Jueves 22 de noviembre de 2012
Alzar el «vuelo» a costa de inexactitudes y de errores y difundir un discurso que induce al escándalo gratuito, daña considerablemente la confianza en las instituciones, en quienes forman parte de ellas (en el gobierno y en la oposición), y en los empleados públicos que las sustentan.
Es un error, un tremendo error que no favorece a nadie ni a nada.
Quienes asisten regularmente a los plenos, quienes los visionan a través de la web municipal, quienes asisten a las sesiones informativas o quienes leen habitualmente este blog no necesitan de desmentidos ni de aclaraciones.
Sin embargo, la duda sembrada aconseja repetir lo que ya se ha dicho en otras ocasiones.
Por qué y para qué los servicios jurídicos
La inmensa mayoría de los Ayuntamientos contratan este tipo de asistencias externas.
¿Para qué? Para garantizar la asistencia y la defensa en juicios del Ayuntamiento y para disponer de una asesoría externa en materias diversas que sirve de apoyo también a la labor de los propios habilitados nacionales y de los técnicos municipales.
¿Por qué contratan este tipo de asistencias? Para abaratar costes porque todos los servicios están incluidos en el precio total de la licitación del contrato.
«Estas tareas las pueden hacer los habilitados nacionales y la Diputación» (dicen…)
Afirmar esto es ignorar el papel que la ley asigna a los habilitados nacionales y desconocer también que la Diputación de Valencia ÚNICAMENTE PRESTA SERVICIO DE DEFENSA EN JUICIO y de ASESORAMIENTO a los municipios MENORES DE 5.000 habitantes.
En caso muy concretos, como la elaboración de las RPT/Relaciones de Trabajo, u otros documentos complejos como ése, la Diputación acepta asesorar a Ayuntamientos mayores, como ha sido nuestro caso. Guardando, eso sí, una larga lista de espera, porque la preferencia la siguen teniendo los municipios más pequeños.
Sí es cierto que el Ayuntamiento cuenta con tres habilitados nacionales (secretaria, vicesecretario e interventor), una rareza que sorprende teniendo en cuenta el tamaño del Ayuntamiento y de su cuerpo administrativo; y también es cierto que la creación de la plaza de vicesecretario, por el anterior gobierno, fue una barbaridad (que, por cierto, contó con el voto favorable del concejal de IxR). Y fue una barbaridad porque en lugar de duplicar la plaza de la secretaría, debió crearse otra plaza de técnico -mucho más necesaria- y que hubiera ahorrado unos 64.000€ anuales.
Los técnicos municipales que hay en la plantilla son solo dos:
– 1 aparejador (funcionario)
– 1 técnico de gestión y administración (desde el 27 de julio de 2012. Funcionario interino)
Existen tres asistencias técnicas contratadas en 2009 durante cuatro años:
– 1 arquitecto (10 horas semanales y el mes de agosto excluido)
– 1 asesor jurídico en materia de Urbanismo (10 horas semanales y el mes de agosto excluido)
– 1 ingeniero (10 horas semanales y el mes de agosto excluido)
Evidentemente, los recursos humanos son insuficientes para abarcar cada uno de los ámbitos de la administración local.
Si los grandes Ayuntamientos de toda España, e incluso la propia Generalitat -que cuenta con un cuerpo jurídico de 80 letrados, más de 130 funcionarios adscritos a la Abogacía de la Generalitat y centenares de técnicos- contratan servicios de asesoramiento y defensa en juicio, disponiendo de plantillas de Personal calibradas y estructuradas, ¿cómo no la vamos a hacer los Ayuntamientos pequeños que, como en nuestro caso, disponemos de una Plantilla insuficiente?
Cómo se han contratado los servicios jurídicos y de asesoría externa y qué nos cuestan
A finales del mes de julio de 2011, firmé un contrato menor (respaldado por la Ley de Contratos del Sector Público) con una consultoría que incluía todos los servicios; la situación del Ayuntamiento lo requería. Pagábamos 3.500€/mes + IVA
Ese contrato debía finalizar a finales de diciembre, sin embargo los servicios administrativos, por diversas razones, no pudieron elaborar el expediente para licitar un nuevo contrato más amplio en el tiempo y de características diferentes. Y hubimos de mantener aquella situación durante dos meses para garantizar la defensa en los juicios «vivos» y el resto de los servicios.
