectaba a todos los vecinos de Rocafort y su repercusión sobre el presupuesto de todos (el presupuesto municipal) me impedía adoptar una decisión antes de reflexionar y conocer todos los antecedentes.

Cuando se marcharon, convoqué urgentemente al interventor, al vicesecretario (que en diciembre era el secretario), a la nueva secretaria general -que no daba crédito a lo que acaba de presenciar- y al asesor jurídico de Urbanismo.

No desgranaré aquella reunión. Pero ordené que inmediatamente se revisara el expediente desde su inicio y que se emitiera un informe cronológico de los hechos.

A pesar de que el propietario y los técnicos que le acompañaban me habían concedido hasta finales de mayo para volver a reunirnos, les convoqué para el 20 de abril (menos de una semana después de nuestra primera reunión).

Acudieron con las cuentas hechas y los intereses de demora corriendo… Aceptaron la negociación de un plan de pagos a cambio de que los intereses de demora quedaran zanjados en ese momento.

La secretaria general emitió un informe el pasado 23 de mayo.

El día 24 de mayo todos los grupos conocieron ese informe a la vez que el contenido del presupuesto municipal de 2012. En la reunión de la comisión de Hacienda del día 28 de mayo, Alejandro Llácer exigió responsabilidades por la gravedad del asunto…

Dediqué horas para revisar personalmente el expediente (cuyo contenido caótico tampoco voy a pormenorizar) y allí fue donde encontré lo que no existía: ni acuerdos con el propietario, ni reclamaciones ante los tribunales en el momento procesal oportuno… nada, salvo los escritos del propietario exigiendo en 2005 y en 2007 sus derechos. Sin respuesta alguna por parte del ayuntamiento.

Lo he dicho públicamente y lo repito aquí: cuando Llácer exigió responsabilidades olvidó que él formó parte del gobierno municipal de Sebastián Bosch y fue el concejal de Hacienda durante 8 años (entre 2003 y 2011), que formaba parte de la comisión de Urbanismo entre 2007 y 2011, y que su compañera Carla Navarro fue la concejal de Urbanismo formalmente entre 1995 y 2007, aunque “de facto” lo ha sido hasta el 10 de junio de 2011.

Lo que no diré públicamente es lo que el portavoz del PP, Alejandro Llácer, me espetó furioso (fuera de micrófono) cuando finalicé el relato de los hechos durante el último pleno celebrado el 31 de mayo.

Pero sí recordaré que su única defensa sobre todo este asunto fue decir que el Ayuntamiento podía vender esa parcela y recuperar 1millón 37mil euros… que vamos a pagar entre todos.

O este hombre pone los pies en el suelo, o alguien está obligado a hacerlo por él.

Porque con los tiempos que corren justificar ese gasto con la venta (subasta) que el Ayuntamiento pudiera hacer de esa parcela es una auténtica barbaridad. Y más,  sabiendo que nunca debió consentirse ese gasto porque a lo largo de 16 años pudieron evitarlo.

Otra barbaridad vergonzosa que han consumado Bosch, Llácer & Navarro  con la más absoluta impunidad.

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