Aún tuve que mantener esos mismos servicios jurídicos, mediante otro contrato menor (con idéntica legalidad administrativa) hasta que fue posible poner en marcha la licitación.
Finalmente, los servicios administrativos del Ayuntamiento pudieron resolver el asunto. La secretaria general redactó los pliegos de condiciones, que fueron fiscalizados por la Intervención municipal, y se hizo la convocatoria, de acuerdo también con la Ley de Contratos del Sector Público.
El resultado de esta actuación es que desde septiembre contamos con la colaboración de otro gabinete jurídico que nos cuesta 2.333€/mes + IVA y que incluye tanto la elaboración de informes, como la defensa en juicio del Ayuntamiento y los trabajos de asesoramiento municipal (incluidos a los propios habilitados nacionales) para diversos asuntos que no necesariamente tienen por qué conocer en profundidad (tributario, penal, laboral, civil, etc.)
Hay que recordar que con anteriores gobiernos municipales se mantuvieron entre 2 y 3 contratos de ese tipo a la vez, pagando una media mensual de 2.000€/mes y sin incluir ni los gastos de defensa en juicio ni la elaboración de informes, que se facturaban aparte (solo en 2010 los gastos jurídicos llegaron a los 60.000€).
Ha habido facturas por un solo procedimiento de más de 19.000€; y la media ha rondado los 6.000€. Si el Ayuntamiento ha estado incurso, de un modo u otro, en unos 15 procedimientos… echemos cuentas. Y esos gastos, solo en juicios. Además, se añadía el coste de la emisión de informes (unos 2.500€ por cada uno de ellos) y el coste del asesoramiento (unos 1.200€/mes)
Esos contratos no se licitaban. Se tramitaban como contratos menores (es decir, de hasta 18.000€/año + IVA) y se prorrogaban tácitamente o bien se cambiaba el titular del mismo, para no tener que licitarlos.
En definitiva, este gobierno municipal, tras las dificultades iniciales, ha conseguido regularizar la prestación de los servicios jurídicos (habituales en la inmensa mayoría de los ayuntamientos) y los ha abaratado considerablemente en comparación con gobiernos anteriores.
El asesoramiento para el concurso público para el abastecimiento de Agua
En estos últimos meses, hemos tenido que formalizar el expediente para licitar un nuevo contrato público para el abastecimiento del agua. Es decir, redacción de los pliegos técnicos, los pliegos administrativos, el anteproyecto de explotación, los estudios económicos y el reglamento del servicio.
Y todo eso debía hacerse mientras se seguía el procedimiento para la provisión definitiva de plazas de la Escoleta Infantil, se elaboraban los pliegos y licitaciones de las obras pendientes desde 2007, se continuaba con la regularización de contratos de servicios pendientes, se abordaban las bases para las convocatorias y provisión definitiva de plazas y el trámite administrativo diario…
Los recursos humanos con los que cuenta el Ayuntamiento son insuficientes para un trabajo de esa envergadura, por ello el trabajo para formalizar el expediente del concurso público para el abastecimiento del agua, con todos los documentos que comporta, se ha debido encargar a una consultoría que cuenta con personal especializado en cada una de las materias necesarias para llevarlo a cabo (economistas, jurídicos, ingenieros, auditores…), y con una amplia experiencia por su trabajo a lo largo de más de 20 años en muchos Ayuntamientos gobernados por partidos diferentes.
Los costes van a cargo de la nueva adjudicataria del concurso, como ocurre en todos los Ayuntamientos que han tenido que externalizar este trabajo por caracer de medios propios para llevarlo a cabo.
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Una cosa es la legítima discrepancia y la crítica que la oposición haga del gobierno municipal y otra bien distinta alarmar con información falsa o inexacta.
Blog de Amparo Sampedro Alemany 
23 noviembre 2012 at 18:37
Aclarémoslo:
La provincia de Valencia cuenta con 266 municipios; de ellos, 215 tienen menos de 10.000 habitantes y entre estos, 186 son menores de 5.000 habitantes.
La Diputación cuenta con:
1. Servicio de Asesoramiento municipal, que atiende únicamente a los municipios de menos de 5.000 habitantes en determinados aspectos (asesoría económica, legal y técnica, aportando secretarios, interventores, arquitectos, ingenieros, aparejadores… durante un tiempo determinado); y en otros concretos, como Asesoramiento en materia de Organización de Recursos Humanos, que atiende a los Ayuntamientos que lo solicitan (de menos de 20.000 habitantes), como hicimos nosotros, para la elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT)
Una cosa es el Asesoramiento municipal de la Diputación en materias concretas (igual que el asesoramiento que presta la Dirección general de Administración Local o el servicio central de Contratación de la Conselleria de Hacienda), que permite esperar a la elaboración de un informe y su remisión al Ayuntamiento (en un plazo de entre 10 y 15 días, dependiendo de la carga de trabajo y de la complejidad de la consulta); y otra bien distinta la presencia semanal de un experto jurídico -o de los que sean necesarios según los asuntos- para atender las cuestiones que les pueda plantear tanto el gobierno municipal como los habilitados nacionales y, además, las consultas inmediatas que se resuelven telefónicamente o a través del correo electrónico para resolver las dudas o los problemas que puedan plantearse en cualquier momento de la gestión diaria.
2. Servicio de Defensa en Juicio (únicamente social, civil y contencioso administrativo; se excluye el derecho penal, tributario, mercantil… y no se atienden recursos contra otras administraciones ni la defensa de los actos del Ayuntamiento frente a recursos promovidos por otras administraciones o por miembros de la Corporación).
Este servicio atiende las solicitudes de los Ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes pero la práctica supone que la inmensa mayoría de los Ayuntamientos que recurren a este servicio son los más pequeños. Incluso esos no siempre lo hacen para todos sus pleitos.
Cuando llegamos al Ayuntamiento, encontramos un maremágnum de procedimientos judiciales. Algunos de ellos, sin que constaran en un expediente, otros sin que se hubiera hecho un seguimiento… y otros que han ido «apareciendo» con el tiempo. Varios abogados, de despachos diferentes, llevaban los asuntos.
Encontramos una situación caótica en materia de Personal. Acudí a la Diputación a pedir ayuda; soy funcionaria de esa institución y conozco a la mayoría de los jefes de servicio; me explicaron que la Diputación no podía abordar el problema desde ese punto y que era necesario que el Ayuntamiento ¡con sus propios recursos humanos! empezara a trabajar para desembrollar la situación, aclararla y organizar los recursos humanos del Ayuntamiento. Fue un trabajo imprescindible para que ese servicio de Asesoramiento pudiera elaborar, con el tiempo, la redacción de una nueva RPT.
Dada la acumulación de trabajo de ese servicio, el Ayuntamiento de Rocafort (de más de 5.000 habitantes) ha tenido que aguardar su turno para que la Diputación pueda elaborar la RPT. De hecho, la solicitud la tramitamos hace más de 8 meses, los trabajos previos empezaron en el mes de junio y aún no han podido finalizarse.
Somos muchos los Ayuntamientos que recurrimos a la Diputación para que nos ayude y la institución intenta cubrir, prioritariamente, las necesidades de los que cuentan con menos recursos propios. ¡Y eso es comprensible!
Hubiera sido más fácil contratar a una empresa (así lo hizo el anterior gobierno municipal para la elaboración de una RPT incompleta y poco útil que se aprobó en marzo de 2007 y que, parece ser, que costó unos 12.000€). Ese gasto sí fue innecesario. Nosotros sabíamos que podíamos evitarlo a costa, eso sí, de un retraso considerable porque evidentemente la Diputación no puede atender con la rapidez deseable todas las solicitudes que recibe.
Siempre hemos hecho lo que hemos considerado mejor para aclarar un cúmulo de situaciones enrevesadas que desbordaban cualquier previsión y siempre hemos intentado actuar en beneficio de los intereses generales; y ahora, con la contratación durante 18 meses (2.333€/mes + IVA) de un servicio de asistencia, asesoramiento y defensa en juicio (en todas las materias del ámbito de la administración local), el objetivo es idéntico.
Es fácil «sentar cátedra» cuando la lidia se contempla desde la barrera. Hay que bajar a la arena y medirse con el morlaco.
Hay que vivir los problemas desde todos los ángulos y tomar las mejores decisiones posibles valorando los detalles. En eso consiste la responsabilidad de gobernar.